20/05/2014

Empresarios beneficiados y trabajadores perseguidos

tapa_1-14.jpg El pasado 15 de mayo en la movilización de trabajadores de EMFER y TATSA de avenida 8 de Julio hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo de soluciones a sus demandas de mejoras en sus condiciones laborales y por el sistema ferroviario en su totalidad. Entrevista a Ezequiel Peralta, delegado de EMFER, quien relató el estado del conflicto de los trabajadores. Por Alejandro Ordos, para ANRed.


“Hace 2 años venimos con una precaridad laboral que cada vez se agudiza más. Esta actividad es la primera de las que estamos preparando y si no obtenemos respuesta favorables radicalizaremos nuestras medidas“, dijo Ezequiel Peralta, delegado de EMFER. “El reclamo es por varios motivos: por atraso en la quincena, porque la empresa no está haciendo los aportes sociales, nos están adeudando el pago de vacaciones. Estamos sufriendo cancelaciones cuando nos vamos a atender, rebajas en los planes de las coberturas médicas, incluso el caso de compañeros que tuvieron que hacerse estudios complejos y no pudieron.”

En la manifestación estaban acompañando y apoyando el reclamo Vilma Ripoll y Carlos Maradona, dirigentes del MST, que repudiaron el accionar del gobierno en el manejo integral del sistema ferroviario, como la persecución a los trabajadores y su precariedad laboral.

“Mientras Cirigliano (y Ricardo Jaime, ex ministro de Transporte, ambos con declaraciones juradas millonarias) obtiene eximiciones para no presentarse al juicio por la tragedia de Once, a los trabajadores que denunciamos la quema de pruebas, nos han iniciado causas penales incluso por robo, y laborales, a todos los delegados, entre 5 y 6 cada uno“, denuncia Peralta. “Cada vez que hacemos un reclamo, porque no pagan el sueldo por ejemplo, nos abren una causa penal”. La justicia no aplica en estos casos la misma vara para trabajadores que no tienen similares posibilidades a las de sus empleadores. “Como laburantes vivimos el día a día. No tenemos 5 pisos o ascensores en la casa, salvo los compañeros que viven en departamento”.

Las causas que la empresa empezó a levantar contra los delegados han sido todas posteriores a la tragedia de Once, y a la denuncia de los mismos trabajadores de la quema de evidencia en volquetes de EMFER, la fábrica donde trabajan. En la causa contra Julián Radic, por un reclamo cortando vías, como en las que tienen el resto de los delegados, se percibe la misma persecución que sufren trabajadores en muchas áreas, como los petroleros de las Heras o los trabajadores de ATE. No son procedimientos contra trabajadores particulares o quiénes reclaman personalmente, sino contra todxs los que interpelen al sistema y reclamen igualdad ante la ley, mejoras en las condiciones de vida actuales y en la distribución de ingresos. Más allá de la ley anti-terrorista, existen estos y otros elementos que usan tanto empresas como gobiernos para perseguir y judicializar trabajadores.

Hace dos meses los empleados de EMFER y TATSA, ambas empresas del grupo Cirigliano por las que cobró subsidios millonarios del estado nacional, habían cortado General Paz y tuvieron una entrevista con un enviado de Jorge Capitanich, donde les aseguraron prestar atención a su caso y resolverlo lo antes posible. El jefe de Gabinete prometió mesas de trabajo para ir solucionando los reclamos, pero no ha habido avances hasta el momento. “No tenemos elementos de seguridad, no tenemos herrramientas de trabajo, prácticamente una parálisis”, describió Peralta. “Cirigliano lo que hizo en todos estos años fue utilizarnos a los trabajadores para obtener subsidios, y mientras tanto a nosotros nos mantenía con poco trabajo o ineficiente.”

En este reclamo se evidencia la lógica que está utilizando el gobierno hacia los problemas sociales, como también la difusión de los medios masivos, tanto privados como estatales. En primer lugar surge una falta, un derecho o garantía que está siendo incumplida o violada. Sea por parte del estado, o de un privado relacionado o no, que provoca un reclamo legítimo en busca de subsanar esa falta. El argumento usualmente presentado para desacreditar la manifestación con corte de rutas o calles, es priorizar el derecho a la libre circulación.

Incluso cuando sólo se trata de vehículos, por lo que sería relativa la restricción de ese derecho. Claro que en ese caso, la falta por la que se hace el reclamo debería ser menor para que tenga sentido dicho argumento. Pero en muchos reclamos de esta envergadura, como éste en particular, se intenta defender derechos más importantes, causas más urgentes y vitales que la libre circulación de vehículos por un tiempo determinado.

