05/12/2015

Panorama Sindical

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Judicialización de la protesta en Tierra del Fuego, Línea 60 y Perfil. Marchas de CTA-A y docentes contra la criminalización de la protesta. Fallo de la Corte Suprema en defensa de la libertad sindical. UTA cuestiona reconocimiento de Metrodelegados. Legisladores contra trabajadores. Paros en los ingenios San Juan y Santa Bárbara. Despidos en Newsan, frutícolas, medios, Zoo de Buenos Aires y Metalsa. Cierre de Paraná Metal. Triunfo en Minetti. Próximas paritarias Por Mario Hernandez


Condena a 28 trabajadores en Tierra del Fuego

El miércoles 2 de diciembre en los Tribunales de Ushuaia se leyó la sentencia a los 33 trabajadores fueguinos imputados por supuestos hechos ocurridos en el marco de una protesta en el 2013. La fiscalía, partidaria de la gobernadora Fabiana Ríos, había pedido 3 años de prisión para 28 de ellos, y la absolución solo de 5.

Finalmente, veintiséis de ellos (catorce docentes y doce camioneros) fueron condenados entre 8 meses y dos años con prisión en suspenso por resistencia a la autoridad y daños leves. Otros dos camioneros fueron condenados con prisión efectiva, aunque aún no ha quedado firme, por lo que no fueron encarcelados. Sólo cinco fueron finalmente absueltos.

Entre los trabajadores de la educación condenados se encuentra Horacio Catenas quien es actualmente el Secretario General del SUTEF (docentes). El 11 de diciembre se leerán los fundamentos de la condena, donde la querella pedirá la nulidad del proceso judicial y aspiran a lograr en próximas instancias la absolución de los trabajadores.

En un comunicado difundido por el SUTEF denunciaron que“el mayor bochorno fue la declaración de un ex funcionario, Diego Bóxer, quien contó que Sergio Giadas, un funcionario de Fabiana Ríos, por orden del jefe de Gabinete, lo convocó a él y a otros testigos a tomar un café en la Casa de Gobierno donde le decían cómo debía declarar. Por último mostró los mails recibidos”. Este solo hecho demuestra las implicancias del gobierno en la condena, y lo pertinente que es el pedido de nulidad por parte de la querella.

Línea 60: quieren procesar por “estafa” a choferes que no cobraron boletos a pasajeros

Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Mariano González Palazzo sostuvieron que “no puede descartarse la hipótesis de administración fraudulenta ya que tal obrar de los conductores (no cobrar boleto a los pasajeros) podría representar una violación de los intereses confiados por la empresa que le ocasiona un perjuicio económico a ésta y, al mismo tiempo, genera un lucro indebido a terceros”.

A su vez los jueces descartaron lo dicho por la defensa de los choferes sobre que éstos “no se beneficiaran personalmente con la maniobra”, refutándolo con el argumento de que “el lucro indebido en la hipótesis lo obtendrían terceros, concretamente, los pasajeros que utilizarían el servicio sin pagar y en consecuencia guardarían para sí el precio del boleto”.

El expediente fue remitido a la jueza de instrucción Alicia Iermini, quien deberá investigar la conducta de los choferes de la línea que transporta diariamente a 250.000 pasajeros entre el barrio porteño de Constitución y la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

Esta “investigación” se suma al juicio de desafuero que la misma empresa Monsa inició recientemente contra cuatro delegados de La 60 que encabezaron la lucha en junio pasado. Lucha que terminó en un histórico triunfo de los trabajadores contra la prepotencia del grupo empresario, obligando a retroceder en decenas de despidos y a reconocer derechos hasta entonces negados.

Recientemente habían sido revocados los procesamientos a delegados de la misma línea de colectivos por supuestas “amenazas coactivas” durante el conflicto. Allí, frente a lo absurdo de las acusaciones patronales, se impuso la “falta de mérito”.
Frente a este panorama de criminalización de la protesta social, la Asociación de Trabajadores del Estado marchó junto a la CTA Autónoma el pasado miércoles para repudiar la “judicialización de la protesta social” en todo el país tras la continua persecución que ya suma 5.000 trabajadores procesados.
La concentración se trasladó desde el Obelisco hasta los Tribunales y además se reclamó por un bono de emergencia para fin de año de 5.000 mil pesos para todos los trabajadores.

