Trabajadores condenados
La Justicia de Tierra del Fuego condenó a 28 docentes y camioneros a penas de entre 8 meses a 4 años de prisión por los delitos de daños (simple y agravado) y resistencia a la autoridad. En tanto, solo 5 resultaron absueltos. Las defensas adelantaron que apelarán el fallo, al que los trabajadores calificaron como persecutorio y negativo. Por Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Tierra del Fuego – El 23 de mayo de 2013, los gremios docente y de camioneros efectuaron un reclamo salarial que incluyó una movilización a la Casa de Gobierno en Ushuaia. Fueron reprimidos por la policía provincial, pero por las lesiones recibidas por dos agentes 33 personas fueron llevadas a juicio, y 28 de ellas condenadas finalmente a penas de entre 8 meses y 4 años.
Dos de estas sentencias serán de cumplimiento efectivo. Tal es el caso del camionero Leonardo Alexis Ríos, que recibió 4 años de prisión de cumplimiento efectivo al ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones graves calificadas.
En tanto, Horacio Catena, secretario general de SUTEF y titular de la CTA Autónoma Tierra del Fuego, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso como coautor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas.
Para todos los condenados a penas en suspenso el Tribunal, presidido por Alejandro Pagano Zavalía, dispuso las siguientes reglas por el término de dos años: comunicar al Juzgado de Ejecución todo cambio de residencia que realice; abstenerse del uso de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas; y «realizar tareas no remuneradas de limpieza de hielo y nieve en la aceras durante la época invernal y de limpieza o arreglo de patios o jardines durante el resto del año, una vez por semana y dos horas por cada día, de los establecimientos públicos de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, de acuerdo al lugar de residencia, que determine el Patronato a cuyo cuidado quedaren sujetos, ello fuera de los horarios habituales de su trabajo”.
Los únicos absueltos por ambos delitos fueron Gabriel Matías Maciel, Cristian Adolfo Schnack, Raúl Amado Arce, Marcos Donato Ferreyra y Juan Carlos Mallón.
«Antes que se iniciara este proceso judicial sabía que todo iba a terminar en una condena («¦). Aquí no se respetaron los derechos de la defensa, hubo pruebas inválidas”, afirmó tras la sentencia Néstor Sánchez Otarhan, abogado de los docentes, en diálogo con la FM local Aire Libre.
En efecto, las supuestas pruebas presentadas por la fiscalía se reducían a filmaciones que contradicen el relato de los hechos efectuado por el propio fiscal, mientras que la acusación consistió en una imputación genérica al grupo de imputados por sucesos indeterminados. A su vez, estas filmaciones fueron en muchos casos editadas por la policía local, que formó parte de este juicio, ya que fueron dos agentes las «víctimas” de las supuestas agresiones de los manifestantes.
Cabe recordar que durante el desarrollo de las audiencias, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina había denunciado: «el mayor bochorno fue la declaración de un ex funcionario, Diego Bóxer, quien dijo que había mentido en su testimonio de hacía 2 años atrás en sede policial y que había sido convocado por el Gobierno a una reunión a través de un mail en el cual le direccionaban el testimonio para declarar contra un dirigente en particular. Contó que Sergio Giadas, un funcionario de (la gobernadora) Fabiana Ríos, por orden del jefe de Gabinete, lo convocó a él y a otros testigos como la gobernadora, el ex jefe de Gabinete, el secretario de Seguridad, el ex jefe de Gobierno, a tomar un café en Casa de Gobierno donde le decían cómo debía declarar. Por último mostró los mails recibidos y explicó que dejó su auto en Casa de Gobierno para ir a declarar porque lo llevaron en un patrullero”.
Para los imputados y sus defensas este solo hecho dejó en evidencia las implicancias del gobierno provincial en la condena y lo pertinente que resultaba el pedido de nulidad efectuada durante los alegatos.
Antes de conocerse la sentencia, algunos de los imputados hicieron uso de la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el tribunal. En este marco, Horacio Catena afirmó: «se han empeñado en mostrarnos como violentos e intolerantes, acá no hubo una sola prueba que incrimine a un solo compañero («¦). Quedó demostrado que no hubo ingreso violento a Casa de Gobierno, mientras trataron de demostrar que habíamos destrozado todo, pero no tienen una sola filmación de Catena ni ninguno de mis compañeros rompiendo nada. («¦) El solo hecho del proceso es una condena, ustedes nos han condenado a este proceso, con tanta liviandad («¦). No ha quedado ninguna duda de que se ha criminalizado la protesta social, lo dijo la propia Gobernadora, y si quedaba alguna duda tengan en cuenta la declaración de Boxer, que también fue bajo juramento, y mostró la intromisión del Poder Ejecutivo en este juicio”.
A su turno, Raúl Arce, secretario gremial de SUTEF, afirmó: «en el aula enseñamos que no debe copiarse, que no es el método para aprender, y ha quedado claro para el más simple entendedor que ha seguido este proceso, que la querella ha cortado, copiado y pegado, eso no vale señores de la querella”. En relación al accionar de la Fiscalía, manifestó: «se ha encargado de hacer la vista gorda durante muchísimo tiempo, porque no ha prestado atención de cumplir sus deberes de funcionario público para tal, pero sí se ha encargado de 33 compañeros, hasta el punto de la ridiculez. La Fiscalía es la animosidad ideológica intelectual puesta al servicio del poder político”.
«Lejos de la absolución, y de darle tranquilidad a quien habla, le deja la amargura de no poder compartir lo mismo que se avizora para el resto de mis compañeros. La esperanza es lo último que se pierde, todos somos seres humanos por más que existe un paso más en este espacio y solo en este espacio de parte de ustedes (los jueces)”, agregó Arce.
Tras conocerse finalmente la sentencia, el abogado de los docentes Néstor Sánchez Otarhan dio sus primeras apreciaciones en diálogo con La Izquierda Diario: «se está condenando a trabajadores por reclamar algo que a priori y a posteriori era justo. Este es el mensaje que se está mandando a la clase sindical y a la provincia de Tierra del Fuego. El tribunal resolvió aplicar penas, dentro de la escala punitiva, elevadas por delitos que reciben penas menores, por ejemplo a Horacio Catena se lo condenó a 2 años por una lesión leve y atentado a la autoridad. Después tenés gente que está condenada por atentado a la autoridad por un año, que es una pena elevadísima, gente sin antecedentes, profesores, profesionales, personas que estaban trabajando, que estaban reclamando en un contexto social de conflicto; tenerlos un año por tirar un palito o un tambor a policías con cascos, escudos, me parece de una desproporción inusitada. Ahora nosotros vamos a plantear el error interpretativo en el que ha caído el Tribunal, acá no hay atentado a la autoridad, ya lo expliqué en el alegato. Con esto vamos a llegar hasta la última instancia posible porque es injusto. Calculo que en Casación vamos a poder disminuir la sanción y creo que vamos a poder lograr alguna absolución más”.
El Tribunal de Tierra del Fuego dará a conocer los fundamentos del fallo el próximo 11 de diciembre.
Fuentes: ACTA-CTA / La Izquierda Diario / Aire Libre FM
Imagen: La Izquierda Diario