09/12/2012

Nuevo asesinato en comunidad campesina del Paraguay

paraguay-2.jpg Nuevamente, la región de Curuguaty fue escenario de violencia con el asesinato del referente campesino Vidal Vega, el 1° de diciembre. Distintas organizaciones vincularon el hecho a la masacre de junio de este año, que llevó a la destitución de Fernando Lugo. Los abogados Guillermo y Adolfo Ferreiro expusieron sus trabajos en una conferencia realizada en Buenos Aires. Por ANRed


En la madrugada del 1° de diciembre fue asesinado en su domicilio el dirigente del movimiento de los campesinos sin tierra del Paraguay, Vidal Vega. A pesar de que el fiscal de la causa afirma que lo sucedido tiene que ver con un ajuste de cuentas, organizaciones campesinas, dirigentes políticos y entidades latinoamericanas denuncian la existencia de una razón política en el asesinato.

Vega fue testigo excepcional de la masacre ocurrida en junio de este año en Curuguaty, a 250 km al noroeste de Asunción, en la cual murieron 11 campesinos y 6 policías. Su asesinato además, coincide con la llegada a la zona de los 4 campesinos que fueron detenidos en junio, quienes estuvieron más de 50 días en huelga de hambre. Este hecho se puede leer como una amenaza, destaca Domingo Laíno, integrante de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC).

También integrante de la PEICC, el abogado Guillermo Ferreiro defensor de los campesinos acusados de la masacre, participó de una conferencia en Buenos Aires organizada por el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, en la cual expuso el informe paralelo realizado por la Plataforma para el esclarecimiento de lo que ocurrió el 15 de junio en Curuguaty.

En el mismo, se develan detalles que se omitieron por parte de la fiscalía, como ser el video en el cual se ve la llegada de los policías y algunos campesinos armados. Los medios paraguayos difundieron únicamente 3 minutos del video, omitiendo el momento donde se escuchan nueve segundos de ráfagas de armas automáticas. Este es un dato clave para la investigación, ya que los campesinos no contaban con este tipo de armas y el grupo de policías que puede verse en el video estaba en su mayoría desarmado.

El informe cuenta además con pericias realizadas, fotos y demás evidencia que demuestran que la investigación por parte del Ministerio Público omite hechos relevantes y está plagada de irregularidades. No existen pruebas para culpabilizar a los campesinos y es difícil determinar como se dieron los sucesos, ya que la fiscalía impugnó pruebas relevantes y los principales testigos perdieron la vida. Guillermo Ferreiro afirma que “no se sabe lo que pasó, pero se sabe lo que no pasó”.

Lo sucedido se utilizó para quebrantar el orden democrático y permitir a la elite política finalmente destituir al presidente Fernando Lugo por la vía parlamentaria, en un golpe de estado disfrazado de juicio político.

Lugo asumió la presidencia en agosto del 2008 luego de haberse aliado al Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), careciendo de una base parlamentaria propia. Es importante destacar que con apenas 72 horas en el cargo ya se anunciaba que era posible su juicio político. Desde su asunción se contabilizaron al menos 23 intentos de juicio político provenientes de actores políticos de los partidos tradicionales o referentes del sector empresarial.

Los motivos que sustentaban las constantes amenazas eran diversos, desde la inconstitucionalidad del juramento de algunos senadores hasta demandas de paternidad. Finalmente, a partir de los hechos desatados en Curuguaty, utilizando un elemento de déficit estructural como es la lucha por la tierra, se realizó el juicio político relámpago que destituyó al presidente de su cargo.

Adolfo Ferreiro, abogado defensor del ex presidente paraguayo y también partícipe de la conferencia realizada por la GESP, expresó que desde su asunción se busca un proceso legitimador para fundamentar lo que en realidad es una decisión arbitraria proveniente de un sistema político partidario intraelite: “se resuelven fácticamente y después le dan un marco de legalidad”.

Lugo fue acusado por mal desempeño de sus funciones, acusación contemplada en el artículo 225 de la constitución paraguaya. El parlamento no sólo interpretó la conducta política del presidente como de mal desempeño, con el fin de llevarlo a juicio, sino que se bastardeó todo el sistema jurídico en un proceso que careció de consistencia y solidez.

El ex presidente Lugo contó solamente con 4 horas para preparar su defensa, privandolo de cualquier defensa razonable. Además, no se produjeron pruebas y la sentencia no tuvo fundamento. Luego de la sentencia, se recurrió a la Corte Suprema con un pedido de inconstitucionalidad, pero la misma dio una respuesta históricamente inédita y resignó su función otorgando a la clase política un lugar de poder absoluto.

Siete meses después de estos hechos, los campesinos siguen contando pérdidas y preguntándose qué paso en Curuguaty.


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