09/09/2014

“En las inspecciones a lugares de encierro nos encontramos con una constante violación a los derechos humanos”

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Abel Córdoba es titular de la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional). El viernes, Enredando las Mañanas dialogó con él acerca de la mirada que tienen desde este organismo sobre la situación a nivel nacional de sistemática violación a los derechos humanos en contextos de encierro, el asesinato de pibes y pibas pobres de los barrios populares, y el modo de accionar repetido de las fuerzas represivas, que muchas veces terminan en asesinatos. Opinó también del impacto que tendrán las policías comunales y sobre la idea instalada de que aumentó el delito cometido por los inmigrantes. Por RNMA


¿Qué entienden desde la Procuraduría por Violencia Institucional?

En la PROCUVIN tenemos básicamente tres áreas de donde se puede deducir cuál es el concepto. Una son los delitos cometidos durante el encierro de las personas, el otro es durante despliegues de operativos policiales, y una tercer área de corrupción en fuerzas de seguridad y penitenciarias. De allí se deduce cuál es el concepto: delitos o hechos cometidos por funcionarios públicos pertenecientes a alguna de esas fuerzas, y no solo la investigación del delito, sino que procuramos prevenir algunos hechos y coordinar con algunas otras instituciones que también están trabajando en las mismas áreas.

¿Qué balance hacen en este año y medio de existencia, cuál es el estado general del mapa de la violencia institucional?

Una de las primeras cuestiones con las que me encontré fue que no había datos sistematizados de ninguno de los aspectos de la violencia institucional, por ninguna de las agencias; es decir ni por el poder judicial, ni las agencias administrativas, ni tampoco ningún organismo tenía un relevamiento integral de alguna de las situaciones. Eran parciales.

Nosotros empezamos con lo que nos incumbe, que es la parte de fiscales. En este tiempo, hemos podido dar pasos importantes, y sobre todo conocer mucho mejor el fenómeno. En este tiempo hemos podido estudiar quiénes están detenidos en las cárceles y cuál es su situación judicial, y eso nos ha dado resultados que suponíamos graves, pero no tanto. Constatamos situaciones mucho más graves de lo que parecían en un primer momento, a partir de la cantidad de prisiones preventivas que hay en el sistema nacional y federal. Tenemos sectores de población entre 18 y 21 años con el 84% de prisión preventiva y solo el 16% condenados. Estas son situaciones, que a partir de determinarlas, empezamos a trabajar, a ver cómo revertirlas, cómo corregirlas.

Hemos hecho unas 45 inspecciones a lugares de encierro (estamos cerca de 50 ya), lo cual ha dado un conocimiento de campo primero, y esto nos viene permitiendo investigar mejor, determinar mejor cómo ocurren los hechos dado que la cantidad de hechos producidos es inmensa en diferentes ámbitos, con lo cual, son estudios y análisis de contextos que nos van permitiendo enfocar mejor cada hecho concreto cuando empezamos a trabajarlo.

Más concretamente ¿con qué se encontraron en esas 45 inspecciones que hicieron a lugares de encierro?

Para englobarlo en un concepto: la violación a derechos humanos constante, en diferentes jurisdicciones. Esto no es privativo de ninguna jurisdicción en particular. Situaciones que nos han preocupado y las hemos planteado: de hacinamiento, situaciones graves de hambre, o falta de accesos a servicios elementales como la salud por ejemplo. A partir de eso, hemos ido accionado con hábeas corpus colectivos e individuales en diferentes tipos de denuncia, y quizás una de las constataciones más graves que hemos encontrado, en una de las ocasiones, han sido elementos de herrería para tortura; pero si se profundizan las inspecciones, no tengo duda que situaciones similares van a ser constatadas en otros lugares. Es un panorama, en lo que hace a encierro, sobre el que debemos seguir trabajando porque estas primeras 45-50 inspecciones obviamente producen modificaciones en cómo funcionan la cárceles, y allí tenemos que seguir para detectar las nuevas modalidades de privación de derechos.

En lo que son operativos policiales, solo las noticias dan cuenta de la dimensión y la gravedad que tienen, con un número inmenso, muy elevado de victimas, en general de barrios pobres, en general jóvenes, y a la vez una respuesta que entendemos que desde lo judicial, debe tener algunos otros ejes, y no seguir acríticamente la versión policial, que justifica inmediatamente los hechos. Las investigaciones que venimos llevando, incluso la de los homicidios de villa 20, nos dan cuenta que la versión policial no coincide con los elementos que tenemos por cierto y que hemos ido investigando.

