22/03/2014

Argentina: Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires

TAPA-576.jpg Criminalizar la pobreza y la protesta, estigmatizar a quienes deciden salir a la calle para pelear por derechos constitucionales como el trabajo, la vivienda, la salud y la educación, crear leyes que apuntan a cercenar el reclamo y condenarlo, son las salidas que avanzan desde los gobiernos en lugar de generar políticas que resuelvan estos problemas. En algunas esquinas de la ciudad y a través de la web se ha lanzado desde hace unos días una campaña de recolección de firmas para presentar un proyecto de “Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires” . Por Fabiana Arencibia, de Red Eco / Imagen: Aymuray colectivo en defensa del territorio del Movimiento Popular La Dignidad.


Lleva adelante esta iniciativa el Instituto de Políticas de Pacificación, una asociación civil que dirige Diego Kravetz. Para elaborar esta propuesta, el ex diputado porteño por el Frente para la Victoria se inspiró en la “pacificación” de las favelas de Rio de Janeiro.

El proyecto consiste en la creación de “Unidades” que actúen en las “villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios” con los objetivos de, entre otros, luchar “contra el narcotráfico y el crimen organizado” y devolver a sus habitantes y a los vecinos que rodean a estos núcleos habitacionales “la paz y el orden público”.
Se trata de las llamadas Unidades de Pacificación Policial (UPPs) y Unidades de Pacificación Social (UPSs).

Según establece el proyecto, las UPPs serán cuerpos especializados de la Policía Metropolitana que tendrán como tarea realizar “acciones especiales en materia de pacificación y preservación del orden público”. Su responsable, dice el artículo 6, será designado por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y dependerá directamente de la Metropolitana, la misma fuerza que reprimió en el Parque Indoamericano, en el Hospital Borda, en el desalojo de la Sala Alberdi donde fueron heridos con balas de plomo tres personas, dos de ellas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Además se establece que estas unidades, que reclutarán cada una entre 100 y más de 400 agentes policiales (estas últimas para lugares con más de 20 mil habitantes), tendrán sedes “dentro del lugar de acción” y si no es posible “en sus adyacencias”.

Las UPSs se crearán para complementar las tareas de las UPPs, o sea que el planteo del proyecto es que los habitantes de villas y asentamientos, que de manera cotidiana son arbitrariamente objeto de situaciones de vejación por parte de la Policía, trabajen en conjunto con ella.

Estas unidades, según el proyecto, persiguen el objetivo de “integrar las villas y asentamientos al ejido urbano garantizando condiciones dignas de vida, acceso a los servicios públicos básicos y desarrollo humano sostenible promoviendo la participación de la comunidad” en coordinación con el área de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No son estas obligaciones inherentes al Estado? ¿Para qué se necesita una ley que además incorpora presencia policial?
El artículo 5 establece que ambas Unidades realizarán la implementación del programa en esos territorios en cuatro pasos: la Intervención Táctica para que el Estado “recupere el control territorial” de esas zonas; la Estabilización para permitir la “reinserción de los habitantes en la sociedad democrática”, la Aplicación de la Policía de proximidad que actúe “una vez restablecido el orden”, y la Evaluación y Monitoreo para mejorar el programa.

Según datos que expone el proyecto en sus Fundamentos, actualmente en la Ciudad de Buenos Aires existen 15 villas, 2 urbanizadas, 24 asentamientos y 2 núcleos habitacionales transitorios. Mayoritariamente viven niños y jóvenes adolescentes.

Menciona además a estos territorios como de “riesgo creciente de fractura social dentro del área metropolitana, un vacío institucional que los residentes de estos asentamientos suplantan con la creación de instituciones informales ad hoc ajenas ““ cuando no abiertamente contrarias ““ a las cláusulas del contrato social de la comunidad”.
Y para acentuar esta postura discriminatoria, estigmatizadora y justificar la necesidad de militarizar estos territorios, dice: “El riesgo de que estos complejos habitacionales ““ que reúnen cantidades de habitantes superiores a las de muchos pueblos del interior del país ““ se conviertan en micro-culturas separadas de la cultura de nuestra ciudad no es para nada desdeñable, en especial si se tiene en cuenta que lo que nuestra ley sanciona como delito en esas comunidades se vuelve una instancia de ascenso económico y de poder político”.

“Un joven con bajo nivel educativo y residente de estos complejos habitacionales precarios difícilmente sienta una inclinación a insertarse en las estructuras formales de empleo donde puede aspirar a un salario reducido en el mejor de los casos”, agrega.

Ni la iniciativa para elaborar un proyecto que limite la protesta callejera, lanzada por Cristina Fernández en su discurso de apertura en la Asamblea Legislativa (allí se refirió a “grupos o grupitos chiquitos, de diez, de quince o de veinte, que cortan la calle por cualquier cosa”), ni este proyecto para la Ciudad de Buenos Aires, vinculan los problemas sociales como la falta de vivienda y de trabajo con salario digno, con una de las causas que originan, entre otras cosas, la existencia de villas y asentamientos.

Por otra parte, el narcotráfico – al igual que la trata y el trabajo esclavo – existe por la connivencia entre el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad, en especial la Policía. Para batallar contra ello es imprescindible apuntar hacia esos tres sectores. Mirar a los habitantes de las villas como los causantes del narcotráfico es poner la paja en el ojo ajeno.

Espionaje a los luchadores sociales con mecanismos como el Proyecto X, procesos judiciales con sentencias como la cadena perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras, referencias a los docentes de paro como “servidores públicos que tienen un arma en el bolsillo para sentarse a negociar”, son parte de una misma lógica. Criminalizar la pobreza y la protesta, estigmatizar a quienes deciden salir a la calle para pelear por derechos constitucionales como el trabajo, la vivienda, la salud y la educación, crear leyes que apuntan a cercenar el reclamo y condenarlo, son las salidas que avanzan desde los gobiernos en lugar de generar políticas que resuelvan estos problemas.

DESCARGAR completo el proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Red Eco



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