02/04/2014

El Estado cuestionado, a un año de la inundación

Foto_TAPA-5.jpg El 2 de abril del año pasado un temporal azotó distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. En La Plata, Berisso y Ensenada cayeron alrededor de 400 milímetros de agua, y prácticamente la mitad de la región se inundó de forma severa. Según el último fallo judicial dictado por el Juez Luis Arias, fueron 89 las víctimas fatales. El rol del Estado quedó fuertemente objetado tanto por no haber realizado las obras hidráulicas necesarias a pesar de las advertencias de distintos especialistas e informes científicos, como por la notoria ausencia en tareas de evacuación y asistencia. La planificación urbana basada en el lucro inmobiliario y la expulsión de los sectores de menos ingresos hacia la periferia quedó también en evidencia. Por ANRed La Plata.


Hace un año caía sobre las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada el mayor temporal registrado en la historia de la región, teniendo en cuenta la cantidad de milímetros de agua de lluvia caídos de forma continua durante alrededor de 9 horas, computados entre 300 y 400.

El precario sistema hídrico colapsó y casi la mitad de la región quedó inundada. Entre 50 centímetros y 2 metros de agua llegaron a acumularse en las zonas afectadas, generando correntadas por las calles como si fueran literalmente los cauces de un río. Según el último fallo judicial, dictado por el Juez Luis Arias, fueron 89 las muertes producidas a causa del temporal.

Los damnificados de forma directa o indirecta fueron más de 300 mil, cuyas casas quedaron -en distintos grados según la zona- destruidas. Toda la región quedó incomunicada al dejar de funcionar las líneas de celulares, y un enorme porcentaje de los barrios sin servicios de agua y electricidad, y con el sistema cloacal totalmente colapsado.

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La ciudad amaneció el 3 de abril totalmente arruinada, con cadáveres en la calle, autos apilados uno arriba de otro, árboles y materiales de las viviendas dispersos por calles, veredas y plazas. Miles de vecinos y vecinas perdieron todo: su casa, pertenencias, recuerdos, todo había quedado sepultado por el agua.

Las dolorosas historias de la noche del 2 de abril, la interminable angustia de quienes se quedaron sin nada, fueron la postal del día después. La ausencia de un plan de contingencia del Estado, y la nula presencia de instituciones del Gobierno sobre todo en las primeras horas, también quedaron en evidencia, así como la respuesta inmediata de las organizaciones sociales, vecinales, territoriales, políticas, culturales y sindicales, que se pusieron al hombro las tareas más urgentes de asistencia y apoyo.

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Los avisos y las políticas de Estado

Aunque se pudiera pensar que semejante temporal podría justificar por sí mismo el desastre, para eso habría omitir un conjunto de datos relevantes: la ciudad de La Plata se había inundado de forma severa 4 veces en 8 años (2002, 2005, 2008 y 2010), una de las cuales tuvo también una víctima fatal (la de 2008); además la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata ya había desarrollado un estudio que advertía que esto podía suceder y sugería la realización de inmediatas obras hidráulicas.

Según describía el año pasado una publicación del Colectivo Tinta Verde, “desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) elaboraron un informe en que sostienen que una de las causas del desastre fue la falta de obras de infraestructura, que en la última década no se concluyeron o quedaron sólo en anuncios. Indican que “˜se construye sin planificación en una ciudad bajo crecimiento poblacional, siguiendo lógicas de maximización de la rentabilidad del suelo, expulsando a los pobres a localizarse en las áreas más vulnerables y avanzando sobre cuencas y arroyos, espacios verdes y humedales, alterando la regulación hídrica natural del territorio”™”.

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“En la misma línea, desde el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Alicia Ronco manifiesta: “˜La ciudad está tapizada por cemento y baldosas, hay un porcentaje elevadísimo, yo diría que hasta más del 50% de la superficie del casco urbano y los alrededores, que está tapizado por cemento y eso no deja superficies absorbentes, entonces las calles se transforman en aludes de agua”™”, señalaba el informe.

