29/06/2014

Acoso financiero y disyuntivas económicas tras el fallo en contra

fondos_buitre.jpgEl fallo de la Corte Suprema de EEUU contra Argentina ha sido un duro golpe para la política del gobierno nacional de acercamiento a los mercados. Son los costos de no haber investigado la deuda en su momento. Por Eduardo Lucita.


La ratificación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos del fallo del juez Thomas Griesa, que obliga al país a pagar a los “fondos buitre” ha sido un duro golpe para la política del gobierno nacional de acercamiento a los mercados. Fallo, que se inscribe en la lógica de dominación de los países centrales y que no cae en un cielo sereno respecto de la economía nacional.

No es un exabrupto calificar de acoso financiero a un fallo que castiga fuertemente a un país que reestructuró su deuda con un altísimo porcentaje de aceptación, que desde entonces ha pagado puntualmente sus vencimientos y que ha hecho de la moralina de “honrar las deudas” una suerte de política nacional. Un país que luego del pago al contado al FMI no volvió a tomar deuda en los mercados internacionales, algo que el sistema no perdona. El fallo incorpora nuevos riesgos y agrega más incertidumbre a la marcha de la economía.

Una vez más, como ya lo señaláramos desde esta columna, son los costos de no haber investigado la deuda.

Cesión de soberanía jurídica

La caída de la tasa media de ganancia mundial a fines de los años 60 del siglo pasado dejó como resabio la existencia de una plétora de capital financiero que no encontraba oportunidades de colocación en la economía real. Así la crisis capitalista mundial de los años 70 dio origen a la reestructuración productiva bajo la hegemonía del capital financiero.

Estos cambios tuvieron su correlato en los dispositivos jurídicos que acompañaron la globalización neoliberal. Ya en los inicios de los años 70 se impusieron modificaciones que pusieron en un pie de igualdad a Estados soberanos con sujetos de derecho privado. Primero fue la Comunidad Europea (1972) y luego los EEUU (1976), que adecuaron sus normativas jurídicas a las exigencias de la globalización financiera.

Estos han sido los antecedentes al establecimiento de derechos jurídicos favorables a las corporaciones. Como por ejemplo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (Tlcan) sobre “protección de inversiones”. Ese capítulo fue replicado en los frustrados borradores del ALCA y ahora se está discutiendo en el acuerdo de libre comercio entre Europa y EEUU.

En paralelo, bajo el paraguas de la seguridad jurídica, se impulsó que en el caso de deudas soberanas de los países se contemplara incluir en los contratos de deuda (bonos) la cesión de soberanía a favor de terceros países. Obvio, sobre todo a los imperialistas.

En nuestro país estos cambios en las normativas jurídicas se instituyeron en tiempos de la dictadura militar por medio de la llamada “cláusula Martínez de Hoz” que se incorporó al Código Civil, y es la que está inscripta en los bonos emitidos en el 2001, que ceden soberanía a favor de la legislación del Estado de Nueva York. Parte de esos bonos están hoy en manos de los “fondos buitre”. Con el Plan Brady y la titularización de los bonos, esta cláusula se transformó en condición para acceder al endeudamiento, lo que fue ratificado en los años ’90 con la firma de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Así nuestro país ha quedado entrampado por dispositivos jurídicos internacionales que constituyen parte del sistema de dominación imperial donde la soberanía de los países ha sido conculcada.

Cambio de paradigma

Acuciado por las complejidades crecientes de la economía nacional, resultado de la reaparición de los límites estructurales de nuestro capitalismo dependiente el gobierno nacional optó por lo que llamamos un Nuevo Curso: sinceramiento de la economía y reordenamiento de relaciones con la comunidad financiera internacional son los componentes esenciales de esta reorientación.

Es en este cambio de paradigma que deben leerse la devaluación, el reconocimiento de la inflación y del déficit fiscal primario. También los pagos al Ciadi, la compensación a Repsol, los acuerdos con el FMI por el nuevo índice de precios, el contrato con Chevron, la declaración de que se aceptaría el fallo de la Corte Suprema de EEUU y el acuerdo con el Club de París.

Estos son los pasos dados hasta ahora afirmando el nuevo curso impuesto por la realidad. Sin embargo el fallo ha sido un duro golpe para esta estrategia que por ahora ha quedado en stand by.