De la manifestación participaron junto a la CTA la Multisectorial que integran la CCC, el MST Teresa Vive, la Federación Agraria Argentina, la FUBA, la OTR, Barrios de Pie, los pueblos originarios y campesinos en lucha.
Al día siguiente se realizó una Marcha Educativa, desde el Palacio Pizzurno a Plaza de Mayo. La movilización de docentes y estudiantes pasó previamente por la Casa de Tierra del Fuego, para exigir la absolución de los trabajadores condenados el día anterior, y la nulidad del juicio.

A menos de 24 horas del fallo judicial que dictó la condena sobre 28 docentes y camioneros fueguinos, Ariel Iglesias, Secretario de Organización de SUTEBA La Matanza, declaró: “Repudiamos la condena a los trabajadores fueguinos. Este fallo demuestra la creciente política de criminalización de la protesta por parte del gobierno, ya que el Tribunal leyó una sentencia hecha a pedido de la gobernadora Fabiana Ríos. Pero a su vez es sólo un adelanto de lo que se viene, en el marco de un ajuste que ya empezó. Exigimos la absolución de los trabajadores y la nulidad del juicio. La CTERA y SUTEBA provincial, que responde a Baradel, inmediatamente deberían convocar a plenario de delegados provincial y nacional, para decidir las medidas a tomar contra este fallo contra los trabajadores que luchan por sus derechos y enfrentan el ajuste que afecta sus condiciones de vida y a la educación pública”.
La criminalización de las luchas de los trabajadores, va de la mano del intento de profundizar los ajustes y recortes laborales. La semana pasada, fueron absueltos como resultado de una enorme movilización popular, los docentes y padres de Santa Cruz, enjuiciados por su participación en las manifestaciones y actividades de la gran huelga de ADOSAC en 2011, cuando reclamaban por el aumento salarial y la defensa de la escuela pública.

Continúan los juicios

En fallo dividido la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió el procesamiento de trabajadores de Editorial Perfil. La decisión alcanza a toda la Comisión Gremial Interna de prensa, pero además dispone un embargo preventivo de 210.000 pesos contra los delegados Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana.
Los delegados están acusados de infringir el artículo 161 del Código Penal por violación a la libertad de prensa, desconociendo la existencia de un conflicto sindical que llevaba más de 2 meses por el despido de un grupo de trabajadores el mismo día de la elección de delegados.

“La patronal inició en forma sigilosa esta denuncia penal que dos años después lleva al procesamiento a los delegados. En este período fueron numerosas las veces en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, visitó las instalaciones de la empresa y se entrevistó con sus dueños. Dos semanas después de la gran movilización de los trabajadores de prensa de La Nación contra el editorial de su patronal en defensa de los genocidas de la dictadura, el fallo judicial busca consagrar la impunidad patronal contra el gremio de prensa”, agregaron desde la Comisión Interna a través de un comunicado.

Una a favor: nuevo fallo de la Corte Suprema en defensa de la libertad sindical

“En el caso “NORTE c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” estableció que los delegados y dirigentes de los sindicatos con simple inscripción tienen derecho a gozar de las mismas franquicias gremiales que la Ley de Asociaciones Sindicales le otorga, con carácter exclusivo, a los representantes de las organizaciones sindicales con Personería Gremial.
En particular, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 44 y 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, estableciendo que los derechos allí reconocidos también pueden ser ejercidos por los representantes de los sindicatos simplemente inscriptos.
De esta manera, la Corte vuelve a reconocer el derecho de las organizaciones sindicales simplemente inscriptas a desarrollar su programa de acción, tal como lo establece ampliamente el Convenio 87 de la OIT.

Tal como ha vuelto a reconocer la Corte en este último fallo, la ley solo puede establecer en favor de los sindicatos con personería gremial “una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta ante las autoridades y en la designación de delegados ante organismos internacionales”.
Según la propia Corte “ninguna otra facultad concedida a los sindicatos con personería gremial puede serles negada a aquéllos que no la tienen”.

