24/03/2014

Francisco Terrier, contra las huelgas y el Nunca Más

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La decisión del Ministro de Seguridad bonaerense de permitir que los ocho policías involucrados en la desaparición de Luciano Arruga vuelvan al servicio activo y el fallo por el cual se ordenó a los docentes de Buenos Aires “el cese inmediato de la huelga” tienen un nombre en común: Francisco José Terrier, juez de La Plata, quien además fue integrante de la Policía durante el último golpe cívico-militar en nuestro país. Por ANRed.


Hace varios años, se conoció la denuncia acerca de que el juez Francisco José Terrier -a cargo actualmente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata– había formado parte de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar en la Argentina. Además de haber sido comisario inspector, ocupó un cargo jerárquico en la División de Asuntos Jurídicos de dicha fuerza. Cabe recordar que varias dependencias de la policía en Buenos Aires funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, como el Destacamento de Arana y la Comisaría V de La Plata. Estos CCD estaban bajo la órbita del represor Rubén Camps, quien llegó a jactarse de haber hecho desaparecer a 15.000 personas.

Esta denuncia incluso formó parte del fútbol: en diciembre de 2010, el entonces presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Héctor Delmar, nombró a Terrier integrante del Jurado de Honor en la Comisión Directiva. Para un sector de los socios del “Lobo” era “inadmisible” que un ex funcionario de la dictadura formara parte del club, por lo que pidieron la remoción del cargo.

De la huelga docente a Luciano Arruga

Ayer, 22 de marzo, Francisco Terrier ordenó a seis sindicatos docentes de Buenos Aires “el cese inmediato de la huelga (“¦) evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobretodo el de niños, niñas y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad”. Cabe recordar que los trabajadores de la educación llevan 13 días sosteniendo un plan de lucha, con paros y movilizaciones, reclamando sueldo digno para todos los escalafones, mejoras en infraestructura y en las condiciones de trabajo y en defensa de la enseñanza pública.

La sentencia del ex comisario fue una respuesta al amparo que había presentado el actual Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Carlos Eduardo Bonicatto, para que los maestros levanten el paro. Cabe señalar que Terrier y Bonicatto son viejos conocidos. Según un informe del diario Hoy de La Plata, del 13 de diciembre del 2010, “luego de jubilarse como comisario inspector, Terrier fue nombrado juez a partir de los buenos oficios que, oportunamente, realizó el entonces diputado provincial Carlos Bonicatto, designado a fines de 2009 como defensor del pueblo de la Provincia en un proceso que habría estado cargado de irregularidades. Y que hasta incluyeron denuncias judiciales que, llamativamente, recayeron en el juzgado de Terrier”.

El fallo de Terrier fue rechazado ampliamente por los distintos sindicatos docentes, en primer lugar por atacar el derecho constitucional de huelga.

Nicolás Del Caño, diputado nacional por el FIT, señaló asimismo que “el criterio de la resolución es inadmisible, contrariando toda la normativa jurídica local e internacional sobre el derecho de huelga de los trabajadores de la educación. Si se aceptase el criterio del juez, la justicia podría intervenir para levantar cualquier huelga no sólo docente sino de la salud, del transporte o del sector público con el solo argumento de que afectan “˜derechos de terceros”™ ”.

Pero el nombre de este juez también resonó en relación a la causa judicial que investiga qué sucedió con Luciano Arruga, el joven de 16 años visto con vida por última vez el 31 de enero de 2009 en el Destacamento Policial de Lomas del Mirador. El caso fue caratulado en principio como “averiguación de paradero” y recién en 2013 recaratulado como “desaparición forzada de persona”. Los ocho policías que estaban de guardia aquel día de enero habían sido pasados a “disponibilidad preventiva” en enero de 2009, aunque luego la medida se levantó, y recién en febrero de 2013, gracias a la lucha incesante de los familiares y amigos de Luciano, volvió a ser aplicada.

Sin embargo, en diciembre de 2013, Terrier falló a favor de un recurso de amparo presentado por la defensa de uno de los policías, que alegaba que había transcurrido “ampliamente” el plazo para permanecer bajo disponibilidad.

Este dictamen judicial que beneficiaba en principio a uno sólo de los policías le sirvió al Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, para levantar la sanción a los otros siete policías. La decisión del funcionario de Daniel Scioli fue conocida públicamente el viernes 21 de marzo.

Nathalia González, Secretaría de DD.HH. del SUTEBA La Matanza, afirmó: “Este juez que dice que se preocupa por el derecho de los niños a la educación, es el mismo, casualmente, que permitió que a los 8 policías acusados por la desaparición del joven Luciano Arruga se les levante la sanción”.

A sólo un día de un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976, un juez pretende cercenar el derecho a huelga de los trabajadores y ocho policías directamente involucrados en una desaparición en democracia volverán al servicio activo. Causas latentes para seguir gritando “Nunca Más”.

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