24/09/2015

“Los seis campesinos fueron condenados por un delito que no cometieron”

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Eduardo Soares es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional. En la Argentina llevó adelante la defensa de los seis campesinos paraguayos condenados por el caso Cecilia Cubas. Por E´a


Eduardo Soares, abogado argentino que acompañó el caso de los seis campesinos condenados por el caso Cecilia Cubas, conversó al respecto con el programa “Mandioca Radioactiva”, emitido por Radio Sur de Buenos Aires.

Soares es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional. En la Argentina llevó adelante la defensa de los militantes paraguayos Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón en el juicio que concluyó con la extradición a nuestro país y una posterior condena en el 2012 a 35 años de prisión.

Expresó que el caso de los seis campesinos paraguayos es una de las situaciones jurídico-políticas que más ha ofendido a la dignidad de los que luchan por la solidaridad con los hermanos de Nuestra América. “El caso de los seis nos agrede, nos duele porque además, en el poco tiempo que estuvieron los seis acá se convirtieron en hermanos nuestros”, afirmó.

Recordó que la mayoría de ellos pertenecía al Partido Patria Libre, que “a inicios de la década pasada sufrió enormes agresiones y represión por parte del Estado, incluido el secuestro y tortura de sus dirigentes, hoy con asilo político del Estado brasilero. Otros exdirigentes de PPL se encuentran asilados en Bolivia”.

“En ese marco fueron acusados de un delito que no cometieron, el secuestro y muerte de la hija del expresidente Raúl Cubas, involucrado en una interna durísima del Partido Colorado que desembocó en la muerte de Luis María Argaña y la masacre de la plaza”, explicó.

“Los seis fueron involucrados en una causa en la que el propio juez, Pedro Mayor Martínez, los libera afirmando que no tienen nada que ver con los hechos”. “El propio juez, Mayor Martínez, fue testigo en el juicio de extradición reafirmando sus expresiones”, añadió.

Soares relató parte de las numerosas irregularidades cometidas en connivencia entre las autoridades paraguayas y argentinas en el proceso de detención y extradición de los seis campesinos. Mencionó que en la sentencia de extradición, el juez Ariel Lijo reconoció que la defensa probó que en Paraguay hay tortura, pero luego desestimó el hecho. Además, el gobierno paraguayo se comprometió a computar el tiempo de prisión de los seis en Argentina en una eventual condena en Paraguay, pero no cumplió.

“En Paraguay los agarró la justicia del Partido Colorado. Sandra Quiñónez y Rogelio Ortúzar fueron los fiscales de un juicio totalmente amañado. Los colegas paraguayos hicieron un gran trabajo, pero es imposible pelear contra una sentencia cantada por una justicia manejada por la oligarquía paraguaya. Ahora están en Paraguay agotando ya todas las instancias ante la Corte Suprema y nosotros nos vamos a encargar del tema ante el sistema interamericano. La gremial de abogados no va a dejar solos a estos compañeros, vamos a pelear por su libertad con todas las herramientas políticas y jurídicas a nuestro alcance”, concluyó.



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