“Independientemente de la necesidad de reformar la Ley de Asociaciones Sindicales, recogiendo los criterios de la jurisprudencia de la Corte, no menos cierto es que cada vez son menos los obstáculos normativos para que las organizaciones que ya cuentan con Inscripción Gremial lleven adelante las acciones sindicales que estimen más convenientes para la defensa de los intereses de los trabajadores”, concluye un comentario del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
La UTA no comparte este criterio y aún siguen sorprendidos por la resolución del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que a 10 días de dejar la gestión le otorgó la personería gremial en el ámbito del subte a los Metrodelegados.

En primera instancia recorrerán la senda judicial, donde el gremio ya realizó una presentación en pos de impugnar la totalidad de lo actuado hasta el momento.
El segundo camino que recorrerán es el político. “No tiene sentido hablar con los que se van en 10 días”, sostuvo Mario Calegari, secretario de la UTA.

El gremialista reconoció que desde la UTA ya iniciaron gestiones con los nuevos funcionarios para buscar una salida. Además confió que esos contactos cuentan con el respaldado implícito de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).
Por el momento desde la UTA no hay medidas de fuerza previstas, pero no se descarta que en caso de no haber una respuesta favorable en el corto plazo se pueda activar un paro de corta, media y larga distancia.
Este jueves la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se movilizó al Ministerio de Trabajo para exigir que le otorguen la personería gremial.
“Hace tres años venimos en negociaciones con el Ministerio de Trabajo para que nos den el reconocimiento gremial como CTEP”, explicó Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-Cartoneros) que integra la Confederación.
El dirigente recordó que desde el Ministerio “primero no querían reconocer al sector como trabajadores sino que fuera el Ministerio de Desarrollo Social nuestro interlocutor. Pero después empezaron a aceptar algunas cuestiones que veníamos planteando como que somos trabajadores y no subsidiados. Por eso se habían comprometido a entregar la personería social que es parecida a la que tienen las amas de casa”, añadió.

“La idea era hacer un acampe pero en la primera reunión que tuvimos a la mañana nos dijeron que no iban a hacer nada ni firmar nada, que cualquier cosa que quisiéramos negociar iba a tener que ser con el próximo gobierno”, relató el integrante del MTE. Por eso “respondimos que no, que ellos mismos reconocían que el próximo gobierno iba a pasar por encima de los derechos conquistados y decidían dejarnos a nosotros totalmente desprotegidos”.
Fue entonces que los manifestantes prendieron fuego “algunos tachos y se tensionó con la policía. Hubo empujones y salió lastimado Sergio Sánchez. Después de eso nos replegamos para ver la semana que viene si tomamos una medida de cara al nuevo gobierno”, concluyó Caropresi.

Las Legislaturas porteña y bonaerense a tono con el ajuste por venir

El jueves, sin debate ni participación docente y sin pasar por la Comisión de Educación, 50 legisladores del PRO, FPV y UNEN aprobaron el proyecto de Ley de la legisladora del PRO, Victoria Morales Gorleri, que elimina las elecciones de Juntas de Clasificación. A la nefasta “Ley Abrevaya”, aprobada en 2011 a pesar de la masiva resistencia docente, se suma ahora esta nueva ley que elimina de un plumazo toda la historia de conquistas de los derechos de los trabajadores de la educación en la garantía de concursos públicos y transparentes, eliminando todo resabio democrático.

Ademys fue el único sindicato que se manifestó en contra de la aprobación de esta ley, que cercena el derecho democrático de la gran masa de trabajadores docentes de elegir a quienes los representen en las Juntas de Clasificación, restringiendo la representación a los designados solamente por un puñado de sindicatos que lejos están de representar realmente a los trabajadores.
Esta ley, que no podría haber avanzado sin el acuerdo de sectores sindicales a espaldas de los trabajadores, perjudica al conjunto de la docencia y beneficia a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista porteño, en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp).

