La Plata: una multitud volvió a reclamar por López
Una masiva movilización renovó ayer el pedido por la aparición con vida de Jorge Julio López, por el juicio y castigo a los responsables de su segunda desaparición forzada, y por el cese de las amenazas a los testigos en los juicios de lesa humanidad. Hubo fuertes críticas al Gobierno nacional por el rol que jugó en los ocho años que el testigo lleva desaparecido. «Ante el silencio y el encubrimiento del gobierno y la inacción de la justicia, fuimos las organizaciones querellantes las únicas que aportamos novedades en la causa”, señalaron en el acto. Por ANRed
Ocho años es mucho tiempo. Son 2.920 días en que la impunidad pretende ganarle a las luchas por verdad, memoria y justicia. Sin embargo, ayer volvió a quedar claro que si hay algo que los responsables de la desaparición de Jorge Julio López no pudieron lograr, es que se lo olvidara.
No sólo el reclamo por la aparición con vida sigue vigente, si no que además su figura encolumna detrás una serie de reivindicaciones vinculadas a los derechos humanos, a las políticas sociales y a las consecuencias del modelo económico y político vigente que muestran que su desaparición no es un hecho aislado, está íntimamente relacionada con políticas de Estado.
Ayer la movilización organizada por la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada se concentró a las 17:30 en Plaza Moreno. Una vez que miles de personas, diversas organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles, gremiales y de derechos humanos estuvieron encolumnadas, partieron en una enorme fila de interminables cuadras por diagonal 74, para llegar a Plaza Italia y girar hacia Plaza San Martín, frente a la Gobernación bonaerense.
Esta marcha estuvo precedida por varios días en que se realizaron distintas actividades (desde el pintado de murales hasta la organización de charlas o actividades culturales) para mantener viva la memoria de López y su historia.
A llegar a la Plaza San Martín, se realizó el acto en el que se leyó el siguiente documento, acordado entre todas las organizaciones participantes:
A 8 años de su segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a esta plaza porque al silencio del comienzo, el gobierno k dio paso al encubrimiento y a la impunidad con la complicidad judicial, policial y política.
Durante estos 8 años año a año fuimos planteando:
APARICIÓN CON VIDA YA! – 1 AÑO DE IMPUNIDAD K!
Fue estremecedor escucharnos de vuelta gritando esa consigna. Ninguno de nosotros deseaba estar aquel 18 de septiembre de 2006 en la Plaza San Martín cantándola. Pero ahí estábamos, y éramos miles. Mientras los Organismos de DDHH y las organizaciones del campo popular, cortamos calles, pintamos murales, escrachamos genocidas vinculados con la primera desaparición de López, desde el gobierno despego todo tipo de maniobras para encubrir su secuestro.
Y encima tuvimos que escuchar cosa aberrante como: al presidente Kirchner que exigía (no se sabe bien a quién) que apareciera «el compañero Tito”, al Gobernador Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense la investigación con una comisión con partícipes de la dictadura, a Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, que declaró que «López podría haber ido a visitar a una tía» y hasta los dolorosos dichos de Hebe de Bonafini, quien en momentos en que debería haber colocado todo el esfuerzo en la exigencia de búsqueda del compañero, sembró dudas sobre su condición de militante, manifestando que «había que investigar a López porque vivía en un barrio de policías”, revictimizando a la víctima una vez más!
ELLOS SABEN DÓNDE ESTÁ! – 2 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
Un año entero de impunidad en la investigación. Se desecharon todo tipo de pistas trascendentes, aportadas por el esfuerzo de los querellantes, en un proceso instruido por jueces cómplices que tenían fuertes vinculaciones con la institución policial directamente involucrada en el caso, cuyo mayor logro fue haber frustrado toda posibilidad concreta para conocer la verdad.
En ese momento la bonaerense contaba entre sus filas con más de 9.000 efectivos que habían participado la dictadura, a los cuales el entonces Ministro de seguridad León Arslanián decía que «NO LE RESPONDÃAN”.
