Relatos Civiles
Esto no es ficción. Son historias reales que tuvieron su desarrollo, principio o final, en las últimas dos semanas. En todas hay «civiles”: ciudadanos que, inocentes o no, impunes o carentes de derechos, forman parte de la «vida civilizada”. En todas ellas hay presencia institucional. El salvajismo o la barbarie es, según algunos, lo opuesto a la vida en la ciudad, es decir, lo opuesto a la «civilización”. Quien escribe no comparte esta última apreciación. Por Ramiro Giganti, para ANRed.
«Toda la propaganda de guerra, todos los gritos, mentiras y odio, provienen invariablemente de gente que no está luchando”
George Orwell
1) «Un hombre de leyes”
Horacio Augusto Ruiz era abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina «Santa María de los Buenos Aires”, especializado en Derecho Penal. Apoderado del Estudio Jurídico «Ruiz & Asociados”. En su cuenta de la elitista red de «gente bien” LinkedIn, se jactaba sin problemas de defender a narcos y barras bravas. En ella Ruiz se definía como «abogado defensor particular de los principales narcotraficantes que actuaron en las villas de emergencias del Conurbano noroeste, como así también de ciudadanos colombianos, tanto en causas nacionales como en procesos de extradición a EE. UU. Causas de narcotráfico, lavado de dinero, penal tributario y derecho penal en general”.
El sábado 30 de agosto por la noche, Horacio Augusto Ruiz, de 52 años, fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando salía de su casa en el barrio de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Su esposa y su hija bebé lo esperaban en el auto mientras esto sucedía. Su esposa, en estado de shock declaró que se trató de un robo y que lo mataron por resistirse ya que Horacio solo quiso preservar la vida de su beba. Noelia, la esposa del «abogado defensor de los principales narcotraficantes” como él mismo se autoproclamaba en las redes sociales, acusó de «rata” frente a las cámaras de televisión a quien cometió el crimen.
Si bien no está descartada la posibilidad de que se haya tratado de un intento de robo, las principales sospechas apuntan a un «ajuste de cuentas”. Por un lado, por la manera de matarlo y por el otro, porque no se robaron nada. El crimen fue demasiado prolijo, como suelen desenvolverse en ese tipo de crímenes, más que en un intento de robo.
Más allá del motivo concreto de ese asesinato, de la relación directa o no de su actividad como abogado con el crimen en sí, la historia resulta interesante como análisis social para muchos debates pertinentes: por un lado se trata de la muerte de un civil, un abogado matriculado, un profesional que cumplía sus funciones en el marco de la ley. Un ciudadano. Para sumar adjetivos, «un ciudadano bien”, egresado de una universidad privada y religiosa, padre y esposo.
Llama la atención el hecho de que esta vez la víctima es alguien que públicamente se asume como «defensor de victimarios”. Su esposa insiste en que son «chorros” o «ratas” quienes lo asesinaron, como para desviar a los asesinos de cuello blanco.
También se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ese que dice que «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. («¦) Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.”
No hubo artículo 18 para las víctimas de linchamientos hace unos meses. Tampoco hubo artículo 18 (ni 14bis) para los habitantes del barrio «Papa Francisco”, muchos de ellos niños, la mayoría inocentes, pero que las topadoras les pasaron por encima a sus casas ante la «posibilidad de que haya narcos en el barrio”. Tampoco hay artículo 18 para los chicos que mueren por el consumo de paco abandonados por las instituciones.
De ninguna manera la ausencia de este artículo justifica ninguna muerte. Ni la de una víctima ni la de un «delincuente”. Lo llamativo en este caso es el rol de la víctima y su relación, directa o no, con el crimen que terminó con su vida. Las apreciaciones al respecto quedan para cada lector/a. Para la ley, la víctima fue un civil, un abogado, un profesional que «hacía su trabajo” dentro del marco legal, con la matrícula pertinente. Queda a reflexión de quien lea esta nota distinguir entre lo legal y lo legítimo, entre lo permitido y lo que «está bien”, entre lo prohibido y lo que «está mal”, entre el trabajo y la dignidad, la moral y la ética, la legalidad y la honestidad. Queda también a libre interpretación la posibilidad de reflexionar sobre cuán distinta puede ser la civilidad del salvajismo o mejor dicho de la violencia (ya que no necesariamente salvaje significa lo mismo que violento).
