Una modalidad de exterminio sistemático que va en alza
«Daniel Migone» es uno más de los nombres que engrosan la lista de muertos tras ser torturados en comisarías. Este platense fue detenido por personal de la comisaría 9ª de La Plata, el 9 de noviembre del año pasado, bajo la acusación de haber robado efectos de al menos dos automóviles. Al día siguiente, fue encontrado muerto con su campera de jean alrededor de su cuello en la celda donde se encontraba detenido. Los policías alegaron que se trató de un suicidio, sin embargo, la conclusión de la autopsia reveló que fue torturado y asfixiado en el interior de la comisaría. Sus familiares buscan justicia.
Más de ciento veinte días sin Daniel
A cuatro meses de la muerte de Daniel Mignone, la justicia no ha castigado a los responsables. Por eso, el pasado viernes 10, los familiares de Daniel, la Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) realizaron un acto en reclamo de justicia en la puerta de la comisaría 9ª. Piden la creación de una Fiscalía Especial que investigue específicamente los casos donde está involucrada la policía.
Rosa Bru, presente en el acto, recalcó que «queremos que se pase a disponibilidad a los responsables de este y de otros casos, no nos alcanza con que los trasladen, pues esto no los afecta realmente, no les significa absolutamente nada».
A pesar de las evidentes pruebas en su contra, los oficiales que esa noche se encontraban presentes en dicha dependencia policial no fueron puestos en disponibilidad, sino simplemente trasladados a otras comisarías.
Rosa recordó además que en esta misma comisaría fue torturado, asesinado y luego desaparecido su hijo Miguel, hace ya más de 13 años. «Queremos que esto se conozca» señaló luego, en obvia alusión a la escasa concurrencia de medios en el lugar y la poca repercusión de este y otros hechos similares.
Una metodología muy usada
En la modalidad de exterminio sistemático, la muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios ocupan los primeros puestos en todo el país.
La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44.60 % del total de las ocurridas en el año 2005. Estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado. El 44.50 % del total corresponde a las distintas modalidades del gatillo fácil, con un alarmante 23.40 % del total correspondiente a fusilamiento de presunto ladrón.
Pese a que buena parte de las muertes en cárceles y comisarías corresponden a casos de tortura seguida de muerte, no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito, ya que los jueces son reacios a aplicar porque señala con más claridad que ninguna otra figura legal la responsabilidad institucional.
Crónica de una represión anunciada en la región
Uno de los casos más recientes en la zona es el de Maximiliano Andrés Díaz Subils, quien estaba detenido en la comisaría 6º de Tolosa acusado por una «tentativa de homicidio» ocurrida en el mes de octubre del 2005. Desde esa fecha, el joven pasó por distintas dependencias policiales hasta que en enero, recaló en la seccional de avenida 1 entre 528 y 529. Precisamente el lugar donde fue encontrado sin vida. La autopsia confirmó que no presentaba golpes y que murió a raíz de un cuadro de neumonía. La noche anterior a su muerte, Maximiliano pidió ser atendido en un hospital, pero no se lo trasladó y pocas horas después falleció.
Por la misma región, pero casi doce meses antes, el viernes 4 de febrero del 2005, después de cenar con sus padres, Christian Domínguez fue a un cyber de Berisso a chequear mails y no dejó dicho si regresaba o si volvería a la casa que compartía con su mujer Gabriela y su hija Martina, de tres años. Pero nunca volvió, ni con sus padres ni con su mujer. A las dos de la madrugada, ya sábado, un patrullero de la 1ª de Berisso lo llevó detenido y a las 8.45 de la mañana le avisaron a Pedro, su padre, que Christian se había ahorcado en la seccional, con su cinturón. La escena del hecho fue alterada: el cuerpo fue descolgado, la parte del cinturón supuestamente anudada a la reja fue desatada y el cinto fue inexplicablemente cortado en cuatro trozos. El chico no tiene signos de ahorcamiento, hay graves irregularidades en la autopsia -que no fue hecha por los médicos del Poder Judicial sino por los policías- y los propios involucrados se encargaron de la instrucción.
En la misma comisaría donde falleció Daniel Mignone, Miguel Bru estuvo detenido el 18 de agosto de 1993. Su cuerpo sigue sin aparecer. Hay dos policías detenidos por tortura seguida de muerte, aunque el fiscal ha requerido insistentemente su sobreseimiento y se ha dedicado a hostigar públicamente a la madre de la víctima, acusándola de tener intencionalidades políticas y ánimo de lucro.
A pocos días del 30º aniversario del golpe de Estado de 1976, estos hechos demuestran que la violación de los derechos humanos es una problemática presente, cotidiana.
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