Así fue como a 24 meses de la desaparición de Julio, se puso en la superficie lo que estaba oculto: las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades, para la cual la impunidad es necesaria, como sostén de sus políticas centrales, y para esto el aparato de poder muestra que hay «solidaridades corporativas”, y que tienen a sus congresales, a sus legisladores, a sus jueces. Pero también se tienen a sí mismos. Y ahí están para recordarlo.
SILENCIO K = IMPUNIDAD! – 3 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La primera desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos en el juicio a Etchecolatz. Pero ésta no fue la última porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su tercera desaparición marginado su caso de la agenda del «gobierno de los derechos humanos” y de todos los medios de «comunicación”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.
FALTA LÓPEZ FALTA JUSTICIA! – 4 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
Durante los 4 años que siguieron a la desaparición de López fueron continuas las desviaciones en la investigación para encontrar a sus secuestradores, y fue nula la decisión política por parte de los Estados Nacional y Provincial para identificar y castigar a todos los culpables. Al comienzo la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, desconociendo el hecho como una desaparición forzada. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio ninguno fue investigado. El allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de López, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes fueron todas enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.
LOPEZ VOTA! – 5 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La burla de 3 décadas de gobiernos constitucionales nos encontró a los 5 años de la desaparición de Julio López con un Estado que lo llamó a votar en las PASO en la Escuela Especial N° 535 de Los Hornos, como si nada hubiera sucedido. Y el pedido del colectivo «Justicia Ya!” para que se constate en los padrones la condición de «Elector Ausente por Desaparición Forzada” a favor de López, fue contestada por el Juez Blanco diciendo que «no existían razones que me habiliten para proceder del modo pretendido”. Para completar el cuadro, las elecciones PASO tuvieron como candidato a Concejal suplente en la lista del Frente Para la Victoria en Berisso al hijo mayor de López, Rubén, quien encabezó la escandalosa denuncia de su familia contra quienes «no lo cuidaron a López”, por lo tanto «responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio”: los jueces del proceso contra Etchecolatz y los querellantes.
6, 7, 8 AÑOS SIN LOPEZ! «“ 6 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno de estos hechos fueron esclarecidos, y todos tuvieron la finalidad de amedrentar a los futuros declarantes y frenar los juicios contra los genocidas.
El de López tampoco fue el único caso de un desaparecido en «democracia” ya que también continúan IMPUNES. Además durante los últimos períodos constitucionales hay más de 4.000 casos de gatillo fácil, en los cuales la Policía Bonaerense, principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de asesinatos.
NI VIVITO NI COLEANDO. DESAPARECIDO EN DEMOKRACIA! – 7 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En mayo de 2013, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno Kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo. En el acto de inauguración de la nueva Biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta Cristina Fernández desvarió durante media hora regalando notebooks y citando a Charly García, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que «por suerte hoy nadie puede desaparecer, y estamos todos vivitos y coleando”.
Esta provocación de venir a la ciudad donde faltan Andrés Nuñez, Miguel Bru y Jorge Julio López a pintar un presente color de rosa, es digna de un gobierno que mantiene en el más absoluto silencio que a 7 años de su desaparición, en la causa López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido.
Ante el silencio y el encubrimiento del gobierno y la inacción de la justicia, fuimos las organizaciones querellantes las únicas que aportamos novedades en la causa.
El año pasado hicimos la campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por Jorge. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo «no corresponde”, «resulta inadecuado” y «todas las medidas ya han sido evacuadas”.
Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que se pronuncien, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, que se investiguen las responsabilidades y que se llame la atención al Estado para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN.
BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD.
CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD.
11 años pasaron de que con la lucha de todo el pueblo logramos anular las leyes de impunidad. Son 11 años del gobierno kirchnerista que no ha resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy.
Sólo se ha condenado a 480 represores y cómplices de la dictadura por sólo 2.860 víctimas. Esto representa menos de 1 represor condenado por cada CCD y marca claramente que la pretendida «política de Estado” de investigar y condenar los crímenes del pasado no existe, y que en realidad sigue reproduciendo la impunidad.
