Acuerdo con el Club de París: otro paso en la misma dirección

La negociación argentina con sus acreedores no es una más. Forma parte de una cadena de decisiones por la cual el gobierno nacional ha reorientado su política en relación a los centros financieros internacionales. Por Eduardo Lucita.

El reciente acuerdo con el Club de París confirma dos orientaciones centrales del gobierno nacional en la coyuntura: garantizar que sigue «honrando las deudas» sin mirar para atrás y cerrar todos los frentes abiertos para poder volver a un ciclo de endeudamiento.

Creatividad al palo

Como la birome y el colectivo, y más recientemente los silo-bolsa y la siembra directa, el Club de París (CdP), no otra cosa que un foro de países acreedores y deudores, es un invento argentino, y como los primeros, ha tenido proyección internacional. Lo integran 19 países y hasta ahora ha intervenido en más de 400 acuerdos con cerca de 90 naciones deudores.

Fue creado en 1956 a instancias del gobierno de facto de la mal llamada Revolución Libertadora, presidida en ese entonces por el general Pedro E. Aramburu. En ese año, y bajo la dictadura militar de entonces, nuestro país acordó una reunión informal con sus acreedores públicos por una deuda del orden de los 700 millones de dólares.

Conviene recordar que en ese tiempo Argentina era el único país de América latina que no participaba de las instituciones financieras internacionales. Por sugerencia de Raúl Prebisch, asesor de la dictadura, el país ingresó a mediados de 1956 al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM). La historia posterior hasta nuestros días es por demás conocida y no hay hada para celebrar.

Anteúltimo eslabón

La carta de intención recientemente firmada por el ministro Axel Kicillof y los titulares del CdP es el octavo acuerdo en cincuenta años, pero no es uno más. Forma parte de una cadena de decisiones por la cual el gobierno nacional ha reorientado su política en relación a los centros financieros internacionales. Es el anteúltimo eslabón, ya que el último, se supone, será el arreglo con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda en su momento (los llamados «fondos buitre»).

Aceptación y pago de fallos del Ciadi, el comité arbitral de diferencias del BM; la compensación a Repsol por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario; el nuevo índice de precios (IPCnu) acordado con el FMI; el cambio de estrategia en relación a los «fondos buitre», declarando que se aceptará el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, más el reciente acuerdo son los escollos que ha debido superar el gobierno para abrir el camino a un nuevo ciclo de endeudamiento.

Esta seguidilla de decisiones se complementa con el sinceramiento de la economía en lo que hace a varios indicadores macroeconómicos locales: tipo de cambio y devaluación; restricción externa y nivel de reservas; alza de precios y nuevo IPC; déficit fiscal y quita de subsidios.

El acuerdo en cuestión

El secretismo de estas reuniones no permite conocer los detalles. Por otra parte, no hay información desagregada en las instituciones nacionales de cómo se compone la deuda. Incluso está la nebulosa de la empresa Cogasco (gasoducto centro-oeste) que figura con una deuda de 918 millones de dólares, cuando al país ingresaron solo 292 millones. Lo cierto es que de un monto consolidado en el 2006 de 5.562 millones de dólares se pasó en el 2013 a 6.089 millones y finalmente el acuerdo se cerró por nada menos que 9.700. Algunos trascendidos dan cuenta que esta cifra es superior a la que estaría registrada en las instituciones oficiales.

¿Cómo se explica la diferencia? No hay por ahora ninguna explicación consistente, puede ser que a la deuda de capital se le adicionaran los intereses devengados y sobre este monto total se calcularan punitorios, pero no hay información fehaciente sobre que tasas se aplicarían en ese caso. Por otra parte existe la sospecha que se han incorporado acreencias privadas con garantía estatal que antes se habrían descartado por improcedentes, pero de esto tampoco hay datos certeros.

Lo concreto es que el plazo de pago de los 9.700 millones de dólares es de cinco años, sin período de gracia, con una tasa del 3 por ciento. Dos pagos de 650 y 770 millones este año y el próximo y un promedio de 2.300 anuales hasta 2019 -las cifras incluyen los intereses correspondientes-. Claro que existe la posibilidad de modificar los montos si ingresan inversiones de los países acreedores y también de estirar el plazo a siete años con una leve alza en la tasa de interés.

Un trámite express

Antes de partir para el «viejo mundo» el ministro Kicillof alertó que las negociaciones podrían llevar meses -obvió que se viene negociando desde el 2008 y que estas negociaciones se aceleraron desde enero pasado- pero el acuerdo se logró en menos de 24 horas, dejando en una incómoda posición a la oposición derechista, a los gurúes de la city y a los medios de comunicación que les son funcionales. Porque no pueden menos que saludar el acuerdo, para eso venían insistiendo desde hace años, en última instancia también son pagadores seriales. Pero al mismo tiempo tienen que marcar diferencias. Desde el ¿por qué no se hizo antes?, hasta señalar «los costos de que no haya intervenido el FMI».

Es conocido que los principales países acreedores, Alemania y Japón (concentran el 60 por ciento de las deudas) proponían condiciones más duras a las que finalmente se acordaron, incluso que el FMI no quedara fuera del acuerdo. Pero también es cierto que la presión combinada de EEUU (8 por ciento de las deudas) y de un grupo de grandes corporaciones internacionales interesadas en mejores condiciones de financiamiento para futuras inversiones pudo más. Contaron además con el visto bueno del FMI que se cansó de explicar que era solo «un observador y que no fue invitado», ya que solo participa cuando se trata de reestructuraciones de deuda y que este no era el caso, para terminar saludando que Argentina «normalizara las relaciones con la comunidad internacional».

El terreno para reanudar el ciclo de endeudamiento externo, ya sea por nuevas inversiones o por préstamos para financiar déficit, está casi limpio.

Deuda odiosa

Desde esta columna hemos insistido en más de una oportunidad en llevar adelante las propuestas del EDI y de personalidades como el senador «Pino» Solanas y el diputado Claudio Lozano acerca de la necesidad de investigar la deuda, de auditarla, distinguiendo la ilegitima de la legitima y actuar en consecuencia. La respuesta del gobierno en boca de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ha sido que luego de tanto canje y reestructuración las huellas de la deuda se han perdido y no es posible investigarla.
No compartimos estas aseveraciones y mucho menos para la deuda con el Club de París. Deuda que fue refinanciada, pero nunca reestructurada y que sus huellas se encuentran claras y visibles. Según algunas estimaciones el 40 por ciento fue contraído por la última dictadura militar, el 8 por ciento bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y el resto en el de Carlos Menem.

Según Alejandro Olmos Gaona, prestigioso abogado especialista en deuda externa, la correspondiente a la dictadura militar «habría quedado en 1.879 millones de dólares en el año 2001» si se le adicionan los intereses devengados más los punitorios hasta la fecha «el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar».

Esta deuda entra en la categoría de «deuda odiosa». Se caracteriza así a toda deuda contraída por un poder despótico para fortalecer su propio régimen. Esta doctrina data del siglo XIX y fue aplicada por primera vez en 1898 cuando el conflicto entre EEUU y España y más recientemente en el 2003 cuando la administración Bush solicitó a Francia, Alemania y Rusia que renunciaran a la deuda que Irak tenía con esos países, precisamente porque había sido contraída por un régimen despótico.

Con este acuerdo Argentina ha dejado pasar una nueva oportunidad. ¿Tal vez una de las últimas?

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda