31/10/2012

Irar Rosario: paradigmas de la burocracia y la desprotección

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Los trabajadores del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR), quienes ya hace varios meses vienen denunciando la falta de implementación de políticas públicas adecuadas para el establecimiento, hoy lamentan una nueva víctima del sistema que implementa la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil en Rosario. Es la segunda muerte en menos de un año.

Por María Celeste Roca, para ANRed.


Frente a la falta de un plan de diseño y políticas precisas para llevar adelante la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley penal, y desde el abandono de las instalaciones que deberían garantizar las necesidades básicas para quienes están allí alojados, esta semana el IRAR se cobró una nueva víctima de 17 años. En la madrugada del miércoles el joven interno Fabián Lucero apareció ahorcado en su celda, lo que no parece ser un hecho ajeno al instituto, que desde la muerte similar en Diciembre del año pasado de Johnatan Retamoso, ya suma dos víctimas.

Fabián había reincidido al establecimiento el día anterior a su muerte, luego de un ingreso al IRAR durante seis meses en el primer tramo de este año. Por su parte, Johnatan también había reincidido a la institución en Diciembre del año pasado, donde una semana después apareció muerto en su celda en similares condiciones. En los dos casos la justicia indicó que se trataría de casos aislados de suicidio, aunque las causas todavía no parecen estar esclarecidas.
Al parecer, la institución somete a los pibes a un “régimen carcelario”, lo que hizo visible un claro incumplimiento a las normas internacionales que amparan los derechos de los jóvenes. Esta no es la única denuncia que realizan los trabajadores y distintas organizaciones frente a la adversidad que padecen los menores en conflicto con la ley penal, ya que también se plantean la vulneración de los derechos de los adolescentes en materia de salud ante la falta de agua potable, y el “predominio de una lógica represiva” aplicada por el personal del servicio penitenciario hacia los internos.

“En la última semana nos encontramos con la instalación de nuevas mallas metálicas para reforzar las rejas de algunos sectores, lo que dificulta notablemente el contacto con los jóvenes por parte de los civiles y responde exclusivamente a pedidos del Servicio Penitenciario, reforzando las lógicas de seguridad represivas que predominan en el IRAR por sobre las de promoción de derechos”, expresaron los trabajadores.

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A raíz de esto, el planteo y el reclamo de trabajadores, talleristas y organizaciones se ha centrado en la situación devastadora que padecen los adolescentes, sumado a los hechos represivos que se repiten en la institución. Desde allí los distintos cuestionamientos han desembocado en la exigencia urgente por el cierre definitivo del lugar: “creemos imperante que desde el gobierno provincial se garantice el cierre de este Instituto como se había prometido ya hace años; los adolescentes de entre 16 y 18 años tienen que ser sujetos de derecho a partir del cumplimiento que expresa la ley Nacional Nº 24.061 y Provincial Nº 12.967 y diferentes tratados internacionales. Los jóvenes deben contar con un espacio digno donde se establezcan las bases para una reinserción social genuina”, advirtieron en un comunicado diversas organizaciones que se sumaron a la convocatoria del pasado viernes frente a Gobernación, bajo el reclamo por nuevas y mejores condiciones para los adolescentes de la institución.

Por su parte además, los trabajadores del IRAR expresaron que el actual Ministro de Justicia Juan Lewis negó la posibilidad de discusión sobre el mentado cierre del IRAR considerando la iniciativa como “una utopía absurda”, a pesar de las declaraciones que habría expresado en 2008 el entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, quien anunció el inminente cierre y reemplazo del IRAR por un nuevo edificio.
“Queremos dejar en claro que el sostenimiento de esta institución también está avalado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Universidad Nacional del Litoral que en los monitoreos realizados la definieron como una Institución modelo”, denunciaron los trabajadores.

En la concentración, trabajadores y diversas organizaciones sociales sumaron sus voces desde un núcleo multisectorial que intenta otorgar masividad al conflicto. “Desde el Movimiento Cienfuegos venimos denunciando hace meses el agravamiento de la situación del IRAR, el incremento de la violencia al interior de la institución, el avance del Servicio Penitenciario y las limitaciones que esto trae a los actores civiles que velan por la integridad de los jóvenes” expresaron a raíz de la muerte del adolescente el pasado jueves. La manifestación, que concluyó con una asamblea para delimitar la continuación del plan de lucha, integró además la participación de diversos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, trabajadores y la adherencia de algunos funcionarios públicos.
“Exigimos la renuncia de los responsables políticos de la institución, así como esclarecimiento y justicia por la muerte del joven. Reclamamos por acción gubernamental sobre el diseño y la aplicación de políticas de promoción de derechos y la eliminación de la violencia institucional”, denunciaron desde el movimiento.

DESPIDOS Y PRECARIZACIÓN.

La muerte de Fabián se produjo en el marco de una medida de fuerza que integran a los trabajadores del IRAR desde un reclamo laboral por situaciones de precarización y despidos que debieron sufrir los trabajadores contratados de la institución. Durante la semana pasada y en continuación a distintas medidas de fuerza que vienen realizando los empleados desde hace ya algunos meses, se efectuó un paro por 72 horas en repudio a “la modalidad de contratos basura” que padecen los trabajadores, sin omitir la lucha por la reincoporación de su compañero Raúl Yuale, despedido el pasado 5 de Septiembre.
“Corremos el riesgo de que nuestros empleadores ““ el ministro Juan Lewis y el Gobernador Antonio Bonfatti- prescindan de nuestros servicios, como ya ha ocurrido con nuestro compañero Raúl Yuale, injustamente despedido tras haber sido sometido a constantes persecuciones ideológicas”, denunciaron.

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Este Lunes los trabajadores darán lugar a una nueva asamblea en la institución, donde se decidirá como continuar el plan de lucha donde exigen el pase a planta para 18 empleados que se encuentran contratados. “Catorce compañeros ya tienen un concurso aprobado y escalafonado, en este caso el decreto tendría que haber sido firmado en Junio, y al no haberse concretado esta regularización laboral en el mes previsto, el Gobierno no les dio el aumento que por paritaria les correspondía cobrar”, expresó Emiliano Scopetta, delegado sindical y empleado de la institución, al equipo de comunicación ATE- CTA de Rosario.

Al parecer la asamblea enmarcará además un balance sobre los accionares llevados a cabos hasta el momento, pero esta vez teniendo en cuenta además los hechos ocurridos la semana pasada que dieron lugar al fallecimiento del adolescente. “Esta muerte pone al descubierto una vez más la necesidad de terminar con este tipo de instituciones de encierro para jóvenes y adolescentes”, expresó Scopetta.
En el comunicado además, el trabajador expresó las dificultades que padecen los trabajadores contratados, ya que mientras los empleados de planta divisan alrededor de cinco mil pesos, un precarizado percibe cerca de cuatro mil, a lo cual se le descuentan el monotributo, ingresos brutos y obra social, por lo que “de bolsillo” obtendrían sólo unos tres mil quinientos pesos. “A esto se le debe sumar que no poseen ninguno de los derechos que las leyes laborales otorgan a los trabajadores”, señaló.
“Entendemos que con trabajadores precarizados, las políticas que estos encarnan también se precarizan, lo que repercute no sólo sobre los propios derechos humanos de los trabajadores sino, principalmente, sobre los jóvenes con quienes estos se desempeñan”, denunciaron los trabajadores de la institución.

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