En nuestra ciudad, donde deberían investigarse los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más la actuación del Ejército y la Armada, se condenó hasta ahora a sólo 46 represores en 10 juicios parciales y fragmentados.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA, A SUS CÓMPLICES CIVILES-JUDICIALES-RELIGIOSOS, Y A TODOS LOS QUE COLABORARON CON EL GENOCIDIO.
QUEREMOS JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYAN A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE PASARON POR ESOS CAMPOS, Y TODOS LOS DELITOS QUE ALLà SE COMETIERON.
En estos años la política de Restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas no presentó grandes avances: si bien hubo 115 restituciones de identidad desde 1983, sólo 43 fueron realizadas en los últimos 11 años, y resta resolver más del 75% de los 500 casos denunciados hace décadas.
El Estado no hace nada para devolver su identidad a los jóvenes apropiados, y delega su responsabilidad en los organismos de DD.HH. y en campañas publicitarias. Como en los últimos dos casos, los jóvenes se encuentren a sí mismos, es el fracaso de las políticas de Estado en este sentido.
En este marco, está amenazado uno de los órganos clave para la restitución de los jóvenes apropiados. El kirchnerismo está empecinado en trasladar, sin fundamentos, el Banco Nacional de Datos Genéticos desde Hospital Durand a una nueva sede en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La jugada encubre la intención de convertir al Banco en un negocio en sociedad con laboratorios y capitales privados del área de la salud, restringiendo su competencia sólo a los casos de lesa humanidad del «™76 al «™83.
Los organismos de DDHH, organizaciones políticas y sociales venimos defendiendo la continuidad de la actual sede del Banco en el Hospital Durand, y manifestándonos contra el desguace y vaciamiento, y la inconstitucionalidad de la nueva ley del Banco porque atenta contra el derecho a la identidad al excluir las causas de desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales y al obligar a todo aquel que necesite un análisis de ADN por un conflicto de filiación a pagar en laboratorios privados.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG.
POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ENTREGADORES DE NIÑOS, APROPIADORES Y CÓMPLICES.
En estos 8 años de impunidad venimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas de parte de las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de nuestra ciudad de La Plata (Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006) sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición en dictadura, hacia el actual disciplinamiento social en democracia de todo aquel que no sea util al sistema.
Los casos de Luciano Arruga, Facundo Rivera Alegre y Daniel Solano son sólo algunos de los más de 200 casos de personas desaparecidas por el aparato represivo desde 1983. A lo que hay que sumar los miles de casos de secuestro de personas para la explotación sexual, en las redes de trata con complicidad política, policial y judicial. Como el caso de Sandra Ayala Gamboa, entre tantos otros casos impunes, desde acá denunciamos la reciente desaparición de Nelly Fidencia Ramos, de 23 años, ocurrida el 13/09 en el Barrio Altos de San Lorenzo.
En las cárceles ocurre una muerte violenta cada 37 horas y el 70 % de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social.
La criminalización de las luchas de nuestros pueblos originarios por sus tierras, y de los sectores que se resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros recursos naturales es el símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno.
Este gobierno, que por un lado dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, quiere negociar la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Por eso sostiene y encubre al genocida Cesar Milani al frente del Ejército. Quiere prohibir la protesta, y descarga el peso del aparato judicial para perseguir a los que luchan. Sólo hay 1.500 genocidas procesados, y más de 5.000 luchadores criminalizados por exigir sus derechos. Agravando las imputaciones al utilizar figuras penales gravísimas.
En los últimos 4 años han sido asesinados más de 30 luchadores populares en manifestaciones y estos crímenes permanecen impunes.