También se hicieron presentes en la Legislatura trabajadores del Garrahan rechazando el nuevo recorte presupuestario previsto para el hospital. Será de $ 348 millones, al cual hay que sumarle la deuda acumulada por el gobierno porteño en los últimos años y que asciende a $ 453 millones. El último recorte, como todas las leyes que le permitieron gobernar al macrismo, fue aprobado con los votos del FpV.
En el gigante de 9 manzanas se realizan 534.000 consultas externas anuales y el 60% de los trasplantes pediátricos, se concentra el 60% de las internaciones pediátricas de toda la Ciudad y el 35% de los pacientes oncológicos del país. Además su centro de Hemoterapia garantiza sangre segura para todos los bancos de sangre de CABA. Por estos recortes ya ven afectada su atención niños de familias humildes y trabajadoras de todo el país. En el año 2006 el hospital tenía la capacidad de aceptar el 59% de las solicitudes de derivación, ya en el año 2014 este porcentaje descendió a un 33%. Esto significa que cientos de niños de todo el país, que requieren la atención en este centro de alta complejidad, no tienen acceso.
En contraste con el acuerdo que sellaron todos los bloques -FpV, UCR-PRO, massismo- de la Cámara de Diputados bonaerense de dedicar la sesión exclusivamente a homenajear a los legisladores salientes, el diputado provincial del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, planteó “la necesidad de tratar problemas cruciales que atraviesan a los bonaerenses como el déficit habitacional que padecen un millón de personas en la Provincia, o la crisis industrial que en el caso de Cresta Roja amenaza con dejar sin fuente de trabajo a 5.000 trabajadores”.

“Se está conformando un nuevo bloque de gobierno en esta Cámara, que pretende hacer pasar un brutal ajuste: devaluación, tarifazos, exenciones a las empresas. Nos va a encontrar, tanto en la calle como en esta Legislatura, luchando por el trabajo y el salario, la tierra y la vivienda, la salud y la educación pública”, finalizó Kane.
Los trabajadores de Cresta Roja siguen movilizados desde hace varias semanas para reclamar el pago de salarios caídos y la continuidad de la fuente laboral. En esta oportunidad llevaron su reclamo al predio de la AFA, donde los medios esperaban novedades por la conducción de la institución del fútbol argentino. “No al cierre” y “Ninguna familia en la calle”, fueron los mensajes de los trabajadores.
Los trabajadores del Ingenio San Juan (Tucumán) volvieron a parar por el atraso en el pago de los salarios de octubre y noviembre.
Sin esperar ya nada de los sindicatos, que firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a no realizar asambleas en el ingenio, los obreros del San Juan designaron a cinco representantes para encabezar las discusiones con la patronal y que la asamblea decida.
El mismo día que los trabajadores del San Juan realizaban un paro por el pago de los salarios, los trabajadores del Ingenio Santa Bárbara realizaban medidas de fuerza frente al ingenio por el atraso en los salarios. Con la excusa de los precios del azúcar las patronales están aprovechando para atacar el bolsillo de los trabajadores.

