13/06/2015

Pobreza y paro

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El martes 9 de junio se realizó una huelga y cortes a nivel nacional, en relación a la discusión por las paritarias abiertas. Hasta ahora, se vienen cerrando entre un mínimo de 27 %, y un máximo de 36 – alcanzado por aceiteros – luego de un paro de 25 días. Estas tensiones entre gremios, empresas y el inisterio de Trabajo se dan cada año para ajustar salarios con la inflación anual y no perder poder adquisitivo salarial (es una mirada) o para aumentarlo (es otra mirada). La relación entre mantener el salario al nivel que el año anterior o aumentarlo es debatible en cuestiones porcentuales durante el período 2003-2015, y no hay cifras oficiales confiables. Hay estimaciones que van de la pérdida entre el 5 y 10 por ciento, como otras que plantean ganancias en términos similares. Por ANRed.


Por fuera de las paritarias quedan las condiciones laborales o su mejora, aumentos de vacaciones pagas de un mes como Brasil, u 8 semanas como Holanda, la participación de los trabajadores en la renta empresaria, su distribución, o la reducción de la jornada laboral, como se empieza a probar en ciudades de Suecia. También quedan sin posibilidad de resolución pronta los más de 3 de cada 10 trabajadores en relaciones de empleo informal, con remuneraciones, horarios o condiciones de trabajo ilegales, incluyendo dependencias del estado nacional, provincial y municipal, estadística publicada por el mismo INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En estos mismos días, y en diferentes oportunidades anteriores, se debatió sobre el número real de pobres en Argentina. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso en Roma esta semana en una reunión de la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas (FAO, por su sigla en inglés), que la pobreza en Argentina es del 5 por ciento. Por debajo de países récord como República Checa o Islandia (5,9), Dinamarca (6), Holanda (7,8), y por supuesto, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, Canadá, Francia, Suecia, Dinamarca o Japón. Con la misma cifra coincidió el jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández en una conferencia de prensa, y haciendo una comparación con el país germano despertó polémica.

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En Alemania, el índice de pobreza se mide relativamente, se calcula en base al porcentaje de la población, que se encuentre por debajo del 60 % del nivel de ingreso promedio. Esa estadística para los germanos da 15 cada 100, mientras que en Argentina, se iría por encima de 30. Pero el INDEC, utiliza otro método, y mide ““ medía – una canasta básica que debe ser cubierta por el ingreso total del hogar o personal. Esa estimación el organismo oficial dejó de mostrarla en 2013, cuando rondaba el 5 por ciento. El ministro de Economía, Axel Kicillof, había argumentado que es estigmatizante medir la pobreza, ante el cuestionamiento por el cese de la publicación estadística.

Hay diferentes índices para estimar la pobreza en cada país, y el INDEC cambió el suyo en 2007, en medio de protestas de muchos de sus trabajadores, despidos, y hasta ataques de patotas en las manifestaciones. Una estadística que no cambió, y que sigue midiendo, es la distribución de la riqueza. En 2003, el 10 por ciento de la población mejor ubicada, obtenía el 37,5% de los ingresos totales, y el segundo mejor, el 17. Mientras, el 10 más bajo, alcanzaba el 1,1. El decenio superior, estaba en el 2,4 del total de los ingresos nacionales, el siguiente en 3,3, el cuarto menor 4,4, el quinto un 5,7, y el sexto 7,1. Esto daba una suma, a comienzos de 2003, de más del 50% de ingresos nacionales totales repartidos en el 20% más alto de la escala, y 24 para 6 de cada diez. En cifras menores, 2 de cada 10 se llevaban más de la mitad de la renta nacional, y 6 conseguían casi un cuarto. Para el cierre del último trimestre de 2014, los ingresos totales se multiplicaron considerablemente por el crecimiento sostenido del PBI en primer lugar, y luego nominalmente a causa de la inflación. Casi 12 años más tarde, el 10 por ciento con mayores ingresos, vio reducida su cuota del total al 29 %, y el segundo mejor, casi no se movió, bajando al 16,5. El 60 por ciento de la población más abajo de la escala, aumentó sus ingresos al 37. Todos aumentaron alrededor del 1%, con excepción del escalafón más bajo, que quedó en 1,4, subiendo sólo un 0,3. (Fuente: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=60).

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El nivel de pobreza y las estadísticas del INDEC no son las únicas cuestionadas. Darío Aranda cuenta en una nota de mayo en Biophilia que el ministerio de Salud de Salta pone en déficit nutricional a 1.900 niñas y niños hasta 5 años en sus estadísticas. Pero para el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la universidad provincial, la cifra está en 15.300. En la misma nota, Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, alerta que desde 2009 en Chaco, se cambió el sistema de clasificación, pasando a infantes de la categoría desnutridos clase 1 (leves), a “niños con riesgo alimentario”. Unicef Argentina por su lado, mientras afirma el descenso de la mortalidad infantil en los últimos 15 años, acentúa la disparidad entre distritos como Buenos Aires y Tierra del Fuego, que se ubican en el 8%, mientras que otros como Misiones, Salta y Jujuy pasan el 14, Catamarca el 15, Corrientes el 16, Chaco el 18 y Formosa el 20. (Fuente: http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/).

La salud es un elemento clave en el intento por medir la pobreza. Como lo es el acceso al agua potable, la alimentación, la vivienda y la educación, más allá de cualquier método. Aunque el modelo educativo de acceso gratuito e igualitario es un orgullo nacional de décadas, con mejoras por hacer y momentos de mayor o menor nivel, no hay intención de llevar esa experiencia a la salud, como otro gran igualador en condiciones y calidad de vida. La distribución en alimentos también continúa desigual, para un país con estos índices y la cantidad de producción anual, cercana a poder abastecer a 400 millones de personas. La vivienda agranda la desigualdad, y por ello a la pobreza, sin acceso a las redes cloacales, de gas y eléctricas para una minoría numerosa.

Es complejo calcular el número que sufre estas carencias básicas para garantizar una calidad de vida mínima. Concretamente, hay gente que las sufre, y la Consitución Nacional establece que es el estado quién debe tomar la iniciativa para brindarlas sin distinciones, y específicamente los representantes en los poderes políticos. Además, en el actual sistema económico, los mismos representantes tienen la responsabilidad de mejorar la distribución de la riqueza, aumentando el poder adquisitivo de los sectores con ingresos más desiguales, para que cada familia tome sus propias decisiones en relación a vivienda, alimentación, salud y educación. Las empresas tienen mayor fuerza a la hora de discutir individualmente o con sectores de trabajadores su propia distribución, y es el estado quién debe nivelar esa disparidad. Parte de esa distribución se da en las discusiones paritarias, y otra, en las políticas adoptadas día a día por el poder ejecutivo, legislativo y judicial.



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