Desde terminada la dictadura, los diferentes gobiernos constitucionales, tanto nacional como provinciales, han ido perfeccionando el aparato represivo: sumando agencias policiales, creando herramientas como la «Ley anti-terrorista” reformada en 2011 y la ley antipiquetes, militarizando los barrios pobres de la todas las grandes ciudades y mediante los operativos de la Gendarmería del Proyecto X, los infiltrados y los «Caranchos” que conduce el fascista Sergio Berni, muestra la verdadera cara de la política de seguridad de este gobierno.
Ahora, con el pretexto de la inseguridad el gobernador Scioli pretende un nuevo lavado de cara a la nefasta Bonaerense con el proyecto de las policías comunales. Su intención es reforzar el aparato represivo que seguirá en manos de la Bonaerense con la complicidad de los intendentes, con sus patotas y mafias locales.
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÃAS.
FUERA LOS FASCISTAS BERNI Y GRANADOS.
FUERA LA POLICÃA BONAERENSE, COMUNAL Y GENDARMERÃA DE NUESTROS BARRIOS.
LIBERTAD A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS. LIBERTAD A ESTECHE Y LESCANO, Y A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR.
La impunidad del aparato represivo, su reforzamiento y su transformación, tiene un objetivo claro. El gobierno nacional necesita de estas fuerzas para continuar con el ajuste en curso, descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Este año comenzó con una devaluación de la moneda dispuesta por el Gobierno nacional que fue un verdadero mazazo contra los trabajadores, echando más leña al fuego de una inflación que carcome a los ingresos populares. La devaluación se sumó al tarifazo en el transporte y los topes salariales impuestos por el gobierno. Y es un premio a los grandes empresarios, licuando los salarios. Este gobierno se ha dedicado a ser «pagador serial” de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, priorizando los acuerdo con el FMI, el Club de París y todos los fondos buitres, por sobre las necesidades aun existentes en materia de jubilaciones, educación, salud y vivienda.
NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGITIMA, FRAUDULENTA Y USURARIA
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUESIERON
SALARIO=CANASTA FAMILIAR
Este 2014 se inició con la histórica lucha docente en las principales provincias del País. Luego, el paro nacional del 10 de abril se convirtió en un pronunciamiento nacional de la clase obrera contra el ajuste, con masiva adhesión en los lugares de trabajo. En los últimos meses vemos como aumentan y se reproducen las luchas contra los despidos y las suspensiones, centralmente en la industria automotriz, en la construcción y en comercio. En todos estos casos, las patronales tienen como aliados fundamentales a la burocracia sindical y al ministerio de trabajo. La lucha de Gestamp, luego de que la multinacional española despidiera a 67 trabajadores, la pelea de los trabajadores de EmFer y TATSA, en defensa de los puestos de trabajo y contra la política de vaciamiento del gobierno nacional hacia el trasporte público, la lucha de los trabajadores del diario HOY en nuestra región contra los despidos y la precarización laboral, se suman a la lucha de los trabajadores de la autopartista Lear, que ya llevan más de 100 días acampando en la puerta de la fábrica y han realizado hoy la 9na Jornada Nacional de Lucha contra los despidos de esta multinacional buitre, y a la de los trabajadores de la gráfica ex-Donnelley, que luego de que la multinacional yanqui se retire aduciendo una crisis fraudulenta, ocuparon la fábrica y la pusieron a producir bajo control obrero. En este marco, el paro nacional del jueves 28 fue un pronunciamiento contundente en defensa de los puestos de trabajo y del salario desgastado por la inflación, contra el impuesto al salario y las condiciones de vida que se deterioran mes a mes. Frente al intento de desafuerar a los delegados del ferrocarril Sarmiento y a los del Astillero Rio Santiago, repudiamos la política de desafueros de los delegados como forma de descabezar a las organizaciones legítimas de los trabajadores y, como hicimos con los compañeros de ATE Educación a quienes ya se les cerró la causa, vamos a derrotar estos ataques con la unidad y la movilización en las calles.
PROHIBICION DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES
RESTITUCION DE TODOS LOS DELEGADOS DESPEDIDOS
NO A LOS DESAFUEROS DE DELEGADOS
Por todo esto desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.
A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:
APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG. POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.