Además, se afirmaba en dicho trabajo: “En la misma línea, Gustavo Desplats manifiesta que “˜La aprobación del COU (Código de Ordenamiento Urbano, sancionado en 2010 e impulsado por el intendente Pablo Bruera), hizo que en los últimos dos años se construyeran en el centro histórico de la plata, dos millones de metros cuadrados de construcciones, una cantidad absolutamente desmedida, que además va expulsando a la gente de menos recursos a las zonas que son inundables”™”.

Brillar por la ausencia

Si antes de las inundaciones las políticas de Estado en cuanto a infraestructura fueron sumamente cuestionables, durante las mismas y después del desastre, lo fueron aún más.
El Colegio de Trabajadore/as Sociales bonaerense desarrolló un relevamiento socio-sanitario conjuntamente con las asambleas de vecinos de los distintos barrios afectados, que abarcó 3.256 viviendas, lo que estimativamente representaba a más de 12 mil vecinos y vecinas de 27 barrios distintos.

Según el informe presentado, y en palabras de la presidenta de la institución, Valeria Redondi: “El 30% de las viviendas ya había sufrido inundaciones en distintas fechas entre el 2008 y 2013. Por ejemplo en el 2008 en Villa Elisa fundamentalmente, donde también hubo pérdidas humanas. El 27% entre el 2007 y el 2002. Entre 1993 y el 2001 el 17%. Esto marca, como ya sabíamos y lo estamos confirmando, que tras las inundaciones anteriores no se hicieron las distintas obras necesarias ni se tomaron previsiones”.

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“Otro dato importante tiene que ver con el alcance del nivel del agua: el 28% sufrió el 2 de abril una inundación de hasta 50 centímetros; más del 34% entre 60cm y un metro; el 23% de las viviendas relevadas entre un metro, y un metro y medio; y entre un 1,60 y 2 metros el 11%”, aseguró.

“Lo que para nosotros es el nudo central de esta investigación tiene que ver con la pregunta de por quién fue realizada la evacuación: en el 96,83% la realizó la sociedad civil, y sólo el 3,17% la hizo el Estado”, explicó.

“En términos de la política sanitaria que necesitamos, en términos de lo que podría hacerse desde distintas instancias de Desarrollo Social, hay que tener en cuenta que inclusive los Centros de Salud fueron lugares inhóspitos, vacíos, que no tenían la vacunación necesaria, la leche necesaria, que no tenían nada para dar. Esa fue la ausencia (del Estado)”, manifestó.

A su vez, el informe del Colegio de Trabajadore/as Sociales destacaba: “En cuanto a los lugares de refugio de las personas autoevacuadas: un 78% lo hizo en casas particulares de amigos, familiares o vecinos. En las instituciones públicas sólo se refugiaron un 4,77%, que fueron fundamentalmente escuelas y algunos centros de evacuación. En los clubes un 3%, y en uniones vecinales u organizaciones de vecinos en un menor porcentaje”.

Por otro lado, Redondi destacó que “recibió agua un 73,4% de la población. ¿Quién entregó el agua? el 81% fue otra vez la sociedad civil, el Estado sólo un 18%”. En ese sentido a la hora de analizar de quien se recibió ayuda en los primeros momentos, los resultados del relevamiento daban que “del Estado sólo recibió ayuda entre un 10% y un 14%; de los vecinos, familiares y amigos entre un 43% y un 65%; y de las organizaciones sociales y políticas entre un 10% y un 24%”.

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Este informe en definitiva expresa en porcentajes la importancia que tuvieron las organizaciones sociales, políticas, culturales y de la sociedad civil en general ante la ausencia de un plan de emergencia y evacuación desde el Estado, que durante los momentos más críticos brilló por su ausencia.

De hecho, si hay una frase que graficó el rol del Estado en aquel momento fue la respuesta que dio el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia ante una movilización de más de 500 vecinos de barrios de la periferia que dos semanas después de la inundación fueron a reclamar materiales para reconstruir sus casas: “No tenemos ni un clavo para darles”, dijeron, sin despeinarse, los funcionarios.

Para más información, ver notas anteriores:


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