La CPM pide la desclasificación de los archivos de inteligencia
El debate actual, suscitado por la muerte del fiscal federal Dr. Alberto Nisman, descubrió a los ojos de la sociedad la trama oculta del funcionamiento siniestro de los servicios de inteligencia, aún no desmantelados. En el imprescindible desafío de la reforma estructural de todo el sistema de inteligencia nacional y de las provincias, la desclasificación de sus archivos es una de las tareas a emprender para profundizar el proceso de democratización del estado. Por Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Múltiples preguntas emergen en estos días. ¿Para qué sirven las agencias de inteligencia? ¿Cómo y para qué el Estado ha espiado a sus ciudadanos en los diferentes tiempos históricos? ¿Qué han hecho las centrales de inteligencia con la información que producen y recolectan? ¿Hasta dónde penetran en el tejido social las diversas acciones de espionaje? ¿Qué rupturas y continuidades es posible advertir si se comparan los tiempos de dictadura y los tiempos de democracia? ¿Cómo han cooperado entre sí las diferentes agencias de inteligencia que operan en los múltiples territorios y escalas? ¿Quién espía, a quiénes se espía, por qué y para qué?
En torno a estas y otras preguntas, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires viene trabajando desde el año 2000, cuando asumió el desafío de custodiar y gestionar el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (DIPPBA). La ley 12642, votada por unanimidad en la Legislatura provincial ordenó la desclasificación de este Archivo y entregó a la CPM su custodia. A lo largo de estos 15 años, la delicada y valiosa tarea de análisis y apertura al público de este acervo documental de más de 4 millones de fojas permitió acumular una vasta experiencia de trabajo que habilita múltiples reflexiones en torno a las prácticas de inteligencia que han tenido y tienen lugar en la Argentina.
Un riguroso análisis de las tareas de espionaje realizadas durante más de 40 años por la DIPPBA, los documentos públicos recolectados por sus agentes, los informes y legajos elaborados y clasificados minuciosamente, la realización sistemática de grabaciones audiovisuales y su prolífica producción de material de doctrina permiten dar respuesta a algunas preguntas necesarias para comprender qué lugar ha ocupado y ocupa en la gestión del Estado la maquinaria sigilosa y solapada de las agencias de inteligencia.
Hasta que la DIPPBA fue disuelta en el año 1998 mediante la Resolución Nº 9 del 30 de abril de 1998, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Dr. León Arslanián, miles de ciudadanos argentinos «“hombres, mujeres, niños, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos- fueron espiados, fichados y, en muchos casos, perseguidos y reprimidos sobre la base de estos registros de inteligencia.
Desde los anarquistas de la primera mitad del siglo XX hasta los constituyentes provinciales de 1994. Desde las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura militar hasta Rosa Bru y los familiares y amigos del estudiante de periodismo desaparecido en 1993. Desde los integrantes de una asociación cooperadora de alguna institución de bien público muchos años previos a 1976 hasta los sindicalistas organizados en torno a Astilleros o protagonistas de la marcha federal en la década del 90. Militantes sociales y políticos de todas las trayectorias políticas: comunistas, peronistas, socialistas, radicales, etc. Integrantes de organizaciones armadas. Todos fueron espiados por agentes de la DIPPBA y tienen ficha y legajo en el archivo que hoy gestiona la CPM.
El de la DIPPBA es el único archivo perteneciente a una fuerza de seguridad que se encuentra desclasificado en su totalidad. Es la mirada del Estado espía la que se puede advertir en sus registros, y la apertura en el año 2003 la que la pone a la vista pública. Este es su rasgo más singular y sobresaliente.
En este sentido, la gestión de la CPM sobre el archivo de la DIPPBA ha constituido un valioso aporte para juicios por delitos de lesa humanidad, las búsquedas personales de víctimas de la represión y los investigadores. Casi diez mil ciudadanos consultaron el Archivo y pudieron ver sus legajos. En muchos casos, la documentación encontrada les ha permitido acceder a leyes reparatorias o ha sido presentada en instancias judiciales. En los juicios por delitos de lesa humanidad, estos mismos documentos de la DIPPBA han sido tomados como prueba en muchas de las sentencias condenatorias a represores de la dictadura.
Pero además, por su dinámica, su modo de funcionamiento, su pertenencia a una comunidad informativa integrada a agencias de inteligencia -la SIDE, el Ejército y la Gendarmería, entre otras- el archivo de la DIPPBA permite revelar, explicar y comprender muchos aspectos centrales que dan cuenta de los modos en que el espionaje ha resultado para el Estado una herramienta fundamental de control y disciplinamiento.
«El postulado parte de la base de saber quién es quién, es decir, tener registrado a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”. Esta frase, extraída de un legajo del Archivo de la DIPPBA, sintetiza la intencionalidad del seguimiento realizado de forma sistemática por parte de la policía provincial sobre los ciudadanos bonaerenses a través de su Dirección de Inteligencia en articulación con otras agencias de inteligencia.
Además:
Acompaña este informe algunos documentos del Archivo. El objetivo es difundirlos para que tomen estado público como un modo de penetrar en la trama secreta y oculta de la inteligencia estatal y así tener plena conciencia de lo que implica su actuación como atentatoria de los derechos de las personas, claramente incompatible con la vida democrática.
Documentos:
-Legajo sobre Madres de Plaza de Mayo (1982): Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo nº 20.804
Ocho documentos del legajo. Contiene fotos, e informes de inteligencia de la DIPPBA, del Destacamento 101 de Ejército y de la SIDE.
-Legajo sobre Masacre de Ingeniero Budge (1987): Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo nº 26.185.
Tres documentos que pertenecen al legajo acerca del asesinato en manos de la Policía Bonaerense de tres jóvenes en la localidad de Ingeniero Bugde el 8 de mayo de 1987. Sus derivaciones judiciales, el impacto social y político.
-Legajo sobre las movilizaciones contra el Punto final (1987): Mesa Referencia, Legajo nº 18.453 y Legajo Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo nº 25.563:
Cinco documentos de dos legajos que reúnen informes de inteligencia, panfletos, recortes periodísticos que dan cuenta de las distintas reacciones, tanto de partidos políticos como de organismos de DDHH, a partir del proyecto de ley que se conocerá como «Punto Final”.
Legajo sobre el «Ensenadazo” (1992-93): Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 39, Legajo Nº 43
Cuatro documentos del legajo que da cuenta de las medidas de resistencia a la privatización llevadas adelante por los trabajadores del astillero Río Santiago, en su mayoría nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado.
Legajo sobre la Marcha Federal (1994): Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo nº 35.682
Cinco documentos que dan cuenta de la organización de la marcha, su convocatoria y realización así como del impacto que tuvo. Numerosos y detallados informes de inteligencia ponen de manifiesto la vigilancia sobre los organizadores y participantes a la marcha.
Legajo sobre la Asamblea Constituyente de la Provincia de Buenos Aires (1994): Mesa A, Carpeta 37, Legajo nº 418
Ocho documentos pertenecientes a tres tomos de un legajo que reúne casi 900 fojas con recortes periodísticos, informes de inteligencia acerca de los debates, tensiones y negociaciones entre los convencionales reunidos con el objeto de reformar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Video:
Fragmentos de las grabaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia durante la década del 90.
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