25/03/2006

Terror de Estado en el pago chico del presidente

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La protesta que los
petroleros de Las
Heras iniciaron por
distintas demandas
laborales derivó en
un virtual estado de
sitio en la región y
detenciones masivas
de trabajadores con
la excusa de la
muerte de un policía.
A 30 años del golpe
genocida,
petromilitarización y
encarcelamiento
como respuesta
estatal a los
reclamos.

Nota realizada por el Colectivo Trabajadores Indymedia Argentina y Agencia de Noticias RedAcción (ANRed).


Para ver el formato original de esta nota:

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El 23 de enero, los trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz) iniciaron un paro por tiempo indeterminado con bloqueo de las entradas a los yacimientos. Sus demandas eran: la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias o la eliminación de éste sobre el salario, la jubilación con
25 años de aporte sin límite de edad y el pase de los obreros del convenio de UOCRA al petrolero. Esta medida de fuerza fue votada en asamblea. La cúpula del sindicato no sólo se negó a reconocer el mandato de la asamblea, sino que también amenazó con desafiliar a quienes se plegasen a la medida de fuerza, desconociendo el estatuto interno del mismo sindicato. Según señaló Luis Guineo, trabajador petrolero, “esto no empezó de la noche a la mañana. Hace más de dos años que veníamos
peleando y las empresas nos vienen verseando que están en tratativas con la federación, con parte del
sindicato. Un papel y otro y nunca llegamos a nada”.

Parecía un conflicto laboral más, con los ingredientes particulares de la región y el gremio. Sin embargo el paso del tiempo y la falta de respuestas fueron agotando la paciencia que terminó estallando en furia con la detención del dirigente Mario Navarro el 6 de febrero. En palabras del párroco local, Luis Bicegó, “los reclamos se habían estirado bastante, había mucha bronca, y pienso que la policía
eso lo sabía. Con la bronca que había, y con la detención de Navarro provocaron lo que sucedió”.

Un movimiento espontáneo por su libertad derivó en una pueblada a la que se plegaron vecinos de barrios circundantes. La misma tuvo como escenario las inmediaciones de la Comisaría Nº 2 de Las Heras y dejó como saldo la muerte del oficial Jorge Sayago. Su consecuencia en palabras de Navarro fue que “el poder político utilizó la muerte de Sayago para militarizar el conflicto, judicializar la
protesta y enturbiar el justo reclamo de los trabajadores”.

A partir de ese momento, los medios masivos de comunicación comenzaron a reproducir las demandas de sectores ligados a la extracción petrolera: las empresas y sus subsidiarias y proveedores, y la Sociedad Rural cuyos integrantes cobran servidumbre por el uso de sus campos. Las mismas se
centran en la militarización de la región mediante el asentamiento de un escuadrón de gendarmería y el refuerzo de la guarnición de la policía provincial en la zona. Para ellos esto garantizaría la explotación de una de las cuencas hidrocarburíferas más productivas del país.

Es así que “el poder político y económico representado por las grandes operadoras apuestan a que los trabajadores cesen en el reclamo. Además la burocracia sindical está continuamente diciendo que ellos no se hacen responsables. Esto no logra quebrantar el espíritu de los trabajadores y entonces viene la contraofensiva, la provocación sistemática
del poder judicial y del poder político”
, aseveró
Navarro.

La saga de la represión en los enclaves petroleros de
Santa Cruz, iniciada en marzo 2004 como respuesta a la lucha de trabajadores ocupados y desocupados, inauguró un nuevo capítulo: la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
Inmediatamente se conformó un Comité de Crisis, que de hecho actúa como un comando conjunto de fuerzas provinciales y federales. El mismo dispone de personal de inteligencia del Estado, del Grupo de Operaciones Especiales de la policía provincial y 300 gendarmes.

A pesar de la celeridad con que las fuerzas represivas se trasladaron a la zona, la delegación del gobierno central, encabezada por el Secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, llegó días más tarde. En tanto la autoridad local proveyó los medios para garantizar el despliegue de efectivos:
Gendarmería contó con camionetas 4×4 de Repsol YPF para
patrullar los yacimientos y la ciudad. Sin embargo
los funcionarios de Nación se esforzaron por cuidar las
apariencias y se sinceraron frente a los comandantes en tono de reproche: “Van a pensar que esto es el Ingenio Ledesma”. Días después, en reunión con representantes de las operadoras petroleras locales, a Tibiletti le tocó ruborizarse ante
el escenario posible planteado por el representante de Vintage Oil de no garantizarse la seguridad exigida: la Patagonia podría transformarse en Colombia y las empresas ‘tendrían’ que organizar bandas paramilitares.

