04/12/2015

Salta: Si marcha, marche preso

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La manifestación pública es un derecho garantizado constitucionalmente en la argentina, la regulación de este derecho constituye un avasallamiento a esa garantía. Los diputados salteños de mayoría justicialista, que votaron un nuevo Código Contravencional que restringe el derecho a la protesta, aplican conceptos autoritarios, fascistas y reaccionarios, que nos retrotraen a dictaduras como la del asesino Augusto Pinochet en Chile, que también regulo el derecho a la protesta. Como ahora se concreta en Salta. Por Marco Díaz Muñoz. Director Agencia de Noticias Copenoa


Como ya es de costumbre en Salta, lo más perjudicados seguirán siendo los sectores más frágiles de la sociedad organizada, que bregan en las calles por el cumplimiento de sus derechos, salud, vivienda y trabajo, ante la inacción de gobiernos de turno, que creen solucionar el grito de protesta de los excluidos con miedo.

La modificación del nuevo código de contravenciones, ahora exige avisar con razonable anticipación, a la policía de esta provincia la realización de una manifestación, debiendo respetarse las indicaciones de ésta fuerza del orden público. Es decir todo grupo organizado que proteste por la calles de Salta, y que no declare esta protesta serán decretados como infractores, a esta norma legislada por un gobierno de espíritu fascistoide.

Pero porque llegamos a la regulación de derechos constitucionales en democracia, derechos conseguidos por valientes trabajadores, excluidos, que con lucha en las calles, soportaron la persecución, la cárcel y la muerte en relatos consecutivos de la historia del proletariado, en que sobresalieron socialistas y anarquistas. Serán hoy los agrupados en la exclusión, pobreza, que votan a estos legisladores, de hálito retrogrado, los responsables. O los partidos de espíritu libertario que no convencen a los excluidos y marginados, o solo será nuestro destino. Lo concreto es que en Salta la Linda, se profundiza con estas medidas de regulación de derechos constitucionales, un evidente quebrantamiento de derechos adquiridos en la historia de nuestra provincia.



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