01/11/2013

Siguen las detenciones en Capilla del Monte

Justicia_por_Jorgito-3.jpg A cinco días de la muerte de Jorge Reyna, el pueblo cordobés se encuentra en “estado policial”. La policía controla las calles, y entre lunes y martes se realizaron doce detenciones, distribuidas entre las comisarías de la Cumbre y la Falda. Por Corresponsal Popular, desde Capilla del Monte.


Entre los detenidos se encuentran el tío y el primo del joven fallecido el fin de semana en la comisaría de Capilla, quienes habían ido a declarar a la fiscalía radicada en Cosquín el domingo. También fueron detenidos un militante del Partido Solidario que se acercó para ver que sucedía durante uno de los arrestos y un periodista de Radio Astral.

Al menos seis de las detenciones se enmarcan en los artículos contravencionales 51 y 83 del Código de Faltas, que sancionan hechos vinculados a la incitación pública y al patoterismo, y el resto, dentro del Código Penal. La diferencia entre ambas carátulas radica en que la primera (Código de Faltas) es inconstitucional, debido a que habilita total libertad de acción a la Policía. Concretamente, además de arrestos, el “juicio” también puede quedar a merced de la decisión del Comisario, sin ninguna intervención del Poder Judicial. Las penalidades van entre 10 y 30 días de arresto a discrecionalidad de la Comisaría.
El artículo más controvertido del Código de faltas es aquel vinculado al merodeo : pueden detener en la calle a cualquier persona que consideren sospechosa, y decidir qué hacer con ella. Así es como la detención se efectúa a partir de la presunción de culpabilidad, y no de inocencia, como indica uno de los principios constitucionales básicos. Según este Código entonces, todos (aunque más a los jóvenes morochos de los barrios populares) seríamos culpables hasta que se demuestre lo contrario.

En este momento los seis detenidos están en libertad gracias a la intervención de los abogados. Sin embargo, la situación es más compleja aún, debido a que en la Provincia de Córdoba los recursos de Hábeas Corpus y Amparos son en general rechazados. Esto implica para los ciudadanos, una reducción en sus garantías constitucionales.
El fiscal a cargo del caso, Dr. Berttone fue removido por incompetencia y en su lugar está la Dra. Alejandra Gilman. Los resultados de la autopsia dieron muerte por asfixia y golpes. La fiscalía no se ha pronunciado aún, pero los vecinos que vieron el cuerpo afirman que tenía grandes golpes y ningún signo en su cuello. El abogado de la familia querellante es el Dr. Nagi, quien también participa en el caso del policía muerto supuestamente por suicidio en el marco de la aparición de drogas en el Departamento de policías en Córdoba.
Si bien según los medios oficiales, tanto el Comisario, el Subcomisario como diez oficiales habrían sido removidos de la Comisaría de Capilla del Monte, pero ninguna información oficial fue proporcionada a los vecinos del pueblo. Como agravante, el Intendente se marchó y dejó la situación librada al accionar policial. Otras prácticas de la policía de la zona fue la infiltración de oficiales de civil entre los vecinos, para iniciar disturbios, y correr información falsa acerca de posibles saqueos parar generar miedo en la población.

Ayer por la tarde se realizó una asamblea entre los vecinos de Capilla del Monte de al menos 50 personas en la Plaza San Martín. También se acercaron vecinos de localidades aledañas que padecen de la misma impunidad policial. La asamblea de vecinos autoconvocados consistió básicamente en ver qué medidas se van a tomar en los próximos días y se decidió convocar a una marcha para el día sábado por la tarde. La indignación de los vecinos se respira en cada lugar: el pueblo permanece vallado y controlado por móviles policiales pero los vecinos no se callan: “estás del lado del pueblo y de Jorgito o del lado de la cana” dice convencidos.

Mientras tanto, el martes se realizó una marcha en el Patio Olmos, Córdoba Capital con la presentación de habeas Corpus Preventivos Colectivos para garantizar los derechos constitucionales de todas las personas de entre 5 y 21 años, convocada por varias organizaciones, entre ellas la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba.

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