Torturas y muerte en las cárceles bonaerenses
La semana pasada comenzó el juzgamiento de 6 agentes penitenciarios por la muerte de un joven de 26 años en la Unidad 46 de San Martín, ocurrida en el año 2012. La CPM acompaña a la familia de Patricio Barros Cisneros y al CELS en este nuevo paso en su búsqueda de justicia. Reproducimos comunicado de Comisión Provincial por la Memoria
El 28 de enero de 2012 fue asesinado a golpes y patadas Patricio Barros Cisneros, detenido en el Pabellón 1 de esa unidad. Se constataron más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo, además de una gran cantidad de lesiones compatibles con mecanismos de defensa frente a un ataque. Una muerte atroz, bestial, fuera de todo límite de humanidad. Las autoridades dijeron que se trató de autolesiones provocadas por el propio Patricio, que se había golpeado la cabeza contra los barrotes de una puerta hasta morir. Una medida de resguardo de los testigos desbarató la maniobra de encubrimiento que pretendían instalar los agentes penitenciarios.
Dos días después del crimen, la Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité Contra la Tortura, representantes del CELS y funcionarios judiciales realizaron una inspección en la Unidad: decenas de testigos temerosos describieron minuciosamente los hechos. Incluso los tres detenidos que propuso el Servicio Penitenciario Bonaerense como testigos de su versión le contaron al fiscal que habían sido forzados a firmar el parte oficial. Todos los relatos fueron coincidentes sobre cómo fue el asesinato.
La CPM subraya la importancia de juzgar por torturas «“en este caso seguida de muerte- a estos funcionarios públicos. La tortura es una práctica sistemática en las cárceles bonaerenses, federales y de las restantes provincias argentinas. Sin embargo el Poder Judicial omite cumplir con su rol de controlar e impedir estas graves violaciones a los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo tampoco avanza en la implementación de políticas de prevención, asistencia o sanción de la tortura. Y no por desconocimiento de lo que sucede, sino por falta de decisión política para hacerlo.
Desde hace 10 años, la CPM reclama en sus informes anuales y denuncias nacionales e internacionales acciones urgentes para revertir esta situación. Desde 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, ante el pedido de la CPM y el CELS, por los altos índices de violencia y tortura dentro del mismo Complejo San Martin.
Pese a esto, el gobierno provincial no solo no adoptó medidas activas para resolver estos problemas sino que obstaculiza las tareas de monitoreo independientes, negando acceso a la información y prohibiendo documentar las torturas mediante registros fílmicos o fotográficos.
La larga lucha de gran parte de la sociedad argentina por memoria, verdad y justicia ante las atrocidades de la dictadura militar sólo serán parte constitutiva de nuestra democracia cuando se asuman de la misma manera la lucha contra las atrocidades del presente.
La CPM está integrada por:
Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Aldo Etchegoyen (presidente), Víctor Mendibil (vicepresidente), Elisa Carca (vicepresidenta), Mauricio Tenembaun (secretario), Roberto Cipriano García (pro-secretario), Susana Méndez (tesorera), Ana Barletta (pro-tesorera), Luis Lima, Martha Pelloni, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro / Por Senado de la Provincia: Emilio López Muntaner y Horacio López.
Consultores académicos: Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes, Chicha Mariani, Osvaldo Bayer / Miembro emérito: Obispo Miguel Hesayne.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provincial 12.642/00 – aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA