27/09/2014

El fin de la (auto)amnistía pinochetista

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La ley de amnistía, promulgada en 1978 por la dictadura militar de Pinochet, será anulada en los próximos meses. Por Daniel Araya Q. para Periódico Diagonal. Foto: El Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973.


Se hará “justicia, en la medida de lo posible”, fue la lapidaria frase con la que el entonces presidente chileno Patricio Aylwin sepultó buena parte de las aspiraciones de justicia respecto de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Una afirmación cuanto menos contundente si consideramos que se pronunció a pocas semanas de que se hiciese público el Informe de la comisión de Verdad y Justicia, en la que se investigaron detalladamente buena parte de las tropelías cometidas por la dictadura, y en el cual se detallaron, con nombres y apellidos, lo que había ocurrido con las más de 3.000 personas desaparecidas. Pero la de Aylwin no fue la única reacción. Un par de semanas previas a la declaración del expresidente, el Ejército, a la sazón aún comandado por el exdictador Augusto Pinochet, se acuartelaba bajo la excusa de unos ejercicios de enlace que nadie creía y que sonaban a velada advertencia.

Así, durante toda la década de los 90 un acuerdo tácito entre los llamados poderes fácticos y los la Concertación de Partidos por la Democracia permitió una transición lenta, soporífera y con una impunidad casi total. Habría que esperar recién al procesamiento del exdictador y su reclusión en Londres para que el silencio de la muerte se empezara a resquebrajar y se llevara ante los tribunales, y en algunos casos incluso tras las rejas, a algunos, principalmente, subalternos y mandos medios de la dictadura. Sin embargo, a día de hoy los procesados son escasos, Pinochet nunca fue llevado a juicio por sus crímenes contra la humanidad e incluso recibió en la tumba honores militares. Y, aún hoy en día, las Fuerzas Armadas y Carabineros continúan sin cooperar para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.

Ahora, a 36 años de promulgado el decreto ley de Amnistía el Gobierno de Michelle Bachelet ha anunciado su derogación. Un hecho que a la luz de los hecho parece simbólico, pero necesario.

Antecedentes

El decreto Nº 2.191, de 1978, más conocido como ley de Amnistía se promulgó bajo la idea de concederse a “todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas”, según apunta su primer artículo.

En tanto su segundo artículo dice: “Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”. Esto se tradujo en la liberación de 84 personas que tenían a sus espaldas largas condenas dictadas por los tribunales militares, y que debieron soportar toda clases de malos tratos y torturas.

Una medida que pretendía servir para maquillar el régimen, pero un gesto vacío toda vez que, posteriormente, a estas personas se les intentó expulsar del país y a los que se fueron por su propio pie se les prohibió luego el ingreso. Situación similar vivieron las 1.180 personas que tenían la pena de extrañamiento y que la ley supuestamente favorecía, pero que tampoco pudieron regresar al país. Además, en un claro ejemplo que retrata lo que fue la dictadura, se aplicó la ley de Amnistía a 1.009 detenidos desaparecidos

El fin

La derogación de la ley de Amnistía ha sido un anhelo largamente esperado por todas aquellas personas que sufrieron, directa o indirectamente, los crímenes de la dictadura y que había sido promesa de varios de los gobiernos de la Concertación. Además, desde hacía ya tiempo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU venía requiriendo al gobierno para que elimine esta ley.

Sin embargo, pese a que el ejecutivo contaba con las mayorías necesarias no había mostrado hasta ahora la voluntad de llevar adelante la modificación. El actual proyecto de ley, presentado por los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier (hijo del exembajador de Salvador Allende en Estados Unidos, Orlando Letelier, asesinado por agentes de la dictadura), cuenta con el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet. Ésta ha dado “suma urgencia” al proyecto, lo cual significa que la tramitación debe realizarse en los próximos 30 días hábiles por parte de un Parlamento en el que el gobierno tiene las mayorías requeridas para que salga adelante la modificación.

Este proyecto de ley cuenta, además, con el beneplácito de las organizaciones de derechos humanos. Éstas, a través de una declaración pública, han manifestado su “respaldo a la iniciativa legal que, respondiendo a una demanda histórica del movimiento por los derechos humanos y de la sociedad chilena, anulará la llamada Ley de Amnistía de 1978. Este cuerpo legal emanado de la dictadura militar fue y ha sido un obstáculo para lograr la verdad y la aplicación de justicia frente a las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”, señala el comunicado firmado, entre otras, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile.

Además, las agrupaciones firmantes señalan que la derogación de la ley de amnistía tiene en sí mismo “un valor que va mucho más allá de las meras consideraciones jurídicas. La ley de Amnistía forma parte de un conjunto de instituciones, decretos, leyes y consensos aún vigentes entre la élite política y empresarial, que hasta el día de hoy permiten y garantizan la violación de los derechos humanos.”

Por la anulación

Ahora resta el trámite en el Parlamente que entre otras cosas deberá determinar si la ley de Amnistía se deroga o se anula. Cuestión nada baladí, pues la derogación significa que el decreto deja de ser válido desde el momento en que se introduce la nueva ley; en tanto la anulación tiene una actuación retroactiva, como si nunca hubiera existido esta normativa.

Además, el tramite parlamentario abre otras posibilidades. Por ejemplo, la de modificar la ley que desde 2004 prohíbe la revelación de información recopilada por las Comisiones de Prisión Política y Tortura. En tal sentido el senador Letelier afirmó que “queremos que se revise la restricción que existe sobre los antecedentes que han reunidos los informes Valech y Retig, queremos que todos eso se conozca. Yo sé quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales del crimen de mi padre. No tengo cara de pedirle a otros chilenos que no tengan ese derecho”.

Se trata de una medida que si bien tendrá efectos concretos no deja de ser fundamentalmente simbólica, porque si bien los tribunales ya no la estaban aplicando, tampoco nadie se atrevía a tocarla. De esta manera Chile se pone al día, al menos en este asunto, en materia de derechos humanos y cumplirá un requerimiento que desde distintos organismos internacionales, como la Comisión contra la Tortura, y de las agrupaciones de afectados y familiares se ha venido exigiendo desde hace décadas.

“Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre”, decía la presidenta Bachelet en el 41 aniversario del Golpe de Estado. Lo cierto es que si no olvida, al menos sí se hace esperar. Han debido pasar más de 20 años de gobiernos democráticos para que Chile vuelva a recordar que seguía vigente la autoamnistía promulgada por la dictadura. ¿Será, acaso, un indicador de que la transición chilena, esta vez si, toca a su fin?

Datos de la dictadura

Hubo al menos 3.216 personas desaparecidas durante la dictadura, de acuerdo a los datos de la comisión de Verdad y Justicia.

Además, se calcula que hubo al menos 100.000 personas torturadas; un millón de arrestos por razones políticas; y miles de exiliados. De este total, sólo un 42% del total de ellas son investigadas en tribunales de justicia, procesos que tienen una duración de más de 11 años.

Entre 2002 y 2013 existían 1.350 causas de derechos humanos en trámite o bajo investigación contra más de 800 exagentes de la dictadura. A fines de julio de 2013, la Corte Suprema había resuelto 153 causas criminales, 140 de ellas con sentencias condenatorias. La mayoría de los condenados cumple su pena en libertad.

Entre el inicio de 2010 a octubre de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia en 36 casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ninguno de estos casos se aplicó la prescripción o la amnistía. Sin embargo, a la mayoría de los condenados se les aplicó la causal de “irreprochable conducta anterior” y en 24 casos se aplicó la prescripción gradual o media prescripción, que permite a los jueces rebajar en uno, dos o tres grados la pena. En ningún caso se reconocieron agravantes.

Menos de 70 exagentes cumplen prisión efectiva, entre los que destaca el que fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras. Las penas que se les otorgan por casos de violaciones de derechos humanos son muy bajas. Los violadores de derechos humanos cuentan con su propia cárcel que cuenta con una docena de cabañas climatizadas, áreas verdes, piscina, cancha de tenis y espacio para la realización de barcacoas.

https://www.diagonalperiodico.net



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