04/05/2015

La ronda paritaria 2015: En la senda del conflicto

9dejulio_7_.jpgEl 2014 cerró con un escenario de relativa calma en el plano sindical. El Gobierno había logrado descomprimir en diciembre la presión de la dirigencia, combinando la exención de Ganancias del medio aguinaldo y las acusaciones de desestabilización. Aprovechando la sensación térmica, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, declaró en febrero con cierto grado de optimismo que preveía “paritarias tranquilas” para 2015 por la “desaceleración de la inflación”. También se estableció la pauta salarial que pretendía generalizar el gobierno: declamada de un 25%, estirable a un 30% en determinadas y zigzagueantes circunstancias, una de las más importantes, que se haga discretamente. Lejos de la pretensión gremial de recuperar el deterioro de los sueldos durante 2014 y cubrirse por una futura suba de precios. Por Indymedia Trabajadores.


En esos meses iniciales, algunos gremios que no veían clara la perspectiva económica y política en un año eleccionario, prefirieron firmar acuerdos “puente” y postergar la definición, como bancarios, petroleros, colectiveros, metalúrgicos y ferroviarios.

También en enero, firmó su acuerdo anual Soeme, parte de un -por ahora- selecto grupo de sindicatos de menor peso y exposición que han obtenido aumentos por arriba del techo oficial. Soeme cerró un 38 por ciento en dos etapas. Se le sumaron los árbitros del SADRA con un 35% en tres cuotas , en marzo los panaderos del FOEPA con un 35% en 4 tramos, los médicos bonaerenses de CICOP (CTA Autónoma) con un 36% de promedio -además de baja de edad jubilatoria y supresión de turnos de 24 horas de guardia- y en abril, los estacioneros cordobeses del Sintesype con un 38 por ciento para el 2015 en dos tramos, además de tres pagos no remunerativos. Pasaron mayormente desapercibidos.

La primera paritaria conflictiva y de alta repercusión fue la docente, que comprende en realidad decenas de negociaciones provinciales y comunales, y la nacional que se pretende ordenadora, encabezada por el ministro Alberto Sileoni. Las cinco organizaciones con representación nacional le plantearon 35%, ante lo cual el gobierno respondió con una propuesta más austera que la esbozada por Tomada: 22%, para enfocar el “punto medio” más cerca de sus intenciones originales, algo que finalmente logró. Firmaron un 27% nacional en dos cuotas, llevando el cargo testigo a un vergonzoso piso de $5.400 ($5.600 en agosto) sin consulta alguna a ningún gremio de base.

A nivel provincial, los acuerdos fueron apenas un poco mejores. La mayoría de los gobernadores se alinearon en ofertar el 25% oficial. La derrota de la izquierda en ATEN (Neuquén) y la apuesta del gobierno de Scioli de evitar que se repita en pleno año electoral una nueva huelga bonaerense de 17 días como la de 2014, fueron dos de los factores que influyeron en una ronda menos conflictiva.

En la provincia de Buenos Aires, docentes de Suteba, UDA, AMET y privados de Sadop, que integran el Frente Gremial, aceptaron sin mucho alboroto un aumento que el gobierno promocionó en los medios como de 40% por ciento -pero que implicaría cierta ingeniería matemática para que de ese porcentaje- y que lleva el sueldo inicial a 7.000 pesos. Otros gremios, como el Feb y el moyanista UdocBA, así como las seccionales combativas de Suteba, rechazaron el acuerdo, fundamentando entre otras cosas que la propuesta implicaba el “achatamiento de la escala salarial”, y sostuvieron el conflicto durante algunos días más.

En la provincia de Santa Fe, luego de una dura lucha impulsada por las seccionales opositoras y desinflada a conciencia por la conducción provincial de Amsafe de la yaskista Sonia Alesso (actual titular también de CTERA a partir del fallecimiento de Stella Maldonado), se terminó aceptando un aumento muy similar al ofrecimiento original, de un 31% promedio. La opositora seccional Rosario de Amsafe argumentaba su rechazo en que “un aumento promedio del 31% está por detrás de la inflación real del año pasado que superó el 35%. En los hechos significa una baja del salario real”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento fue de un 32% escalonado. Los sindicatos porteños comenzaron las paritarias exigiendo un 38%, poniéndose a tono con la inflación que marcan los indicadores del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, los funcionarios macristas, encabezados por el ministro de Educación Esteban Bullrich, lograron bajar esa suma. Así, en el mes de agosto el maestro que cumpla una jornada simple alcanzará un salario de $8.130.

En tanto, en Córdoba la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UPEC) aceptó la suba de entre un 31,8% y un 38.8% que ofreció el gobierno de José Manuel De la Sota aunque no sin problemas, ya que un sector opositor denunció que el gremio no acató la decisión de las asambleas.

Este breve repaso y la maraña que deja de cifras, con porcentajes relativamente altos que dejan como resultado un mal sueldo porque parten de uno miserable, señala uno de los problemas de centrar el debate en una cifra porcentual aplicada por igual a salarios diferentes, como pretende imponer el Estado. Parece injusto. Y lo es.