Entre el 25 de febrero y el 10 de marzo, 20 personas fueron
detenidas, 18 aún están presas. Asimismo, numerosas denuncias de torturas e intimidaciones fueron realizadas por los obreros y sus familiares, el cura Bicegó y organismos de derechos humanos. Más tarde, el Presidente Néstor Kirchner, y el Jefe de la Policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque, se encargaron de repudiar los hechos cuando éstos eran inocultables.

En un comunicado de prensa, los trabajadores sostienen que “estamos presos en nuestro pueblo. Venimos siendo víctimas de
una escalada de denuncias sin fundamento a partir de esa muerte. Fuimos conejillos de indias de las internas entre el gobernador y el presidente. Sin embargo, nuestra lucha es por los magros salarios que cobramos. ¿Dónde estaban estos gobernantes para encauzar el reclamo desde un principio?”
.

Cabe aclarar que entre los detenidos se encuentran delegados de la empresa INDUS, quienes en el momento de la muerte de Sayago, se encontraban lejos de los disturbios; y que hasta ahora no se ha presentado evidencia alguna que incrimine a los detenidos.

Aún admitiendo “excesos” y cediendo a algunas demandas de
los trabajadores, el gobierno insiste en menoscabar el contenido político de la situación. En términos del Ministro del Interior Aníbal Fernández, “lo que existe no es un conflicto laboral sino un hecho policial”.

Poco a poco se cumplen las exigencias de las petroleras: la
ganancia transnacional es el primer derecho garantizado por “el gobierno de los derechos humanos”.


“El gobierno nos ha sitiado”

La represión en Las Heras
incluyó que los efectivos de las
fuerzas de seguridad
custodiaran los pozos
petroleros, que interrumpieran
las asambleas de trabajadores y
que los helicópteros
sobrevolaran la zona.

Asimismo, en una
manifestación, los vecinos
reconocieron a un policía
federal que simulaba ser
periodista y al cual le quitaron
los papeles que tenía: un listado
de vecinos, de empresas y de
obreros y un parte de
inteligencia del viaje que en
febrero pasado realizaron
referentes de Bs. As.

El Cuerpo de Delegados
afirmó que esta situación
“constituye la aplicación de un
Estado de Sitio no declarado,
pero ejercido en forma conjunta
por el gobierno nacional y
provincial”
. También
denunciaron que “Gendarmería
y fuerzas provinciales
conjuntamente patrullan los
campos portando armas de
fuego”.

Por su parte, Sandra Izaguirre,
esposa de un petrolero, relató
que “el gobierno nos ha sitiado.
Según los comunicados que
hemos recibido no hay señales
telefónicas, no hay Internet. Los
trabajadores no tienen derecho
a huelga ni a asambleas. La
represión de este presidente nos
va a llegar a todos”.


“La necesidad de que como trabajadores unifiquemos un mensaje”

Desde el inicio de la militarización de Las Heras, en distintas localidades del país, trabajadores ocupados y desocupados, organizaciones políticas, de derechos humanos y centros de estudiantes realizaron distintas medidas de lucha en apoyo y solidaridad a los trabajadores santacruceños. Las mismas incluyeron movilizaciones, cortes de ruta, jornadas de difusión y escraches a las petroleras.

En este sentido, Mario Navarro, vocero de los trabajadores en lucha, sostuvo que “Si bien uno está muy agradecido por todo el apoyo, yo les decía a los compañeros la necesidad de que como trabajadores unifiquemos un mensaje, de que dejemos la cuestión partidaria, la cuestión elitista, para tener un programa de los trabajadores porque esto cada vez se complica más. O sea, ante una política de voracidad del capitalismo, anteponer una política que represente y refleje los intereses de los trabajadores en su conjunto. No podemos hablar con ese discurso mediano, ni chiquito, ni defendiendo nuestra huertita, porque si no la defendemos entre todos se hunde. Esta es la realidad”.

Colectivo Trabajadores Indymedia Argentina y Agencia de Noticias RedAcción (ANRed).



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