19/10/2015

Syngenta da un giro y no se instala en Villa María

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A partir del retiro de Syngenta y sus planes de instalar una planta de semillas en Villa María en el marco de la partida de Monsanto, la discusión de la ley de semillas y de la regulación a los fitosanitarios, surgen una serie de dudas sobre qué está sucediendo en Argentina en relación a las intoxicaciones por agroquímicos. Por Leandro Yanson para Red Eco Alternativo.


El 2 de septiembre la empresa Syngenta anunció que no iba a avanzar en la construcción de una planta de semillas de maíz y girasol, que implicaba una inversión de 800 millones de pesos, además de que se estimaba que generaría cerca de 700 puestos de trabajo.

La salida de esta empresa tiene un correlato en la resistencia proveniente de varias organizaciones sociales, que se enfrentan a las prácticas de privatización de las semillas y al uso de agroquímicos en las plantaciones, debido al impacto que estos tienen en la salud de quienes se encuentran en las cercanías de las zonas fumigadas.

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En Argentina, más de 13 millones de personas conviven con la aplicación de 370 millones de litros anuales de agrotóxicos en lo que hace al 60% del territorio cultivado por monocultivos como soja. Según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones similares, los agrotóxicos son causantes de graves daños en el ADN, además de cáncer, alergias y enfermedades respiratorias.

En 2009 se publicaron las investigaciones realizadas por Andrés Carrasco que demostraban el daño genético que causaban los agroquímicos en embriones de anfibios. A pesar de ese descubrimiento, en los últimos años de su vida Carrasco fue desacreditado por CONICET, el organismo desde donde se iniciaron esas investigaciones.

Syngenta no permanece ajena a la discusión de los agroquímicos, para fines de 2013 se encargó de organizar un encuentro en Rosario del que participaron especialistas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el mismo tuvo como fin conformar la Red de Médicos Toxicólogos de Latinoamérica Sur, quienes reciben formación respecto al tratamiento de los químicos, todo financiado por la multinacional.

Mientras tanto es claro el caso de cómo afectan las fumigaciones a los pueblos de nuestro país. Por ejemplo, un estudio realizado en octubre de 2014 por estudiantes de medicina de distintas universidades nacionales en la localidad cordobesa de Monte Maíz, reveló que “los casos de cáncer son el doble que el promedio nacional y provincial” y que “la mortalidad por cáncer triplica la media nacional y provincial” Además, se descubrió que la frecuencia de asma en menores de 16 años fue del 23,49%, en niños de 13 y 14 años el porcentaje fue 39,86%, mientras que en los niños de 6 a 7 años es de un 52,43%.

La investigación remarca: “Monte Maíz muestra contaminación con plaguicidas procedente de 975.000 litros-kilos de agroquímicos que se utilizan por año en la zona; este volumen se almacena en el interior del pueblo, junto con los granos. El monitoreo químico encontró altas concentraciones de glifosato, clorpirifós en el suelo y en cascarillas de maíz y soja”.

¿Se pueden regular los agroquímicos?

Tras el aplazamiento de la discusión para tratar la modificación de la Ley de Fitosanitarios en Santa Fe, el 27 de agosto pasado en la Cámara de Diputados provincial – donde no hubo consenso para tratarla y metodológicamente se pasó a otro tema – este jueves 15 de octubre nuevamente fue un tema en la Cámara.

El Proyecto del diputado provincial por Nuevo Encuentro José María Tessa prohíbe las fumigaciones aéreas y para las aplicaciones terrestres pone como distancia mínima 800 metros de una zona urbana (1000 metros en el caso de escuelas rurales), mientras que el proyecto de la legisladora Inés Bertero (Partido Socialista- Frente Progresista Cívico y Social), permite las aplicaciones con avionetas desde 1500 metros y, por tierra, desde los 100. En la sesión de este jueves, la iniciativa de Bertero obtuvo la media sanción en Diputados, a pesar del rechazo de las organizaciones ambientalistas.

En tanto, en las localidades santafesinas de Godoy y Arequito se consensuaron ordenanzas que regulan el uso de agroquímicos, para que se pueda continuar la explotación por parte de los productores, evitando tener tanto impacto en la salud de las personas aledañas.

Es a través de la Ordenanza Nº 13/11 que se consiguió frenar a los agroquímicos en Godoy, basándose en restricciones y controles respecto al momento y la forma de aplicación. Prohíbe los productos de banda roja que son los más tóxicos, restringe a los de banda amarilla y azul (de mediana toxicidad) a 1.000 metros del pueblo, y se permitió aplicar productos banda verde que son los de menor toxicidad.

También se alejaron a 1.000 metros todos los productos que generan vapor y se prohibió totalmente el 2,4-D a través de la Ley de Fitosanitarios aprobada en Santa Fe.

En 2011 Arequito aprobó la Ordenanza Nº 965 que regula el uso de agrotóxicos: prohíbe la aplicación de fitosanitarios de banda roja, restringe aquellos que se comportan de manera volátil, establece un registro de aplicadores, determina la entrega de los envases, y fija sanciones.



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