08/02/2015

Otra inundación en La Plata

tapaaa-5.jpgPrecipitaciones de casi 120 milímetros en una hora y media el jueves 5 de febrero en la madrugada provocaron una nueva inundación en La Plata, con 40 evacuados, 25 de ellos menores, y un metro de agua en algunas localidades. A casi 2 años del temporal que dejó 89 muertes confirmadas por la justicia provincial, continúa la polémica por las obras sin realizar en los años anteriores, y desde la tragedia hasta hoy. Por Alejandro Ordos para ANRed.


Hace 4 meses, en octubre de 2014, Vecinos Autoconvocados de Tolosa, parodiaron un informe que recibieron en sus casas del municipio de La Plata. “Muchas obras hidráulicas fueron PROMETIDAS (a 18 meses, la mayoría siguen incumplidas)”, fue como titularon su respuesta. Allí detallan las obras “no realizadas en el Arroyo el Gato, el arroyo Maldonado”, afirman que “no se protegen los bañados”, que “no hay informe del estado de los sumideros” y que “no hay plan de reducción de riesgo como pide Naciones Unidas”.

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La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner había declarado días después de la tragedia del 2 de abril de 2013, que frente a “la inoperancia y la ineficacia, lo que más la terminan sufriendo son los vulnerables, lo que más protección tendrían que tener”, y subrayó que “hay problemas estructurales que no tienen que ver con el temporal”. En este sentido coincide una nota del Colectivo Tinta Verde, dónde citan un informe de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que sostiene que una de las causas del desastre fue la falta de obras de infraestructura, que en la última década no se concluyeron o quedaron solo en anuncios. Allí indicaban que “se construye sin planificación en una ciudad de bajo crecimiento poblacional, siguiendo la lógica de maximización de la rentabilidad del suelo, expulsando a los pobres a localizarse en áreas más vulnerables y avanzando sobre cuencas y arroyos, espacios verdes y humedales, alterando la regulación hídrica natural del territorio”. Otro informe iba en la misma dirección, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, en el que adjudica responsabilidades compartidas entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Las obras de estructura hidráulica no estaban preparadas para el evento, el alerta meteorológico no fue emitido a tiempo, y las acciones desplegadas por los funcionarios públicos fueron tardías, insuficientes, y caóticas, afirmaba.

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El gobernador Daniel Scioli había declarado que 400 milímetros de lluvia cayeron en La Plata ese mismo 2 de abril, aunque fue corregido luego por el Servicio Meteorológico Nacional, que aportó el dato oficial de 181 milímetros, y en algunas localidades más de 250. El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, responsabiliza al gobierno provincial por negarse a reglamentar la Ley de Bosques Nativos. Afirman que está a la espera de cerrar negocios inmobiliarios proyectados en la costa del Río de la Plata, desde el Delta hasta Ensenada. En estas últimas décadas se han levantado autopistas, elevados terrenos para la construcción de barrios cerrados, se han rellenado humedales y cuencas de arroyos, modificado sus cursos y el de ríos, aportan como causas de las inundaciones.

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El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, tuvo una mirada diferente de la inundación que también afectó a la Ciudad de Buenos Aires, a la que se refirió como una “tragedia climática”. La Asamblea No a la Entrega de la Costa, de Avellaneda y Quilmes, iba en otra dirección y decía que el problema es la ausencia de planificación urbano-ambiental responsable, que ponga fin a los negociados inmobiliarios que involucran a funcionarios nacionales, provinciales y municipales K y PRO, entre otros. Para ellos, los bosques nativos generan servicios ambientales fundamentales, como la amortiguación de las inundaciones. Ya en abril de 2014, a un año de la tragedia, afirmaban que se proseguía con la política de priorizar ganacias antes que las necesidades sociales. El Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, responsable de aplicar la ley de Bosques a fin de protegerlos, avala emprendiemientos inmobiliarios sobre ellos pese a las denuncias, y eso traerá consecuencias irreversebiles a corto y largo plazo, sostenía la Asamblea.

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En julio del año pasado, la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, confirmaba en 89 las muertes por la inundación del 2 de abril de 2013, y rechazaron la apelación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la fiscalía de estado, que reconocía 67. En septiembre de 2014, Soledad Escobar y Gabriel Prósperi presentaron un libro, Lo que el agua no encubrió, dónde relatan detalles de las irregularides que se produjeron en la investigación luego de la inundación. “Hay llamadas de emergencia al 911 que pudimos rescatar, donde vemos que los mismos policías informaban que había muertos en las calles que después no aparecieron en ningún registro, o testimonios de gente que vio cadáveres y luego no aparecían en ningún lado”, contaba Escobar en la presentación del libro. También el caso de una enfermera del Hospital Gonnet, dónde la policía llevaba cuerpos de fallecidos pero no dejaban que sus datos sean computados porque no correspondía a esa institución. Casos similares fueron denunciados por el Partido Obrero de La Plata, Berisso y Ensenada, en conjunto con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, como dos cuerpos con el certificado de defunción de una sola persona, o certificados tergiversados en las causales de muerte. En su comunicado a un año de la tragedia, hacían responsable al mando de la policía científica, Pablo Daniel Vazquez y Carlos Jaime, cuestionados con anterioridad por el caso Candela, al accionar del poder judicial provincial, del registro de personas, al poder político provincial todo, con la sospecha de que no tanto entramado no se lleva adelante sin una orden, o por lo menos un encubrimiento del poder ejecutivo provincial.

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