Para salir del pantano de los porcentajes

“Al salario lo fijan las necesidades, no el mercado”, se titulaba un documento suscripto por un conjunto de trabajadores estatales, aceiteros, docentes, de prensa y otros, reunidos en la sede de ATE Rosario en el año 2004, ante la primera convocatoria del kirchnerismo al Consejo del Salario. El impulsor era el reconocido abogado laboralista Horacio Zamboni, quien proponía recuperar al concepto del salario mínimo, vital y móvil según su definición legal.

“Durante el menemismo, el neoliberalismo avanzó en la destrucción del Derecho del Trabajo y condicionó la ejecución del salario mínimo vital a ‘la situación económica y a la productividad’”, se afirmaba en el documento. “De tal manera desapareció, por abandono, el salario mínimo y vital. Queremos que se recupere para los trabajadores el derecho a discutir su salario y conocer cuáles son las variables que conducen a establecer el mínimo que debe ganar un trabajador”.

El origen de la institución del salario mínimo en Argentina es producto de una auténtica victoria obrera. Su anuncio público el 10 de octubre de 1945 por parte del entonces Secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, derivó en forma inmediata en su renuncia y encarcelamiento, para ser pronto liberado por los trabajadores en la jornada del 17 de octubre, fecha mucho más recordada por el aparato peronista que el propio contenido de aquella lucha obrera, que continuó durante meses hasta que el 20 de diciembre fue firmado el decreto 33.302 del año 1945 (Ley 12.921). En fallido rechazo, la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio hicieron un lock out de tres días en todo el país del 14 al 16 de enero de 1946, mientras los trabajadores se movilizaban por su efectivo cumplimiento.

Una vez logrado, el salario mínimo se constituyó en parte de la llamada política de ingresos para los sectores no sindicalizados, que constituía a su vez -y lo sigue haciendo- la base de la negociación colectiva para los sindicalizados. Su efecto práctico y concreto fue el aumento del nivel de vida de la población argentina en su conjunto durante décadas. Para destruirlo, fue necesario aniquilar a los miles y miles de activistas y delegados que constituían la base del movimiento obrero argentino, uno de los objetivos fundamentales de la dictadura genocida de 1976. El programa neoliberal se terminó de concretar con el menemismo en los ’90, para que las patronales puedan tratar al salario como a cualquier mercancía, y venderlo por debajo de su valor si el mercado lo permite.

Aquel documento del 2004 buscaba recuperar para los trabajadores del presente el salario mínimo de entonces, y recordaba que se trata de un concepto definido legalmente en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que se trata de la menor remuneración que debe percibir un trabajador cualquiera y que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

El cálculo de los trabajadores aceiteros hoy, cuya Federación está conducida por obreros que llaman al fallecido Zamboni “maestro”, coloca esa cifra en $14.931 para marzo de 2015, muy lejos de los $7.000 que deja como resultado el ya no tan impresionante 40% de aumento bonaerense. Es lo que pasa cuando se deja de hablar de porcentajes y se empieza a hablar del verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo.

El paro nacional y después

Entretanto, el gran ordenador de las discusiones paritarias es el gobierno que las reinauguró. Y el gobierno baja la línea de discutir en términos de porcentajes, y todos lo hacen: sindicatos, medios, oficialismos y oposiciones. Aún más, en términos de un único porcentaje, el incierto cálculo oficial de la inflación. La recuperación de lo perdido en un año, y no el valor de lo necesario ahora.

Tan incierto es el cálculo que a la primera ronda de acuerdos “puente” en enero, argumentada en la necesidad de esclarecimiento a futuro, le viene sucediendo una segunda vuelta en el escenario más conflictivo de abril, marcado por el contundente paro nacional del 31 de marzo, que tuvo entre sus reclamos fundamentales el rechazo generalizado a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los asalariados.

El gobierno nacional respondió con dureza y negativas al reclamo. Aseguran algunas usinas informativas que la presidenta se guarda el anuncio de un nuevo “alivio” -ya que no de un cambio de fondo- para generar impacto electoral en la previa de las PASO presidenciales. Entre tanto, los meses pasan y la recaudación continúa.

El malestar gremial generalizado se tradujo en una advertencia concreta, con gremios pidiendo elevar ganancias a $ 35.000 o anunciando que reclamarán subas de hasta 46%, lo cual generó a su vez una serie de respuestas, con el ministro Tomada advirtiendo que no homologaría tales aumentos, en el caso de que los gremios lograran arrancárselo a las patronales.

Más dura fue la intervención de Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, poniendo un techito del 20%, y echando leña al fuego al hablar de un futuro “sombrío” y del fin de las paritarias. La patronal le dió así un respiro al oficialismo, calzándose un rato el traje de villano y permitiéndole a precandidatos como Florencio Randazzo recordarles una vez más a los trabajadores que las paritarias son una graciosa dádiva de este gobierno.

