24/03/2006

El Gobierno y los Derechos Humanos

A esta altura de los hechos, vemos que la mejor manera de ejercer los derechos humanos (que no pueden estar separados de los sociales) es por medio de la lucha popular. El miércoles 22 unas 1.500 personas marcharon hacia el Pozo de Banfield, con toda la bronca, con toda la fuerza y el gobierno tuvo que conceder el cierre. Los escraches a militares y empresas genocidas, el reclamo de trabajo y mejores condiciones de vida, marcan el camino de cómo se ejercen los derechos humanos.


Vemos muy positivo que este 30 aniversario del golpe se haya metido en el debate popular, en las escuelas, en el trabajo, en las plazas, hasta en la verdulería. Por eso nos parece importante expresar nuestra posición.

Ayer y hoy

Hoy se cumplen 30 años del inicio de la última dictadura militar, presidida por Videla, Massera y Agosti. El exterminio de 30 mil obreros, estudiantes y militantes populares no era sólo cosa de militares, sino también una necesidad para los empresarios nacionales, alineados con los cambios político-económicos a nivel internacional. Sólo el terrorismo de Estado, que tiene el monopolio de la violencia y evidentemente lo usa para estas cosas, pudo imponer un modelo acorde a las necesidades del capital en ese momento histórico, y que aún hoy estamos sufriendo. Los vientos del neoliberalismo soplaban en todo el mundo, y en Latinoamérica necesitaban de la mano dura para ser instalados abiertamente. ¿Por qué fue tan sangriento con nuestros pueblos? Porque el trabajador latinoamericano tenía la frente bien alta, se organizaba, estallaba, luchaba. En Argentina, la única manera de disciplinar a la clase obrera era mediante el terror. El golpe de Estado, no sólo militar sino sobre todo empresario (cívico e internacional también), terminó con un proceso de huelgas y coordinadoras obreras, para flexibilizar la mano de obra y hacerla más barata y abrió el camino al cierre de miles de fuentes de trabajo industriales.

A nivel estructural, este proceso económico fue transfiriendo la base económica de mercado del sector “industrial” al de servicios y al financiero, mediante reforma fiscal, liberalización financiera y comercial, privatizaciones, desregulaciones, libertad de los movimientos de capital, etc. ¿Qué nos queda hoy? Una gran masa de desocupados, salarios deprimidos y mucha pobreza.

El “otoño kirchnerista”

El actual presidente argentino Néstor Kirchner, autotilulado “Hijo de las Madres de Plaza de Mayo”, ha construido un discurso sobre los Derechos Humanos desde una perspectiva de repudio a los golpistas. Sin embargo, representa la continuidad del gobierno criminal de Duhalde, cubriendo con impunidad a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y todas las represiones sangrientas de los últimos años, como las masacres de Mosconi en 2001-2002, cuyos responsables todavía están libres. El “Hijo de las Madres” encarceló a todo un pueblo bajo la excusa de un crimen confuso. Las Heras, en Santa Cruz, está totalmente militarizado por la Gendarmería Nacional y los grupos especiales, la SIDE controla las comunicaciones y practica sus tareas de inteligencia sobre el propio pueblo como si fueran enemigos. El proceso de huelgas y asambleas en las empresas petroleras fue diezmado con el terror como en las viejas épocas. Detenidos por luchar, apremios ilegales, infiltrados entre los activistas, etc., etc.

Está claro que con repudiar el golpe militar no alcanza. Sobre todo cuando los empresarios que fueron responsables del genocidio siguen libres y con beneficios del Estado. Decir que “los crímenes de lesa humanidad no se perdonan y están siendo juzgados” es una mentira al pueblo argentino.

Sin embargo, el discurso K logró dividir a organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales. De la represión actual, unos no hablan y otros apenas.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó a fines del año pasado el Archivo de Casos de asesinados en democracia. El total de muertos por las FFSS en el período de Kirchner es de 415, es decir más de 15 por mes (un muerto cada 48 horas). En años anteriores la cifra era menor: 12 por mes.

La administración de Kirchner está sellada entonces por ser el gobierno democrático con más muertos por la represión policial. Además, cincuenta militantes -de distintas organizaciones sociales y políticas- están presos y cinco mil luchadores populares se encuentran bajo proceso.

La precarización laboral, el deterioro del sistema sanitario y educativo, y la utilización del aparato represivo para aniquilar pobres o criminalizar la protesta social, son hechos suficientes para contrastar con “el discurso” del presidente.

Democracia para pocos

La aniquilación sistemática de referentes del sindicalismo combativo posicionó a la clase obrera en una fase de extrema quietud durante las décadas del 80 y 90, producto del miedo generado y de la desarticulación de las tradiciones de organización popular. Sin embargo, en los últimos años y sobre todo en el 2005, pudimos ver un avance de los trabajadores, con experiencias aisladas pero dignas, en una lucha por recuperar “algo” de lo que nos fueron sacando. La devaluación deprimió los salarios en un 35%, pero los trabajadores sólo recuperaron el 20%. Por otro lado, las empresas beneficiadas duplicaron sus ganancias, y el Estado tiene superávit fiscal récord. Esta reactivación, más la injusta relación con la miseria del pueblo, permitió que sectores obreros salgan a la lucha por reivindicaciones salariales y condiciones dignas de trabajo. De todas formas, lejos estamos del ideario de los ’70, donde se compartía además la necesidad de cambiar de raíz las relaciones sociales de producción.

La represión de las FF.AA. quebró la lucha de los militantes de los 60/70 y destruyó organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y político-militares, lo cual significó un claro retroceso en la pelea por la transformación social de conjunto. La derrota sufrida golpeó las condiciones objetivas de los trabajadores, pero también las subjetivas, la moral, el ánimo, la voluntad, el compromiso. Hoy puede vislumbrarse un reflujo en algunos campos de la lucha popular, acentuadas por las tensiones y divisiones entre las distintas organizaciones y la cooptación de otras bajo el ala del progresismo o de viejas tácticas populistas o demagógicas.

Con respecto a los Derechos Humanos, los gobiernos “democráticos” nunca pudieron “hacer justicia”, sí pudieron contener la necesidad de recuperar “la memoria”. La política oficial de derechos humanos cumplió su cometido. Nacieron como un invento de la burguesía francesa (libertad, igualdad, fraternidad y derecho a la propiedad). Estos primeros derechos no le dieron lugar a la libertad sino mayor fuerza al derecho de propiedad, aplicado con la fuerza de la legislación.

Bajo gobiernos que respetan “esos derechos humanos”, se hundió al pueblo en la miseria. Todos continuaron con prácticas represivas, no ya de las FFAA, sino de la Policía, la Gendarmería y los demás cuerpos de las “Fuerzas de Seguridad”. Particularmente, los gobiernos de Alfonsín y Menem burlaron toda forma de enjuiciamiento y de cárcel a los genocidas militares.

A esta altura de los hechos, vemos que la única manera de ejercer los derechos humanos (que no pueden estar separados de los sociales) es por medio de la lucha popular. Un ejemplo de ello es la pelea que viene dando la Multisectorial “Chau Pozo”, que cada año pide que se cierre el centro clandestino conocido como Pozo de Bánfield. El miércoles 22 marcharon hacia allí unas 1.500 personas, con toda la bronca, con toda la fuerza, escracharon y destruyeron el frente de ese símbolo del terrorismo de Estado. Finalmente, el gobierno tuvo que reconocerles el reclamo y conceder el cierre. Los escraches a militares y empresas genocidas, el reclamo de trabajo y mejores condiciones de vida, marcan el camino de cómo se ejercen los derechos humanos.



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