06/11/2014

Incertidumbre ante la prohibición en Catalunya de la consulta sobre el futuro político de este territorio

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Las impugnaciones contra la consulta catalana sobre el futuro político de este territorio son el reflejo de la limitada concepción de democracia que tienen el Gobierno y sus instituciones. Por Pablo Jiménez Arandia, Barcelona para Periódico Diagonal. Foto: RAMÓN FORNELL


INCERTIDUMBRE ANTE LA PROHIBICIÓN DE LA CONSULTA POR PARTE DEL CONSTITUCIONAL

La prohibición del 9N muestra las costuras del Régimen

En los balcones de Barcelona y del resto de Catalunya lucen desde hace meses senyeras, esteladas y carteles con una frase que llama la atención por su simpleza: “9-N. Votar es normal”. Una idea ““la de votar”“ que de manera automática asociamos a lo que entendemos por democracia y a cómo ésta se ejerce. En el último lustro, una de las grandes reivindicaciones que se han escuchado desde las calles y las plazas es el deseo de consensuar entre todos y todas decisiones que afectan al común. Sin embargo, la respuesta de aquellos a quienes van dirigidos esos gritos ha resultado decepcionante: utilizar las leyes para defender una idea autoritaria y muy limitada de democracia.

El próximo domingo, 9 de noviembre, se debe celebrar una consulta en Catalunya sobre el futuro político de este territorio. Una iniciativa que, según las encuestas de opinión, apoyan tres cuartas partes de la población catalana y que ha sido impulsada, negociada y aprobada por una mayoría similar en el parlamento autonómico. No se trataba de una votación vinculante ““es decir, con implicaciones legales inmediatas”“ sino de dos preguntas que pretendían tomar el pulso sobre el sentimiento soberanista entre los catalanes y catalanas. La primera de ellas interrogaba sobre la posibilidad de que Catalunya se convirtiese en un nuevo Estado y, en caso de respuesta afirmativa, si éste debía de ser o no independiente.La Constitución, redactada y aprobada en 1978, está pensada para que los referéndums autonómicos sólo se puedan hacer bajo el tutelaje del gobierno central
El 29 de septiembre el gobierno español recurrió la consulta catalana ante el Tribunal Constitu­cional. En unas horas este organismo decidía admitir a trámite el recurso y suspendía la votación. Tras días de calculados silencios, el gobierno de Artur Mas anunció que en la fecha señalada, en vez de una votación con las garantías electorales previstas, se celebraría una consulta similar a las que ya se habían realizado en Catalunya desde el 2009 a nivel municipal ““la primera de ellas, y más simbólica, fue la de Arenys de Munt”“, pero en esta ocasión en todo el territorio. Un cambio que poco importó al Ejecutivo de Mariano Rajoy: el viernes 31 de octubre, a poco más de una semana para el 9-N, el gobierno del PP recurría también la nueva pseudo-consulta ante el TC.

El profesor de Derecho Constitu­cional de la Universitat de Barcelona, Gerardo Pisarello, explica que las impugnaciones hechas desde Madrid se han basado en un doble argumento: por un lado, negar a la Generalitat las competencias para convocar una consulta de este tipo y, por el otro, interpretar que la votación vulneraba el principio de la unidad de España. “Se está haciendo una interpretación restrictiva de la legalidad constitucional e internacional, y un uso espurio de los órganos jurídicos”, comenta Pisarello: “Hay una especie de impugnación preventiva a cualquier mecanismo de participación que no se ajuste a los intereses del Gobier­no”. Y, en este caso específico, “una utilización de la idea de unidad como arma arrojadiza contra la libertad de expresión y el derecho de participación”, opina este jurista.

Más allá de las interpretaciones de los textos legales, hay un problema de fondo que subyace en este asunto. La Constitución, redactada y aprobada en 1978, está pensada para que los referéndums autonómicos sólo se puedan hacer bajo el tutelaje del gobierno central. Un cerrojo que sin embargo, en opinión de Pisarello, no impediría la celebración de consultas como la catalana “si se hiciese una interpretación abierta de la legalidad constitucional. (“¦) Una postura que no defiende ni el Gobierno, ni el PSOE, ni el Constitucional”¦ y que hace que nos encontremos ante un bloqueo institucional”. Por su parte, Joan Subirats, politólogo y colaborador en diversos medios de comunicación, considera que este autoritarismo del gobierno refleja “una mirada muy circunscrita a la parte procedimental de la democracia. Que deja de lado otros aspectos más basados en valores como la libertad, la justicia, etc.”, comenta.

En los últimos días la consulta catalana ha sido defendida también desde el extranjero por personalidades como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu o el activista argentino por los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel ““ambos galardonados con el Nobel de la Paz”“ a través de una carta en la que aseguran que “impedir que los catalanes voten parece contradecir los principios que inspiran las sociedades democráticas”. Ésta es una reflexión que se escucha con frecuencia en Catalunya, en boca tanto de personas a favor de la independencia como de otros con nulas aspiraciones soberanistas. Otra reflexión interesante es la que escribía en un blog de opinión el periodista Antonio Baños, el mismo día que Mas anunciaba la convocatoria del segundo ““y rebajado”“ intento de consulta: “Siempre he sostenido que en un caso evidente de imposibilidad legal como ésta, la importancia, la tremenda importancia radica en el puro gesto político del voto. La gramática internacional de la urna”.

Otra consulta impugnada por el Ejecutivo

A pesar de que el ruido mediático es incomparablemente menor, durante los últimos meses en las Islas Canarias se ha vivido un proceso que presenta algunas similitudes con el catalán. La oposición a unas prospecciones petrolíferas por parte de Repsol en aguas cercanas al archipiélago llevó al gobierno autonómico a convocar una consulta para conocer la opinión de los canarios sobre el modelo medioambiental y turístico de las islas. Poco después de este anuncio, el ministro de Industria, José Manuel Soria, advertía al Ejecutivo isleño de su falta de competencias para organizar una votación que, de nuevo, acabaría siendo impugnada.

https://www.diagonalperiodico.net

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