Más se enojaron los dirigentes sindicales al difundirse el 9 de abril que los petroleros cerraron una nueva suma puente de hasta $21.000, dividida en tres cuotas de $6.000 a percibir en abril, mayo y junio, más un extra de $3.000 con el aguinaldo. El punto crítico es que los petroleros incluyeron de nuevo una cláusula que les permite esquivar el impacto de ganancias. “Claramente es evasión”, reconoció el petrolero moyanista Guillermo Pereyra, números dos de la CGT Azopardo, una vez sellado el acuerdo.

A pesar de todo, la conflictividad por paritarias se mantuvo en términos mínimos durante el transcurso de abril. El caso de la UOM es paradigmático. Lleva años Caló quejándose por lo mucho que le da al gobierno y lo poco que recibe a cambio. En la negociación pidió un aumento del 32%, muy cercano a la pauta oficial del 30, y se lo negaron. A lo largo de las seis audiencias fracasadas que lleva la negociación, le plantearon que firme un puente y luego le volvieron a imponer un acuerdo anual, que pretenden que se firme “sin un 3 por delante”, y que sirva de ejemplo para el resto de las negociaciones del sector privado, y para algunas estatales también.

A pesar de que Caló bajó sus pretensiones a un 30% escalonado, el gobierno respondió a los pedidos de hasta 46% volviendo a su 25% de febrero, al menos en los papeles. Se especula que la oferta se complementaría con algunos adicionales, como una suma fija, algo que Caló ya ha firmado anteriormente. Entretanto, arrastra desde su congreso nacional de delegados, realizado el 16 de abril en Mar del Plata, la resolución de un paro de 36 horas que no termina de concretar.

La demora en el cierre de la UOM complica la definición en otras paritarias clave, que están esperando que Caló se prenda fuego primero, como comercio y bancarios. En este último caso, la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, decidió iniciar un plan de acción nacional que, luego de la audiencia en el Ministerio de Trabajo del martes 5 de mayo, incluirá asambleas en todo el país y los bancos el 6 y 7 durante las dos últimas horas de atención al público y con interrupción de las tareas, y un paro de 24 horas la semana siguiente, con concurrencia y marchas en las seccionales. Reclaman una suba de 33% más una compensación por los descuentos de ganancias.

Sin embargo, si hay una paritaria que ha alcanzado alta tensión es la del sector aceitero. Allí, existe una unidad de acción entre la Federación nacional de trabajadores aceiteros, junto a la CGT de la ciudad de San Lorenzo. Tienen la capacidad conjunta de paralizar la exportación granaria desde Timbúes a Bahía Blanca, con foco en el Gran Rosario, principal complejo agroexportador del país. Desde el arranque, para forzar el inicio de la propia negociación de los acuerdos, que vencieron el 31 de marzo -por coincidencia fortuita, misma fecha del paro nacional- se vieron obligados a decidir la continuidad del paro, que duró medio día más hasta que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a la primera audiencia. Luego de un mes estéril, la conciliación vencerá el lunes 4 de mayo y ambas organizaciones ya advirtieron que lanzarán medidas de fuerza. Su impacto se verá reforzado por una medida lanzada de forma independiente por ATE Senasa por 96 horas, durante esa misma semana.

Un hecho ensombreció la ya dura negociación: el incendio intencional de la calada y los vehículos de los trabajadores aceiteros en la planta que la multinacional Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos. Enormes instalaciones, en cuya playa de estacionamiento entran mil camiones. El hartazgo de los transportistas por las excesivas demoras habrían sido el desencadenante, pero corren versiones policiales de supuestos “encapuchados” que la cámara patronal -la CIARA-CEC- ha intentado vincular a los obreros. Por su parte, la Federación aceitera denunció la responsabilidad patronal por “continuar esta práctica de otorgar cupos de camiones más allá de toda previsión de descarga” y señaló que “no sólo es irresponsable sino que tiene el objetivo deliberado de crear un clima hostil y violento en el marco de la negociación colectiva que se lleva adelante en las paritarias en curso”.

El capitalismo no es más que la ley de la selva. El máximo beneficio. Y esto es verdad en particular para multinacionales como Bunge, Cargill o Louis Dreyfus Commodities, que controlan el comercio granario mundial. No basta con tener unos “beneficios normales o razonables”, sino que hay que conseguir una ganancia que permita a las empresas distanciarse de sus competidores. Como ya escribía Karl Marx: “Al capital le horroriza la ausencia de beneficio. Cuando presiente un beneficio razonable, se envalentona. Al 20%, se entusiasma. Al 50% es temerario. Al 100% arrasa todas las leyes humanas y al 300% no se detiene ante ningún crimen”.

Por un punto de la tasa de ganancia están dispuestos a todo. Cada uno de esos puntos en disputa en la paritaria es para ellos o para nosotros, los trabajadores, para la vida digna de cada una de nosotras y de nosotros, y para nuestras familias. Un concepto que es tan profundamente nuestro, y si no escuchemos a nuestros hermanos originarios cuando hablan del buen vivir, que viene de las raíces de nuestra América. Es nuestro derecho. La paritaria es una batalla central de la clase.

Foto Portada: En La Vuelta



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