09/11/2014

Derechos humanos en cuarentena en el México de Peña Nieto

18_mexico_luis_gutierrez_diso_press.jpgCon los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se contabilizan 27.000 desaparecidos desde 2006. Los Estados europeos y los mercados sostienen al Gobierno del PRI pese a las denuncias dentro y fuera del país. Por Emma de Coro / Diagonal Periódico.


México genera el 24% de todas las denuncias que recibe la Comisión Interamericana de Derechos Huma­nos (CIDH) a pesar de que esta comisión cuenta con otros 34 países miembros. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa no hace más que añadir otras 43 personas a la lista de más de 27.000 desapariciones forzadas desde 2006, según cifras del Go­bierno. En este contexto, el Gobierno mexicano se ve obligado, para seguir la hoja de ruta marcada por los mercados financieros, a represaliar la movilización social y hacerlo de modo que no se vea dañada su imagen de cara al exterior.

Para cumplir con estos objetivos, el Gobierno de Peña Nieto ha seguido varias estrategias. Una es la creación de conflictos locales que sirvan de pretexto para la militarización del territorio. En segundo lugar, la implantación de reformas estructurales que doten de marco legal al control de la movilización social. Y, por último, la creación de un cerco mediático y discursivo que justifique las acciones represivas del Gobierno.

La guerra contra el narco

El conflicto con el narco ha sido el salvoconducto para crear una guerra que ha permitido la intervención militar en cualquier territorio. Gil­berto López y Rivas, periodista de La Jornada de México, explicaba a Diagonal su función: “La tarea política de la guerra contra el narco, iniciada en 2006 por el presidente Calderón, ha sido instalar el terror a través de la violencia, y servir de excusa para militarizar el país y represaliar todos los movimientos sociales. Esta guerra ha justificado no sólo el control de la población, sino el de los territorios para la penetración del capital”.

En el ámbito de las reformas, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas que se enmarcan dentro del llamado Pacto por México. Estas reformas estructurales afectan tanto a las comunicaciones como a la información o a la gestión de los recursos naturales. La reforma energética da vía libre al Gobierno para acceder a las zonas en las que haya recursos, aunque sea en contra de la opinión de las comunidades. “Con las actuales reformas, el Gobierno dice que no se podrá expropiar el territorio de una comunidad, pero se podrá ocupar el tiempo necesario. Este uso del lenguaje es de un cinismo absoluto”, explica Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Hu­manos Fray Bartolomé de las Casas. “Con todo esto dejan a la gente que hemos trabajado por la legalidad de las consultas, por la autonomía de las comunidades sin posibilidad de defensa”““lamenta López”“. “Estas reformas han permitido encarcelar el mes pasado a Mario Luna, opositor a la operación de trasvase del río Yaqui, o a Marco Antonio Suástegui, activista en contra del proyecto hidroeléc­trico La Parota, en Guerrero”.

En el campo de las comunicaciones y de la información se han aprobado reformas que permiten perseguir a las emisoras comunitarias que emiten sin licencia. “Lo hacen bajo la excusa de que están consumiendo espectro radioeléctrico, que es un bien común de los mexicanos ¿Cómo miden esto? Son razonamientos que rozan el absurdo”, concluye Víctor Hugo López.

Cerco mediático

Para justificar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se ha creado un cerco mediático y discursivo tanto dentro como fuera de México. Parte de este ejercicio de propaganda internacional de la gestión de Peña Nieto está teniendo lugar en el Estado español por parte de uno de los más poderosos grupos editoriales, el grupo Prisa.

“España es clave, ya que es el canal por el que llega la información al resto de Europa. Es increíble la hipocresía de estos medios que durante el año se la pasan publicando noticias de descabezados, crímenes, balaceras, y viene Peña Nieto y de repente México es el país de las oportunidades”, denuncia Eric Guerrero, estudiante mexicano miembro del movimiento YoSoy132.

Este movimiento estudiantil es uno de los más implicados en las movilizaciones por los estudiantes desa­parecidos. Sus propuestas de acción ya han llegado al Par­la­mento Euro­peo, a través del grupo Izquierda Unitaria. Su intención es crear desde el Parlamento Europeo una comisión de investigación para el caso de Ayotzinapa.

Cada vez son más los que denuncian que el Gobierno ya sabe dónde están los restos de los jóvenes, pero no lo dicen porque la tensión puede estallar. “La gente ya no pide justicia, porque está acostumbrada a que todo se cierre arrestando a unos pobres indígenas y metiéndoles cien años de cárcel. Por eso, en la impotencia y en la rabia se generan acciones como las que vimos esta semana en que se quemó la alcaldía de Iguala, el Con­greso, fruto de la rabia y de la desconfianza absoluta en las instituciones”, concluye Eric Guerrero. El 4 de octubre, la policía detenía al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pi­neda, como responsables intelectuales del crimen.


Foto portada: Vigilia en la Universidad de Sonora de Hermosillo / Luis Gutiérrez / Diso Press

Fuente y más información:

Las desapariciones políticas en México apuntan a las autoridades
En el México de la muerte “normal”




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