Cuando hay manifestaciones, se buscaron previamente soluciones por instancias regulares, como presentaciones antes ministerios o denuncias. Cuando no se obtienen respuestas por los canales tradicionales, entonces se procede con la medida de fuerza, el corte o piquete, en muchos casos. Una gran parte son reclamos de salud, educación, puestos de trabajo, defensa de los mismos o aumentos de sueldo, garantías de vivienda, controles, nuevas normas o prohibición de prácticas contaminantes, pedido de investigaciones sobre riesgos ambientales, todos relacionados con el derecho principal, el derecho a la vida, y a la calidad de vida principalmente.

En lugar de solucionar el tema en cuestión, se intenta simplemente acabar con el reclamo. Tanto por la mal llamada represión directa por parte del estado (término que sólo debería aplicar al uso de la fuerza contra intentos de derrocamiento del gobierno elegido por voto popular), indirecta; con patotas, con silencio, dilatación, amedrentación, despidos, desacreditación en medios estatales o privados, y más comúnmente, su ausencia en las agendas de esos medios. Los medios tradicionales enfocan su atención en diferentes hechos de menor relevancia, problemas particulares y no sistémicos.

En caso de tocar estos temas, no es con centralidad o continuidad, y se manejan con un tratamiento favorable a los estamentos más altos del poder, sea el gobierno de turno, conglomerados empresarios o los propios medios. En los últimos tiempos, los medios sólo informan los reclamos como problemas de tránsito, anuncian los cortes, pero ni siquiera informan la problemática que despertó el reclamo. No está en el objetivo de los medios masivos, como tampoco de los gobernantes de turno, cuestionar el sistema que sostiene y produce esas injusticias. Más bien el procedimiento es desvirtuar el reclamo, cambiar el foco de atención, evitar brindar la información para que la participación activa, la presión popular, ayude a dar solución al conflicto en particular.

“También le estamos reclamando al estado que se haga cargo de la empresa, que desvincula a Cirigliano y a todo su directorio que operó para el vaciamiento. Como usuarios y laburantes nos sentimos apenados, con mucha bronca, por que la industria ferroviaria se está terminando de deteriorar. Comprando vagones chinos se salda una parte, momentánea, porque el sistema ferroviario no se está terminando de arreglar. La revolucion ferroviaria no es tan así. Un pilar, sería la construcción de vagones en su propio país”, dice el delegado de EMFER. “Lo que prima es la relacion que ellos (el gobierno nacional) tienen con el estado chino, que tiene intenciones en insertarse a nivel latinoamericano y ya lo está haciendo. Se está favoreciendo ese tipo de relaciones, y no la industria a nivel nacional.”

Este es un claro ejemplo de conflicto de intereses; los mismos que dan los subsidios a empresas ferroviarias, las autoridades nacionales, son los que tienen que regular y fiscalizar el uso de esos subsidios. Es cuestionable el accionar judicial, hasta el momento da beneficios a las autoridades y empresarios millonarios que están siendo procesados, mientras usuarixs del servicio ferroviario, víctimas y familiares de la tragedia de Once y los empleados que ven peligrar sus fuentes de trabajo, tienen que seguir reclamando. Por eso los trabajadores de EMFER buscan un soluciones en conjunto con los trabajadores de TATSA, porque son empresas del mismo dueño que se manejan del mismo modo.

“Uno de los planteos que hacemos, es que se está terminando de destruir la poca industria que queda de los 90. Si bien con la compra de vagones chinos se solucionó un problema urgente, no hay planes para la fabricación de vagones acá y renovación del sistema ferroviario argentino. Esa es una de nuestras preocupaciones como usuarios y trabajadores, y por eso estamos acá” afirmó Peralta. En septiembre el ministro de Defensa Agustín Rossi anunció la fabricación de 50 vagones por mes por parte del ejército, pero 6 meses más tarde, no hubo novedades al respecto. “Nosotros y distinas fábricas estamos en condiciones de renovar la industria ferroviaria. Presentamos un proyecto que se podrían hacer entre 100 y 150 vagones por año, con la capacidad actual. Con mayor cantidad de trabajadores se podría hacer mucho más”. Una oportunidad desaprovechada durante todo este tiempo, para crear nuevos puestos de trabajo calificados en un ramo como el industrial, que actualmente está viendo disminuír su actividad.



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