15/12/2015

Macri lo hizo

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A menos de cumplir una semana en el gobierno, la gestión macrista puso el pie en el acelerador en la toma de medidas trascendentes. Y lo hizo por medio de un conjunto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) no consensuados con ningún sector, a través de los cuales Mauricio Macri a decidido realizar cambios importantes en ámbitos como la economía, las comunicaciones, y la justicia. También se dan otros hechos que marcan el estilo del “Cambio”, como el allanamiento y desalojo policial de un centro cultural en el marco de una Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA). Y no se hicieron esperar las primeras expresiones de rechazo y repudio. Por ANRed / Imagen de tapa: Santiago Cichero (Revista Anfibia).


El “Cambio” comenzó con el acelerador a fondo y haciendo ruido. Un conjunto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por Mauricio Macri, a los cuáles le siguieron otros tantos otros DNU, y a partir de los cuáles se estima que habrán varios más, han generado ruido en ámbitos como la economía, las comunicaciones y la justicia, que seguramente hacen extrañar a sus votantes las promesas de defensa del republicanismo, el consenso y la unidad que tanto utilizó el nuevo presidente durante su campaña y en su discurso de asunción, y que ahora está incumpliendo. Hacemos un repaso por las medidas polémicas con las cuáles arrancó la nueva gestión:

Nombramiento en comisión (sin acuerdo del Senado) de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia

Desde 1862 que no se a utilizaba el recurso del decreto de necesidad de urgencia para designar, sin acuerdo del Senado, a jueces de la Corte Suprema.

De esta manera, Macri designó a través del decreto 83/2015, a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz para completar la nómina del máximo tribunal, luego de reunirse con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y sus asesores.
Macri salió a defender su decisión amparándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución, que le confiere al titular del Poder Ejecutivo la posibilidad de cubrir cargos vacantes en la Corte Suprema con nombramientos provisionales (que en este caso, durarían hasta que finalicen las sesiones del Congreso Nacional (el 30 de noviembre de 2016).

Esta decisión de Macri fue repudiada casi unánimemente en las redes sociales y demás medios de comunicación por parte de periodistas, políticos, juristas, constitucionalistas e, incluso, por integrantes de sus propias filas.

Uno de los primeros de sus filas en salir a repudiar la medida, el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, expresó en su cuenta de Twitter: “Sr. Pte. construyamos una república entre todos, gobierno y oposición. No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto”.

El senador por la UCR, Julio Cobos opinó: “Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a extraordinarias si es que hay celeridad”.

Por su parte, la diputada y ex candidata Margarita Stolbizer calificó la medida de “terrible retroceso institucional” y remarcó que “ni Cristina Kirchner se animó a tanto“.

Asimismo, en un programa de debate televisivo la diputada nacional por el PTS-FIT, Miriam Bregman, remarcó: “Denunciaban a CFK por los DNU, pero Macri gobierna por decreto“.

También se sumó a las críticas su compañero del FIT Christian Castillo, quien destacó sobre el decreto: “es recurso que no se utilizaba desde hace 163 años, desde la presidencia de Bartolomé Mitre. Es un gobierno que está aplicando el ajuste por decreto, mostrando la farsa de toda la perorata ‘republicana’ utilizada contra decisiones bonapartistas del gobierno anterior”.

Y por el lado del Partido Obrero-FIT el legislador Néstor Pitrola indicó por su parte: “Hoy nos hemos comunicado con distintos bloques para exigir la convocatoria a Sesiones Extraordinarias, ante el agravamiento del régimen del decretazo, a cada hora que transcurre del gobierno de Macri. Se está instalando un Estado de excepción“, culminó.

Decreto 83/2015 – Nombramiento de jueces

Quita de retenciones a las exportaciones agrarias e industriales

Siguiendo con los DNU, Mauricio Macri anunció ayer la eliminación por decreto de las retenciones a las exportaciones agrarias al maíz (20%), al trigo (23%) y, parcialmente, a la soja (reducción de 35 a 30%) y también a las exportaciones industriales.

Esta medida se supo que viene de la mano de un acuerdo con las diez principales exportadoras (Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Glencore, ADM, las cooperativas ACA y FACA, AGD y Molinos), que se comprometieron a liquidarán US$ 3.000 millones antes de fin de año y el resto, en dos meses, con un total de ingresos por US$ 10.000 millones en los próximos 60 días. Se estima que los productores cuentan con alrededor de 15 millones de toneladas de soja aún sin vender. Aún queda pendiente el pedido de este sector de “certidumbre cambiaria”, entendiéndose esto como liberar el cepo al dólar.

El Ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, explicó ante los medios que el costo financiero que tendrá la iniciativa será compensado con “más impuesto a las Ganancias, a los sellos, a los Ingresos Brutos y a los débitos bancarios”.

Asimismo, Macri anunció ayer la “eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales“, que hoy están gravadas con el 5 por ciento, en el cierre de la conferencia de la Unión Industrial Argentina.