En relación a eso, te quería preguntar, en principio en qué momento ustedes toman relación con el caso, y cómo se desarrolla hasta hoy. Julia nos había comentado que desde la PROCUVIN se iba a hacer una presentación para que se investigue el asesinato de los pibes, porque la única causa que había investigaba el robo del auto.

Nosotros el hecho lo conocimos por los medios, había algunos aspectos de la versión publicada por fuentes judiciales que no parecía verosímil. El Ministerio Público Fiscal tiene un ATAJO (una sede del ministerio que trabaja en el territorio) y hubo mucha gente del barrio que tomó contacto con los empleados de este ministerio dando cuenta de versiones diferentes y testigos que conocerían diferentes partes de los hechos. A partir de eso constatamos que la investigación que había era por el robo de un auto, donde fueron ultimados los chicos, y decidimos empezar una investigación preliminar para investigar los homicidios. De allí tomamos muchísimos testimonios, hemos pedido filmaciones de cámaras de seguridad, y otros elementos de prueba. A partir de eso formulé la denuncia, en la cual a mi entender, y por los elementos que juntamos y pudimos acumular, se trató de un hecho de homicidio, al menos esa hipótesis debe ser investigada seriamente. Los indicios que hay dan cuenta que no es un hecho en el cual no pueda haber una investigación. La hipótesis es que fueron ultimados sin motivo alguno, fuera de las habilitaciones de legítima defensa, o de necesidad que se podrían invocar. Es muy claro que se trató de homicidios, y al investigar eso, fuimos detectando otros delitos como la voluntad, la decisión, y luego la consumación de privar a estas personas de atención médica, golpear a quienes reclamaban en ese momento por atención médica, o querían saber el estado de situación; en fin, una serie de delitos conexos a los homicidios que es lo grave.

Nosotros por estar en los territorios tenemos contacto con diferentes casos de gatillo fácil, y entendemos que hay una forma de accionar que se repite. Ustedes ¿cómo ven esta situación? ¿Encuentran un parámetro común entre distintos casos como el de Jonathan y Brian de la Villa 20 (*)?

Sí, a la vez, eso lo va dando el conocimiento de los barrios y las diferentes dinámicas. Obviamente que hay dinámicas comunes, es habitual detectar continuidades y prácticas que se repiten. En casos que no llegan a homicidios, hay armado de causas, otros casos donde las detenciones son maquilladas con una imputación por resistencia a la autoridad, y luego son liberadas las personas sin ningún tipo de prueba o elemento. Desde eso, hasta delitos más graves, también cometidos por las fuerzas que en muchos casos llegan al homicidio. Esos homicidios quizás tengan pocos elementos comunes, pero por zona o por fuerza que actúa empezamos a ver improntas muy claras de quienes comandan esos operativos y también diferentes actuaciones de diferentes fuerzas. En el caso de Lugano también hemos recibido denuncias por lo que fue el desalojo, y la represión luego de ese desalojo; al mismo tiempo intervenimos en la causa del Indoamericano en la cual hay similitudes con lo ocurrido Sala Alberdi, es decir hay una serie de hechos que van perfilando modos de actuación, y eso debe ser valorado en las causas, no puede ser obviado. Y luego es fundamental el conocimiento a partir de los testimonios de quienes viven en los barrios, de cómo es la dinámica en esos lugares, ya que el dominio de las situaciones de violencia que a veces deriva en homicidios por parte de las fuerzas, tienen dinámicas especiales, sutiles, que hay que conocer y que a nosotros nos vienen indicando que hay un actuar violento constante contra un grupo de gente, generalmente jóvenes de los barrios, y eso es a lo que intentamos contextualizar y tener mejores efectos porque hasta el momento la respuesta judicial no era satisfactoria, o era acrítica respecto de la versión policial.

¿Cómo crees que van a impactar las nuevas policías comunales para distritos de más de 70.00 habitantes en la Provincias de Buenos Aires en relación con la violencia institucional? Y todo esto mezclado con las declaraciones xenófobas diversas que estuvo habiendo en el último tiempo ¿cómo impacta todo este combo en la violencia institucional?

