04/09/2014

Salta: Romero, Urtubey y el Gobierno nacional, avalan desmontes de bosques nativos

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Durante las gobernaciones del peronista Juan Carlos Romero en la provincia de Salta se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques nativos, para monocultivo y ganadería. Con Juan Manuel Urtubey, también peronista, se desmontaron 350.000 hectáreas luego de la implementación de la Ley de bosques. Mientras el gobierno nacional programa el desmonte en el norte del país de 6 millones de hectáreas hasta el 2020. Por Marco Díaz Muñoz / Agencia de Noticias Copenoa


La expansión de la frontera agropecuaria que devasto bosques nativos en Salta, en los últimos años y los ingresos económicos millonarios de esta explotación, no han significado beneficios en la distribución de esas riquezas para la población, aborigen y criolla que vive en esas zonas. Todo lo contrario, estas fueron expulsadas de sus regiones ancestrales a vivir en extrema pobreza, marginados al asistencialismo estatal, hacinados en bolsones de miseria en las principales ciudades de la zona, como Tartagal y Gral. Mosconi en el Departamento San Martin, o Embarcación en el Departamento Orán. Siendo el impacto ambiental otra de las consecuencias negativas a mediano y largo plazo, en las zonas desmontadas.

Tasa de desmonte más alta del mundo

El Chaco Salteño, tiene una tasa de desmontes de 2,5% de bosques nativos, la más alta del mundo, contra una media mundial de 0,20%.

Tanto Romero como Urtubey, y el Gobierno nacional, apoyan el desmonte en bosques nativos. Desde Nación, no existe el monitoreo de la Ley de bosques y su aplicación. La justicia provincial no actúa en las denuncias que realizan organizaciones originarias y sociales, sobre tala y desmonte indiscriminado. Y el poder legislativo no respeta acuerdos de participación ciudadanas.

Argentina es un País dependiente, primarizado, que centra la producción de transgénicos, y cuyos commodities originados por la venta al extranjero de monocultivos, expande las hectáreas a cultivar, en un plan a mediano y largo plazo establecido desde el gobierno nacional y concretado en Salta por el gobierno de Urtubey, ampliando la frontera agropecuaria, y el desmonte, condenando al exilio interno a miles de compatriotas.

Ley quebrantada.

Los decretos instituidos desde el gobierno de Salta, sin consulta previa a los afectados en el caso de comunidades originarias, violan la ley ya que habilitan los desmontes, modificando la categorización en las zonas de mayor diversidad, no habilitadas, vulnerando la ley nacional de bosques (Ley N° 26331), y haciendo que la ley provincial de ordenamiento territorial (Ley N°7543) sea quebrantada. Recategorizando por decreto hasta la fecha 125.000 hectáreas, de desmonte.

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Las audiencias públicas no vinculantes establecidas para concretar desmontes, y la manipulación de informes de impacto ambiental presentados por los desmontadores, benefician y aceleran el proceso en el negocio a grupos exportadores, en desmedro de comunidades originarias y pequeños productores, las que participan de las audiencias creyendo en la no autorización por sus argumentos en contra del desmonte, lo que efectivamente no sucede. El uso de la tierra y la discusión de un plan de desarrollo sustentable que incluya a la mayoría, no están en la agenda política.

Participación vulnerada

En el 2009, el gobierno de Urtubey inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada, un mapa, que no fue respetado por la Legislatura salteña, que solicito al Poder Ejecutivo la elaboración de un nuevo mapa, que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.

Diversas Comunidades originarias marcharon a la ciudad de Salta, luego de la decisión de la legislatura con mayoría peronista, que avalo la modificación de un nuevo mapa de desmonte elaborado por funcionarios gubernamentales, en su mayoría profesores de la Universidad Nacional de Salta, que permite hoy, la tala en tierras donde viven pueblos originarios.

El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.

Decretos y recategorizaciones

La modificación del mapa del desmonte, fue el camino velado a la opinión pública de un plan a medida de latifundistas sojeros, poroteros, ganaderos y políticos dueños de campos, que desde los años 2010 y 2011 fueron beneficiados por decretos provinciales, mediante un mecanismo que permite realizar recategorizaciones prediales, con el solo pedido del titular de la finca que suponen cambios en el (OTBN) de Salta, donde Bosques antes protegidos, ahora quedan habilitados para el desmonte.

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Justicia dependiente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un amparo presentado por comunidades originarias y campesinos criollos por los desmontes en Salta, ordenando el Alto Tribunal la suspensión de los desmontes en el 2008 y 2009, con una medida cautelar que inexplicablemente fue levantada con posterioridad. El amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes, que se intensifican en la zona.

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, señala que la ley de bosques casi no se aplicó en varias provincias, señalando en particular a Salta.

Desmonte para evitar despidos

El pedido inmediato de desmonte argumentado por la baja producción por sequía para evitar despedir trabajadores realizado por la empresa Desdelsur, radicada en el Municipio de Gral. Mosconi, establece otra metodología utilizada por empresarios para acelerar el desmonte.

En una nota enviada al Ministerio de Ambiente salteño Desdelsur solicita la “urgente” resolución del trámite dado que ante “la difícil situación en la que se encuentra nuestra producción agropecuaria”¦motivada por la dramática sequía que sufre la región”, que generó que en los cultivos los “rindes no superen el 25% del nivel promedio histórico”.

“En este contexto sufrimos una pérdida importante que afectará duramente el capital de trabajo obligándonos a tomar soluciones para mitigar el impacto financiero”, Dice la empresa Desdelsur.

Solicitando “se habilite rápidamente la instancia de audiencia pública” a fin de “avanzar con la entidad bancaria para el logro de la vía de financiamiento”, y “volcar recursos humanos a la actividad evitando la desvinculación de gran parte de nuestros trabajadores.”



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