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Christian Castillo opinó sobre esta medida: “Macri anunció una quita de retenciones que significan 84 mil millones de pesos para las patronales agrarias y beneficios para los exportadores industriales. También tarifazos. Actúa como si hubiera sacado un 100% de los votos, bajo la protección del poder mediático y toda la clase dominante. Rápidamente deja en claro que se trata de un gobierno de choque del capital contra la clase obrera. A resistir”.

La AFSCA y la AFTIC pasan bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 Macri modificó la Ley de Ministerios creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, y le otorgó el el poder para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa a la AFSCA y la AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos.

Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”.

Diversas redes de medios de comunicación comunitaria y alternativa, y gremios periodísticos repudiaron estos cambios.

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La Red Nacional de Medios alternativos (RNMA) rechazó el DNU por medio de un documento titulado “La comunicación no es rehén de ningún gobierno”, donde remarca que este cambio “no alienta muchas esperanzas para nuestros medios, ni para la pluralidad de voces”, aclarando, además, que su posición “trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando”. La RNMA también dejó en claro que “el gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos”. Finaliza haciendo un llamado al sector: “llamamos al sector de medios comunitarios, alternativos y populares, a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años”.

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Por su parte, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), su responsable de políticas de comunicación, Néstor Busso, expresó que “las declaraciones de Aguad son realmente preocupantes, porque dice abiertamente que va a violar la ley. Creo que si quieren cambiarla deben presentar un proyecto para su debate en el Congreso de la Nación y su votación, pero de ninguna manera se puede ir por sobre la ley que está vigente. Desde FARCO estamos muy preocupados y dispuestos a seguir reclamando la plena aplicación y vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto nos costó”, finalizó.

También el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) expresó su repudio ante el DNU en un comunicado titulado “Democracia Si, Decretos No”, donde denuncian que “Oscar Aguad apunta al corazón del espíritu democratizador por el que lucharon y luchan más de 200 organizaciones sociales, sindicales, partidarias, entre las que siempre estuvo el CISPREN, como es la Coalición Para una Radiodifusión Democrática, punto de partida para la concreción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Además, que el avance en la desjerarquización de la AFSCA y la AFTIC “lleva a pensar más en una ‘intervención encubierta’ para favorecer a grupos empresariales ‘amigos’, que, a la de profundizar un espíritu democrático que permita desmontar el monopolio de empresas periodísticas y de comunicación que sólo defienden su lucro en detrimento del derecho constitucional que tiene el pueblo a la libertad de expresión”.

El ataque a la cultura popular, una costumbre

Tal como se hizo costumbre ver en la Ciudad de Buenos Aires, el ataque a la cultura popular se nacionaliza con el arribo del nuevo gobierno. Como se puede ver en un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales, una gran cantidad de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires irrumpió y desalojó violentamente el Centro Cultural de Artes “Batalla Cultural” el pasado domingo, en la localidad de Olivos, partido de Vicente López, al norte de la provincia de Buenos Aires, aparente por Municipio de Vicente López, a cargo del intendente Jorge Macri, primo del presidente.

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Los compañeros que se encontraban en el lugar recibieron agresiones físicas y verbales por parte de los efectivos, cuyo fin era desalojar el lugar para su posterior clausura”, denunciaron desde el espacio cultural, de militancia kichnerista, en cuyo interior se estaba desarrollando en ese momento una edición de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA). “Cabe recalcar que uno de los compañeros es una persona con discapacidad – remarcó Batalla Cultural – La Concejal Martínez Moltó fue agredida físicamente por la subteniente Paletta, la misma que agredió a sus compañeras tal como se ve en el video. Luego se presentaron dos cuerpos de Infantería y había patrulleros policiales sin patente. Fueron encausados por ‘daños y resistencia a la autoridad’. Casi grotesco pensar que hubo resistencia a la autoridad cuando fueron, tal como se ve en los videos, violencia y represión sufrida por los militantes. Esto fue una orden de clausura y represión por parte del Municipio de Vicente López a cargo del Intendente Jorge Macri”.

Desde la FLIA Zona Norte convocaron a una jornada cultural “repudio y alerta” para el próximo viernes a las 18 frente a la estación de Olivos con las consignas “¡Basta de represión!” y “No a los cierres de cualquier tipo de centro cultural y por el inmediato levantamiento de la clausura de Batalla Cultural”.

Por su parte, el PTS en el Frente de Izquierda de Vicente López, también se sumó al repudio, llamando a “la defensa de los lugares culturales y de esparcimiento”, y recordó que la policía que actuó en el desalojo de Batalla Cultural es “la misma Bonaerense con la cual años atrás el hoy kirchenrista Enrique “Japonés” García reprimió brutalmente a los vecinos que luchaban contra el Vial Costero, y que todos estos años fue fortalecida por el ex gobernador Scioli con el total apoyo de los intendentes, como el de Macri”.

Desde algunos sectores se calificó el clima y la situación actual como “macartismo” y una “caza de brujas” contra espacios kichneristas.

 Contacto del espacio Batalla Cultural: 15-6889-9025 (Bárbara Sayavedra)



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