El fallo, contenidos y consecuencias

La ratificación del fallo en primera instancia es una trampa sin salida positiva. Si Argentina desconoce el fallo entrará en un nuevo “default” con las consecuencias previsibles. Un recurso de este tipo solo sería progresiva si el gobierno estuviera dispuesto a patear el tablero, a convocar a los trabajadores y a los sectores populares a “vivir con lo nuestro” para lo que sería necesario afectar seriamente intereses capitalistas en el país. Se trata de una política distinta que requiere una alianza social y política diferente a la actual.

Si Argentina reconoce el fallo tendrá que pagar los 1.500 millones, veremos en qué forma y en qué plazos, pero deberá afrontar pagos por un monto de entre 9.000 y 13.000 millones del resto de los acreedores que no ingresaron al canje. En las negociaciones quedaría por resolver la situación del 92 por ciento de los bonistas que sí ingresaron a los canjes y que tienen a su favor la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que podrían reclamar todo beneficio adicional acordado a otro acreedor antes del 30 de diciembre próximo.

Consultado el especialista Alejandro Olmos Gaona nos señaló que “la RUFO es solo para la jurisdicción de Nueva York, pero solo sería operable si el gobierno ofreciera pagar voluntariamente. Como lo va a hacer a través de la exigencia proveniente de una sentencia, esa cláusula no es operable”. Sin embargo, esta vigente en nuestro país la llamada Ley Cerrojo, que impide todo pago adicional, por eso es que el gobierno acaba de pedirle al juez Griesa que suspenda la sentencia que ordena pagar la totalidad a los buitres, para abrir una nueva negociación.

Sentando precedentes

Conviene señalar que teniendo en cuenta “el caso argentino” la Unión Europea impuso que en las emisiones de deuda de los países que la constituyen se incluyera una cláusula de “acción colectiva” por la que con una mayoría del 75 por ciento se pueden modificar las condiciones de la emisión de títulos (es el caso de Grecia, que le permitieron modificar sus bonos luego de emitidos).

Hasta ahora el gobierno ha tratado la ofensiva de los “fondos buitre” como un problema meramente jurídico, sin reparar que Argentina ha quedado entrampada en un problema político que es en realidad global. Lo que el capital financiero internacional está discutiendo es si de aquí en más se aceptará o no una renegociación de deuda, de cualquier país, que implique una quita importante de capital. El ejemplo argentino es un mal ejemplo.

El caso argentino ha dejado expuestas diferencias en el sistema financiero internacional. Uno es el interés de los Estados y del sistema global y otro el de los acreedores y los bancos. El periódico New York Times asume los intereses globales y editorializa que “el fallo Griesa no sólo pone en juego la reestructuración de futuras deudas soberanas sino, y sobre todo, la posibilidad de que el mercado de Nueva York siga siendo el centro del sistema financiero internacional” y advierte que “puede perjudicar a países cuyos problemas financieros son mucho más graves”.

Que paguen los que pueden

La decisión del gobierno nacional, al momento de escribir este
artículo -conviene señalarlo porque ha cambiado varias veces de posición- es abrir un curso de negociación y evitar un nuevo default. Cualquiera que resulten los términos de esa negociación la realidad es que tendrá que pagar y no solo a estos “fondos buitre” sino al conjunto de los acreedores que no ingresaron a los canjes. En síntesis será con nuevo endeudamiento, como en los arreglos con el Ciadi, el Club de París y Repsol. En esto no solo está el oficialismo sino también el conjunto de la oposición derechista.

Este articulista propone que si están dispuestos a pagar que lo hagan mediante un impuesto extraordinario a las 500 grandes empresas que son las que “se la llevan en pala” según dichos de la propia presidenta Cristina Fernández, y no descarguen sobre los trabajadores y el pueblo el monto de una deuda cuya responsabilidad es solo de las clases dominantes.

Mirando al futuro será necesario activar lo más posible los acuerdos regionales y poner a funcionar de una vez por todas el Banco del Sur, para tener una fuente de financiamiento independiente del circuito financiero internacional, por fuera del control de las grandes potencias y como un aporte a cambiar la estructura financiera de la región.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.



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