2) «La vida por un gol”
Ezequiel Castagnari tenía 25 años, era hincha de River. El fútbol, como a tantos otros, le apasionaba. Cuenta María Angélica, su madre, que Ezequiel había llorado el día que River perdió la categoría. Hoy la realidad de su equipo es otra: el miércoles 27 de Agosto, River le ganó 3 a 0 a Defensa y Justicia. Ezequiel, contento, salió a la vereda a festejar y gritó uno de los goles. Un vecino de 18 años, de nombre Nicolás, no soportó el festejo y salió a la vereda con un arma de fuego e increpó a Ezequiel disparándole luego un tiro a pocos metros, en el suelo, y luego dándole un culatazo con el arma y siguiendo la golpiza una vez que Ezequiel estaba caído. Nicolás es hijo de un policía retirado, de nombre Néstor, que también estuvo presente en el episodio y habría participado de las agresiones. Ezequiel fue llevado al hospital, los golpes le habrían generado coágulos, murió después de casi una semana de agonía.
«Lo mataron entre el padre, que creo es un policía retirado, y el hijo. Uno fue detenido y luego liberado. El otro creo que está detenido. Los quiero a los dos presos», declaró la madre de Ezequiel, en los medios televisivos. También dijo que luego de haber sido agredido su hijo, la policía no tomó la denuncia hecha por los familiares de Ezequiel.
Todo esto sucedió en un barrio del Partido de 3 de Febrero, que tiene como intendente «vitalicio” a Hugo Curto. El mismo Hugo Curto que hace pocos días había declarado en los medios comentarios discriminatorios, por un lado hacia travestis y transexuales, pero también hacia los inmigrantes, relacionándolos con el delito y manifestándose a favor de su expulsión. Esas declaraciones xenófobas fueron en apoyo a las del Secretario de Seguridad Sergio Berni, y también contaron con el respaldo del Gobernador y máximo precandidato presidencial por el oficialismo Daniel Scioli. Ni Nicolás, ni su padre, responsables de la muerte de Ezequiel en el Municipio que gobierna Hugo Curto, son extranjeros, y además la educación de ambos está atravesada por las «fuerzas de seguridad”.
Tal vez para muchas personas Ezequiel no sea una víctima directa de la represión institucional, ya que no fue asesinado por un policía mientras este estaba en funciones, pero parecería ser que, en algunos casos, la cultura del gatillo fácil trasciende las funciones laborales. En este caso, como en muchos otros, queda en claro que ante la inseguridad y la violencia pedir más policía puede significar pedir más inseguridad y muerte.
Posiblemente en alguna carátula del caso figure la palabra «civil”. Quizás hasta diga que «Ezequiel murió asesinado por un civil, o dos (padre e hijo)”. Y, aunque parezca extraño, estaría en cierto.
3) «Sin el uniforme”
Roberto Angel Galeano tiene 55 años, estuvo en Malvinas junto a Mohamed Alí Seineldín, fue jefe de inteligencia en Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Luego de haber pasado a retiro, fue incluido por el actual Secretario de Seguridad Sergio Berni, como coordinador de fuerzas de seguridad.
Durante la cuarta jornada de lucha en apoyo a la reincorporación de los trabajadores de LEAR en el pasado mes de Julio, un provocador vestido de civil rompió la cámara de uno de los manifestantes, pero no pudo borrar sus fotos. Tampoco la de otros medios alternativos y militantes que estaban registrando la jornada como Contraimagen y TVPTS. Era canoso y de barba, estaba «vestido de civil”. Se trataba de Roberto Angel Galeano, que en persona se había infiltrado en la manifestación buscando desprestigiarla.
No es un hecho aislado. Actualmente está vigente la denuncia sobre el Proyecto X, y este hecho fue incluido en ella. El año pasado se supo que Américo Balbuena, un supuesto corresponsal de medios alternativos, que se relacionaba con muchos activistas, era un oficial de la policía, que se había infiltrado en una organización durante más de 10 años. Tampoco es una novedad: desde hace muchos años policías u otras fuerzas represivas se infiltran en manifestaciones u organizaciones vestido de civil o disfrazados. Para solo recordar un personaje de antaño, el comisario uruguayo Luis Pardeiro, que sería vengado por anarquistas expropiadores en la década de 1930, recorría el Rio de La Plata y las fronteras entre Argentina, Uruguay y Brasil, vestido de «zaparrastroso” haciéndose pasan por inmigrante para infiltrarse y «cazar anarquistas”. Todos ellos «vestidos de civil”.
Cada pedido de «más policía” o mayores fuerzas represivas, en lugar de evitar muertes como la de Ezequiel Castagnari, lo que sucede, muchas veces sin que las víctimas de inseguridad lo sepan, es incrementar esas prácticas espurias.
4) «La bala perdida”
Sabrina Olmos tenía 15 años. Iba a la escuela Félix Burgos, en el Partido de Morón. En la mañana del lunes 25 de agosto pasado, Sabrina estaba en el patio de la escuela durante el recreo cuando una bala de calibre 9 milímetros impactó en su cuerpo quitándole la vida. En las inmediaciones de la escuela, la policía perseguía a presuntos delincuentes con quienes habrían tenido un tiroteo. En el episodio capturaron a uno de ellos armado en quien recayeron las principales sospechas reproducidas por los medios masivos. Ese mismo día, vecinos se movilizaron hacia la escuela exigiendo seguridad. La noticia fue el titular del día en todos los medios. Los noticieros y canales de noticias lo repitieron una y otra vez durante toda la jornada.