Despidos

La semana pasada, la ensambladora que el grupo Newsan -Electronic Sytem- tiene en Campana despidió a 159 trabajadores.
Se trata de la empresa líder en Argentina en la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y artículos para el hogar. Algunas de sus marcas son Atma, Sanyo, Philco, Noblex, Siam, entre otras, y también tiene las licencias de varias más como Motorola y Alcatel. La facturación millonaria que alcanzó el grupo en el 2015 asciende a unos 2.800 millones de dólares.
Si las perspectivas para la temporada frutícola entrante eran poco prometedoras en el Valle Medio de Río Negro, como consecuencia de fenómenos climáticos, el panorama se agravó en las últimas horas, cuando se supo que empresas importantes del rubro desvincularon a unos 150 trabajadores en distintas localidades de la comarca.
Se trata del segundo impacto en el mercado laboral de la zona en menos de una semana, luego de que la tomatera “Molinos Bruning” dejara cesantes a 23 empleados luego de la clausura de su planta en Darwin.
Además, la preocupación comenzó a extenderse hacia otros sectores de la economía regional, porque productores chicos y medianos, al no tener fruta, tampoco podrán absorber mano de obra.
Ayer se confirmó desde el mismo Sindicato de la Fruta que los telegramas llegaron esta semana para dejar afuera de la empresa Expofrut a 109 trabajadores. Además se indicó que no tomarán más personal.
Por su parte, la empresa Salentein en Chimpay cerró sus puertas, despidiendo a 45 empleados.
El Grupo Octubre, cuyo dueño es Víctor Santa María, decidió despedir esta semana a cuatro trabajadores de prensa que se desempeñaban en la revista infantil PIN. Al cerrarla, al igual que la revista de tango Pichuco, está dejando también sin trabajo a los colaboradores externos. Días antes, el SipreBA había alertado sobre la posibilidad de que los empresarios de medios intentaran ejecutar planes de ajuste con la excusa del cambio de gobierno y de escenario político. Santa María es uno de los primeros en intentarlo.
Los despidos de los cuatro integrantes de PIN se concretaron el lunes último y no se les ofreció la indemnización que marca la ley. Santa María, Secretario General de uno de los sindicatos más importantes del país y presidente del PJ porteño, intenta imponer un mal llamado “retiro voluntario”, con una cifra correspondiente a un cargo administrativo. Los trabajadores pidieron que se evalúe la posibilidad de su reinserción en otros medios del grupo.
A 26 días del paro en Radio Rivadavia y 4 despidos de trabajadores de prensa, desde el SiPreBA condenan y responsabilizan al empresario Luis Cetrá y su familia, propietaria de la emisora quienes se han enriquecido con la pauta publicitaria otorgada por el Estado Nacional que asciende a más de 10 millones de pesos mensuales, a costa de hambrear a los trabajadores de la emisora quienes no cobraron aún los sueldos de septiembre, octubre y medio aguinaldo 2015.
El SiPreBA reclama una urgente audiencia con las autoridades nacionales actuales y las que asumirán el gobierno nacional para que tomen medidas de manera inmediata ya que el Estado no puede continuar enriqueciendo a empresarios que no cumplen con las mínimas obligaciones legales respecto a sus trabajadores.
El SiPreBA además solicitará audiencias con los anunciantes privados y las Cámaras que los representan quienes no pueden seguir financiando con publicidad a este empresario y su familia que no tienen la más mínima responsabilidad social.
Este jueves una asamblea de los trabajadores de La Nación se pronunció en contra de los despidos anunciados por la gerencia de Recursos Humanos.
Hace una semana la empresa despidió a una compañera del área de comercial, y esta semana, en una reunión con la Comisión Interna, el diario comunicó su decisión de despedir entre cinco y diez compañeros en los próximos días.
El viernes los trabajadores del Ministerio de Economía realizaron una nueva reunión abierta porque los avances parciales y las promesas no cubren la incertidumbre sobre la renovación de todas las formas de contratación.
El sábado, la empresa concesionaria del Zoo de Buenos Aires despidió a una trabajadora que se desempeña en el patio de comidas. Se trata de una reconocida activista de la Asamblea unificada del Zoológico y candidata a delegada por su sector en el sindicato de pasteleros. Su despido constituye una clara persecución sindical y, por lo tanto, una “práctica desleal” e ilegal. La patronal avanzó contra la compañera como paso siguiente a la aplicación de los descuentos por días de paro aplicados días antes a la masa de los trabajadores.
No conformes con esta acción, el jueves los empresarios a cargo de la concesión y subconcesiones despidieron a tres trabajadores del acuario, lugar que hace poco fue noticia por la muerte de dos lobos marinos en las vacaciones de invierno.
Entre lunes y martes, la empresa mexicana Metalsa, ubicada en la zona norte del GBA, dejó sin trabajo a diez operarios. En lo que va del año ya suman unos 300 despidos, incluyendo delegados de base.

Paraná Metal

El 30 de noviembre venció el plazo que había estipulado Paraná Metal para definir su continuidad o cierre. A último momento, definieron que no seguirán con la autopartista, por lo que 160 personas se quedarían sin trabajo.
Leandro Del Greco, miembro de la Comisión Interna, relató el encuentro que mantuvieron con los dueños de la empresa en la sede porteña del Grupo Indalo, también propiedad de López: “de la cual una hora cuarenta nos pasamos planteando que queríamos laburar, que había forma, que había producción, que la planta la puede salvar y hay muchos puestos de trabajo dependiendo y Villa no da más. Fabián De Souza, uno de los dueños, insistió en que no iba más y quería pagar las indemnizaciones en cuotas a seis meses”.
Finalmente, en este punto se acordó, tras largas discusiones, el pago de indemnizaciones en 3 cuotas a 45 días, sumando un mes más al monto.
Luego, se llevó adelante una asamblea junto con delegados de Acindar y otros talleres metalúrgicos. Según explicó Del Greco, el eje de la reunión fue “resistir incluso hasta el cambio de gobierno, para que el que llegue diga algo, porque el que se está yendo se hace ya el desentendido. Vamos a resistir para recuperar el trabajo”, aseguró, sin perjudicar el cobro de la indemnización.

