13/11/2014

Santiago del Estero: Continúa el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra

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Bajo el lema “Ni un muerto más por el derecho a la tierra, Cristian Ferreyra presente”, campesinos militantes del MoCaSe Vía Campesina, se movilizaron hasta la localidad santiagueña de Monte Quemado, donde se realiza el juicio, por la muerte del joven, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 2011.
Desde el programa de la RNMA, Enredando las Mañanas, establecimos comunicación telefónica con Deolinda Carrizo, integrante del MoCaSe, quien nos dio detalles de los amedrentamientos que aún siguen sufriendo las comunidades campesinas de la provincia de Santiago del Estero. Por RNMA


ELM: Nos preocupaba el clima luego de varios amedrentamientos incluida la interferencia a la Radio del MoCaSe

Deolinda Carrizo: En la localidad de Monte Quemado no han dejado de suceder conflictos por la tierra. Después de la muerte de Cristian (Ferreyra), han asesinado a Miguel Galván también en una situación de denuncia. La inspección del Comité de crisis, el relevamiento de las comunidades indígenas en el marco de la Ley 26.160, en el último tiempo, vienen particularmente por lo de Cristian. Antes que se supiera que iba a ir todo a Monte Quemado, los familiares y los que simpatizan con los Juárez hacen denuncias o amenazas contra los compañeros, de que cuando movilizáramos íbamos a tener alguien que nos matara.

A nivel general por la conflictividad que hay en las comunidades con empresarios se han sucedido diversos hechos. El 2 de setiembre, por ejemplo, un empresario de apellido Argivay, al que se le iba a inspeccionar de parte de la jefatura de Gabinete o del Comité de crisis, sacó una pistola sabiendo que lo estaban filmando, amenazando que esto se iba a terminar antes de diciembre, que todos los del movimiento íbamos a estar muertos que ellos están preparados, aparte de amenazas, fundándose que lo molestamos a él, porque le estábamos haciendo una denuncia…esa es principalmente su molestia. Ese empresario ha sido detenido y a los dos o tres días fue liberado por la justicia provincial y sabemos que la federal porque hemos hecho presentaciones y lo han citado para el 4 de noviembre para que dé explicaciones.

ELM: ¿Se presentó?

Deolinda Carrizo: No lo sabemos, creemos que si, porque ha salido de la excarcelación, pero a disposición de la justicia federal; es la primera vez que ha dado curso a este tipo de cuestiones, porque justamente lo hemos filmado. En otras ocasiones, en situaciones similares, no llegamos a realizar filmaciones o fotografías, por falta de herramientas y ahora lo agarramos a este sujeto haciendo lo que hizo. Es el símbolo, el sinónimo de muchos otros casos que monte adentro muchas familias tienen que vivir. Hemos tenido otra situación en la comunidad con el empresario Orlando Canido que es el representante de la gaseosa Manaos; hay una franja de territorio en la que está perturbando a las familias de Bajondo, Cachi, San Martín lote 5 y en la comunidad del lote 38. Este hombre el 15 de octubre fue a la madrugada con 15 personas armadas y ha desalojado a la familia Sosa de su propia casa. Luego se ha instalado ahí diciendo que iban a plantar y no lo hemos dejado. Insistimos para que venga una comisión especial de la capital santiagueña para intervenir pero lamentablemente ellos se han ido, no les sacaron las armas porque la policía de Quimilí le liberaron el camino para que se manden a mudar (sic).

La complicidad de la policía es pan de cada día contra los derechos de los campesinos que estamos desde hace generaciones produciendo, haciendo mejoras en el territorio y sin embargo esto lo desconoce la justicia. (Ramón) Tarchini Saavedra, es uno de los jueces que en varias oportunidades ha mandado órdenes de detención, de allanamiento en contra del campesinado.

ELM: Todo esto que ocurre se enmarca en otras violencias, ante un modelo de contaminación que está impuesto desde los distintos Estados, nacional, provincial, todo esto que está ocurriendo concretamente en Santiago del Estero ¿Qué es lo que exigen ustedes para que se pare?

Deolinda Carrizo: Después de la intervención de Santiago del Estero, en 2004, se ha conformado una mesa de diálogo tripartita, así la llaman, donde participan, los Estados provincial, nacional y las organizaciones sociales. En ese espacio se han planteado siete puntos, una era que desarmen los grupos violentos de la provincia, que entreguen los títulos donde están las comunidades campesinas-indígenas , que reconozcan esa forma de vida y se otorguen los títulos comunitarios, que se frenen los desmontes, que se haga una regularización en el seno de la aplicación de los agrotóxicos en forma indiscriminada que realizan los empresarios y que la producción campesina indígena tenga un presupuesto como cualquier tipo de producción. Hoy la mayor parte se va encaminando hacia el agro negocio y solo se ha dado un presupuesto para el Comité de crisis, un espacio de relevamiento de posesiones y un juzgado de derechos reales y ambientales que todavía no está funcionando.

ELM: ¿De estas siete medidas en estos 10 años no se ha avanzado en nada?

Deolinda Carrizo: Del 2007 para acá no. El Comité de crisis no ha intervenido para evitar la muerte de Cristian (Ferreyra) ni la de Miguel (Galván), actúa muy lento o después, en cuestiones que ya no se pueden revertir.



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