Por la tarde-noche de ese día, vecinos concentraron en la puerta de la escuela reclamando justicia y «mayor seguridad”. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, Claudio Oviedo, esa tarde informó que en poder del delincuente detenido había un revólver del calibre 32 largo y que la perito de Gendarmería Nacional que trabaja en las pericias le dijo que «de esa arma secuestrada hay dos vainas servidas, hay otros cartuchos intactos y en algunos hay signos de percusión sin que hubiere salido el disparo».
Al día siguiente las pericias indicaron que la bala era de calibre 9 milímetros, lo que absuelve de esa muerte al detenido acusado que llevaba un revolver calibre 32. La munición que acabó con la vida de la joven Sabrina Olmos en el patio de un colegio pertenece a una pistola 9 milímetros de la Bonaerense, ya que los investigadores habían secuestrado 16 armas de ese calibre que pertenecían a la policía provincial, además del arma calibre 32 del acusado. Unos pocos medios regionales se animar a titular que la bala provenía de la policía, los medios y cables más masivos solo utilizaron el viejo y conocido modo condicional: «sería”, «habría sido” o simplemente «investigan si»¦”.
Tres días después la noticia prácticamente había desaparecido de los medios, aparentemente el mayor y más violento accionar de la policía que algunos agoreros de la seguridad reclaman, habría sido el principal causal de otra muerte inocente. O, para quitarle dramatismo y reflejar la insensible frialdad del lenguaje institucional, en lugar de «inocente” podríamos decir «civil”.
5) «Presentes”
El pasado 30 de agosto fue el «Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas” declarado por la ONU en el año 2010. La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Entre los principales motivos de preocupación figura el acoso a parientes de las víctimas y defensores de Derechos Humanos.
Francisco Nuñez estuvo detenido entre el 1 de junio de 2013 hasta el 25 de agosto de 2014. Un año y dos meses. Estuvo en Devoto, en Ezeiza y finalmente en Marcos Paz. Su hermano Diego Nuñez, había muerto asesinado por la Policía Federal en Caballito, Ciudad de Buenos Aires el 19 de abril de 2013 mientras salía a festejar su cumpleaños con amigos. Después de que Francisco pase más de un año preso sin motivos, se pudo demostrar que la causa había sido inventada. No es el único caso de un familiar de una víctima de la represión institucional en ser hostigada.
Pablo Pimentel es un conocido y destacado miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. Entre muchas otras causas, Pablo acompañó a los familiares de Luciano Arruga, desaparecido en enero del 2009, cuando ninguna institución gubernamental ni medios de prensa masivos abordaban el caso. Debido a su permanente acompañamiento a las víctimas de abuso policial, se ha montado contra Pablo Pimentel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza una campaña de estigmatización por parte de los medios de comunicación adictos al poder y se ha llegado al armado de una causa judicial por el supuesto delito de haber instigado falsas denuncias de un grupo de jóvenes contra la Policía, a raíz del asesinato del joven Gabriel Blanco en marzo de 2007, investigación fortalecida por la denuncia que quienes compartieron con Blanco la detención. El pasado viernes 29 de agosto, la APDH convocó a una conferencia de prensa para explicar la situación. Los medios alternativos difundieron la convocatoria, pero los medios masivos no se presentaron ni hicieron mención alguna de ella.
Volviendo al «Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas”, otra de las preocupaciones es «el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones”. Menciones de situaciones recientes que coinciden con esta preocupación hay de sobra. Desde un ministro acusando a trabajadores ferroviarios por la existencia de basura en un tren, cuando hubo una masacre hace poco tiempo en esos mismos trenes, la existencia de la «Ley Antiterrorista”, o la «excusa narco” para que una topadora pase por encima un asentamiento precario destruyendo las precarias viviendas de más de 1000 personas, incluidos niños indefensos. En relación a esto último, también en la declaración de este día se llama a «prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.” (Fuente: http://www.un.org/es/events/disappearancesday/)
Más allá del ya conocido rol decorativo y burocrático de la ONU, resulta pertinente recordar la infinidad de veces que las instituciones no cumplen con sus declaraciones. También resulta pertinente el uso de estas simbologías para recordar a quienes pretenden hacernos olvidar: Luciano Arruga, Julio Lopez, Daniel Solano, Facundo Rivera, y muchos otros desaparecidos en estos últimos años. También a Mariano Ferreyra, Diego Nuñez, Matias Casas, Kevin Molina, Sergio Gabriel Vaca, y tantos otros casos de gatillo fácil»¦ PRESENTES!
«Ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante.”
George Orwell
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