Reproducimos la nota que Mariano Fortuna publicara en El Sur:
“La empresa que conocimos hasta esta semana como Paraná Metal, en sus inicios (1957) se llamó Acinfer; y fue algo así como una planta satélite de Acindar, que en ese momento encaraba un proceso expansivo, promoviendo el auge industrial de Villa Constitución. Acindar, controlaba el 61 % del capital accionario de Acinfer, y buscaba que la planta fuera la proveedora de motores y otras piezas fundidas para las fábricas de automotores y tractores que se estaban instalando en el país, como IKA Industrias Kaiser Argentina y Fiat Concord”.
Luego de casi una década controlada por Autolatina (sociedad constituida por Ford y Volkswagen en Argentina y Brasil que existió entre 1987 y 1996), pasa a propiedad de Metcon, dominada sólo por Ford, hasta que en octubre de 2002, vende el paquete accionario al Grupo Mansud S.A., que la rebautiza como Paraná Metal. En ese momento, Mansud accede a la compra con el compromiso de que Ford le continuaría comprando durante unos tres años blocks de motores. Así la planta contaba con un reaseguro que se sumaba a la fuerte devaluación del peso impulsada por el gobierno de Eduardo Duhalde, que la ponía otra vez en carrera para la exportación. En ese período, la fábrica retornó a niveles relativamente normales, e incluso ingresaron nuevos empleados; llegando a producir un 100 % más, orillando las 3.500 toneladas mensuales.
Paraná Metal fue una de las primeras empresas que comenzó con los despidos masivos. Por la crisis económica global, el 16 de diciembre de 2008 anunció que despediría a los 1.200 trabajadores y cerraría la planta (en noviembre de ese año los despachos de autopartes habían disminuido en un 54 %). Luego de ingresar a un concurso preventivo de crisis, que le permitió contar con los subsidios RE.PRO. del Ministerio de Trabajo, la compañía se presentó en convocatoria de acreedores con una deuda que ascendía a 50 millones de pesos. Paralelamente a esa decisión, se paralizó la planta por falta de producción y los operarios iniciaron un plan de lucha que se extendió por varios meses.
Ya en 2009, con la intervención del gobierno nacional, lograron acordar que se suspendieran y bajaran los salarios de los operarios a cambio de que se mantuvieran las fuentes de trabajo; en tanto, desde la gestión kirchnerista buscaban un comprador que quisiera hacerse cargo de la empresa.

Con la convocatoria de acreedores en stand by, y luego de la negativa de varios empresarios para hacerse cargo de la autopartista, aparece Cristóbal López, que con intenciones de comprarla le inyecta 7 millones de pesos para pagar salarios atrasados y mantener una producción básica. El 22 de enero de 2010 Oil M&S (López) realiza la compra definitiva, pero el buen clima se esfumó rápidamente. Entre marzo y abril de ese año se presentaron los primeros retrasos de sueldos y en mayo los trabajadores pararon por 15 días la planta porque la empresa no cumplía con las paritarias. En ese momento, por la falta de entrega y la deficiencia del producto, Ford de Brasil dejó de comprar los blocks de motores, y con ello la autopartista perdió a su principal cliente. “Desde que desembarcó en la planta quiso deshacerse de la mitad de los trabajadores, ahora dice que no es viable y se escuda en que Ford Brasil suspendió las compras a Paraná Metal (hace casi tres meses dejó de adquirir los block de motor que representan el 95% de la producción de la autopartista) para dejarla al borde de la quiebra”, señalaban en ese tiempo los trabajadores. Que también llamaban la atención que “las inversiones en maquinarias y tecnología que prometieron en un principio, nunca se hicieron”.
Luego de años, marchas y contramarchas, y de semanas enteras de vigilia de toda la comunidad villense, en noviembre de 2012, la presidente Cristina Fernández llegó a la ciudad para inaugurar Laminados Industriales y anunciar la reapertura de Paraná Metal. En videoconferencia, rodeado de trabajadores, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, le comentaba a la mandataria que “desde 2009 a la fecha se recuperaron puestos de trabajo y se capacitó para reintegrar a nuevos trabajadores (“¦) Aquí estamos, la empresa se pone de pie con un gran esfuerzo de los trabajadores, de los inversores y del Estado nacional”. Irónico. De las 1.200 personas que trabajaban en 2008, en 2012 sólo quedaban 150 y esperaban para volver a producir (con una marcada obsolescencia tecnológica) ya no blocks, sino piezas más chicas, como campanas y discos de freno, que los últimos meses orillaron las 300 toneladas.