Hay grandes sectores de las fuerzas que están autonomizados, es decir, no va a ser una transición que se va a poder manejar o dominar. Se van a organizar las fuerzas nuevas, y van a salir a la calle, y se van a encontrar con una fuerza que ya está en territorio, autonomizada, y en una arena de connivencia con buena parte de los hechos que deberían investigar. Así que eso, entiendo, que es incierto, no solo para nuestra visión, sino entiendo que no hay nadie que pueda prever lo que va a pasar. Sí me parece una medida superadora como intento de intervenir en una institución que esta fuera de todo cauce. Sobre los diferentes efectos que eso tenga respecto de la violencia institucional, no hay ninguna expectativa, a lo sumo cambiar un modo de funcionamiento; pero entendemos que faltaría una planificación mucho mas específica, a partir de datos que no se están mirando, no se están teniendo en cuenta para tener algún efecto en ese plan.

Te pregunto, porque el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decía que en Moreno, por ejemplo, la policía comunal va a poder desalojar tomas de tierras, porque entienden que esa es la problemática central. Y así cada policía, va a ver la necesidad de su municipio, y va a actuar en función de eso. La verdad es que cuando la policía actúa en toma de tierras, o en toma de terrenos, como fue en Lugano, como es en general en los desalojos, la violencia institucional se repite.

En esos casos, si la política social se reduce a la política policial, obviamente lo que hay es violencia; no hay otra instancia de mediación o de solución de conflictos que no sea violento sino hay otros recursos. Por otro lado, los discursos de buena parte de las jurisdicciones sobre mano dura o de apasionamiento punitivo, en definitiva son las habilitaciones que luego permiten estos hechos. No todas las instituciones públicas producen el mismo tipo de hechos, ni tanta cantidad de muertes, ni determinados tipo de delitos. Y eso tiene que ver con, a partir de una estructura jerárquica, habilitaciones discursivas o autonomías que se otorgan. El panorama es preocupante y es seguido por nosotros como variables que inciden luego en número de personas muertas directamente.

Por último, debés haber escuchado las declaraciones de Sergio Berni, Daniel Scioli, entre otros, acerca de la inmigración. Si bien no son delitos directos de violencia institucional, creo que eso incide en hechos que pueden terminar en casos de violencia institucional. ¿Ustedes qué piensan?

Por lo que vi de cifras, no son números que se hayan podido corroborar y que indiquen una mayor conducta delictiva de quienes han inmigrado. A la vez sabemos que la cantidad de delitos cometidos, o delitos registrados, depende en buena medida de voluntades policiales, es decir tampoco resulta una fuente confiable. Por lo tanto son formulaciones políticas que en definitiva, si de algún modo impactan, son en esas habilitaciones, y en términos reales de abordaje de delitos. Y, al menos en los que trabajamos de violencia institucional, no tienen ningún tipo de efecto.

(*) El 7 de agosto pasado, la policía mató a dos jóvenes en la Villa 20.

Como es habitual la versión oficial habló de robo y enfrentamiento, pero los vecinos aseguraron que las víctimas no cometieron ningún delito y que fueron fusilados por los efectivos.

Según la policía, un grupo de personas le robó a una mujer su camioneta en las inmediaciones de la calle Cruz, en el barrio porteño de Barracas. Poco después, una Brigada de Robos y Hurtos de la
Policía Federal llegó a la zona y vio la camioneta en la que viajaban cuatro jóvenes. Se produjo una persecución con un tiroteo cuyo resultado fue la muerte de Jonathan y Brian.

Los efectivos aseguraron que un vecino se acercó y les disparó con una escopeta Itaka. Sin embargo, los testigos y familiares de las víctimas afirman que los jóvenes fueron ejecutados a sangre fría por la policía, que no permitió que fueran asistidos por una ambulancia en el lugar. Denunciaron que uno de los chicos, de 19 años, agonizó durante 20 minutos. El otro, de 17 años, llegó a ser trasladado por los vecinos hasta el Destacamento de Bomberos de la zona y luego derivado al Hospital Santojanni donde finalmente murió. Estudiaba en la Escuela 2 de la zona. Sus conocidos aseguran que había salido antes de los hechos a comprar comida para la cena. Los amigos y vecinos de las víctimas relataron que ambos jóvenes habían sido invitados por quienes habrían robado la camioneta a subirse a ella, momento en el que se hizo presente la Brigada de la Comisaría 52. “No les dieron tiempo a nada. Directamente les tiraron a matar”, aseveraron los testigos.



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