Hasta agosto de esta año, de aquellos 1.200 trabajadores, unos mil habían quedado en el camino:” se fueron tras conseguir otro trabajo, se plegaron a un retiro voluntario, fueron despedidos e indemnizados, o se jubilaron. El martes 1 de diciembre de 2015, Paraná Metal despidió al último plantel de trabajadores, y cerró sus puertas”.

Una buena

Tras 2 meses de un duro conflicto con la patronal molinera, los trabajadores de Molinos Minetti lograron un importante triunfo. Mediante un acta firmada en la Casa de Gobierno, a un día de que concluyera la conciliación obligatoria, la empresa, Molinos Minetti, desestimó los 31 telegramas de despido enviados y se pagarán los días caídos.
El conflicto entre los trabajadores molineros y la patronal llevó más de 6 meses y se endureció en los últimos dos con los despidos de 17 efectivos y 14 contratados que llevaban adelante el reclamo por 15 meses de deuda en los aportes previsionales, ART y obra social.
Maximiliano Gómez, referente de los trabajadores expresó: “lo importante de este triunfo es que la empresa se dispone a cumplir el Acta Acuerdo firmada el pasado 4 de septiembre en el Ministerio, donde se comprometió a efectivizar a trabajadores contratados encuadrados como eventuales”.

Próximas paritarias

El próximo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió que le van a pedir “un esfuerzo de comprensión” a los gremios para que las paritarias se discutan en base a la inflación futura, pero destacó que también le van a reclamar a los empresarios que “cuiden los precios”.
“Hay que ayudar para que se generen estos incentivos, lo del mínimo no imponible, el esquema de reducción del IVA y otras cosas más en que podamos avanzar”, señaló y puntualizó que la reducción de IVA se aplicaría “en algunas cosas que tengan que ver con la canasta familiar para sectores más vulnerables”.
Triaca también reiteró que Cambiemos no va a “establecer un techo a las paritarias, pero también que el gobierno va a hacer un gran esfuerzo”
.
“Estamos discutiendo otros temas que tienen que ver con beneficios asistenciales y jubilaciones, destinando algunos recursos que puedan morigerar la situación particular de esos sectores”, amplió.

El futuro ministro de Trabajo dijo que “va a haber un esfuerzo también de los empresarios, a los que les vamos a pedir que controlen los precios, y a los gremios que consideren el pasado inflacionario pero también las expectativas de futuro que queremos generar”.

Finalmente, se concretó el encuentro entre el futuro Presidente y el líder sindical que se mostró más cerca durante la campaña electoral.
A la salida, Hugo Moyano se mostró optimista ante una posible modificación en el impuesto a las Ganancias, pero anticipó que la próxima negociación paritaria debería estar por encima del 28%.

El gremialista se refirió a los aumentos de precios que se verificaron en las últimas semanas y señaló que “para la CGT las subas fueron de un 28%”. Al ser consultado si las paritarias deberían estar por encima de ese porcentaje, Moyano respondió afirmativamente: “Sí, por supuesto“.

Fuentes: www.Redeco.com.ar, www.agencia.cta.org, DyN, La Izquierda Diario, El Día, ADN, Notas.org.ar, Rionegro.com.ar, www.sipreba.org, Equipo de Comunicación de CTA Rosario, El Sur y Anred.



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