05/07/2012

Riarte: una represión anunciada

tapa-490.jpgA pesar de la movilización que realizó la Comunidad Indio Colalao (Trancas, Tucumán) hace menos de un mes, donde denunció una serie de violaciones a sus derechos y el avance de los terratenientes en sus territorios, el final de la historia fue la represión que se concretó ayer miércoles 4 de julio pasadas las 17hs. Un impresionante operativo policial ejecutó la medida del juez Juan Francisco Pisa. No hubo heridos de gravedad, pero la medida de “restitución provisoria” ejecutada por 200 policías contra 40 personas desarmadas pudo tener graves consecuencias. Hubo muchas reuniones y promesas de solución, pero la respuesta sigue siendo la judicialización y represión. (Por ContraPunto RNMA)


Este miércoles se escribió un nuevo capítulo en la avanzada contra los derechos de los Pueblos Originarios de Tucumán. En la Base Riarte de la Comunidad Indio Colalao en Trancas la policía ejecutó un impresionante y desmedido operativo con más de 200 efectivos para desalojar bajo el carácter de “restitución provisoria” a unas 40 personas que resistían en ese lugar, recuperado después que el terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela echara a un anciano Don Elías Apaza. El terrateniente pretende apoderarse de 19.000 hectáreas en esa zona, con la firma Zanja Honda y en sociedad con Jorge Posse de la firma Agro Avance.

La justicia de Tucumán una vez más desconoció la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades. En Tucumán los jueces desconocen a las comunidades como tales por lo que aplican el derecho contra personas particulares.

Durante toda la semana pasada la comunidad fue hostigada y vivió momentos de tensión permanente porque la policía intentó ingresar por Trancas y también por Salta pero las familias no permitieron que ingresen al terreno.Los referentes de la Comunidad Indio Colalao -que integra la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita- desde su movilización tuvo innumerables reuniones en respuesta al pliego de demandas por las que realizaron la marcha el 9 de junio. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y distintas “mesas de diálogo” y las propias promesas de la policía de no reprimir se diluyeron por la ejecución del desalojo. Hasta el día anterior al desalojo todo indicaba que no iba a concretarse el desalojo.

Se vivieron momentos de tensión ya que en horas de la tarde se conocía que se había realizado el desalojo con balas de goma, pero no se podía establecer las consecuencias. Con más tranquilidad y en horas de la noche en comunicación con el comunero Santos Tolaba, se pudo establecer con certeza que el desalojo no produjo heridos ni detenidos. “La policía llego a las 10 de la mañana. Llegaron a la puerta y dijeron que querían dialogar y se acordó que ellos iban a seguir en el lugar. Para esto se abrió el portón y allí se metieron el resto de los policías. relató Tolaba. “Cuando ellos abrieron empezaron a sacar a los hermanos. Hubo balas de goma, pero no hubo heridos. Éramos 40 personas de la comunidad y 250 policias que llegaron en 3 colectivos”.

Este jueves el ánimo de la Comunidad Indio Colalao era de resistencia, y a pesar de lo que pasó se apostaron al lado del alambrado donde la policía montó una guardia policial, ya que el grueso del operativo ya se fue del lugar. Solicitan a las organizaciones sociales, políticas y de DDHH apoyo con plásticos, alimentos, y elementos para poder mantenerse en la asamblea ya que las temperaturas son bajas.

Los intereses

Según Cinthia Ovejero de la Comunidad Indio Colalao, los conflictos que los movilizaron “se vienen suscitando en todos los territorios de las comunidades desde hace mucho tiempo y se han recrudecido con el inicio del relevamiento territorial. En nuestra comunidad en el año 2010 se inició este proceso, y aún así se ha cerrado un camino vecinal que fue utilizado por nuestros abuelos y por nosotros siempre. El único camino que permite el acceso de vehículos”. Los habitantes de las comunidades – comuneros ““ no pueden ser auxiliados en casos de accidentes porque ningún vehículo -ambulancias por ejemplo- puede llegar a la zona. Denunciaron “el cierre de la escuela primaria Nº 31, por lo que hoy nuestros niños tienen que recurrir por educación a la provincia de Salta, o sea que la provincia no se está haciendo cargo de esto” y además hay “personas que se quieren apropiar de nuestro territorio, en nuestro caso son Fredy Moreno Núñez Vela perteneciente a la firma Zanja Honda y Jorge Posse perteneciente a la firma Agro Avance”.

Pero el hostigamiento de los terratenientes no es nuevo. En octubre de 2010 denuncian que los terratenientes cerraron el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zona, “llegando al extremo de pedir documento a los comuneros que atravesaban el mismo, además de enviar allí sujetos armados” manifestaron en un comunicado público. “Con esta violenta maniobra expulsaron al Delegado de Base Riarte, Benito Toledo, cuando el Juez de Paz Sr. Ciro Castro junto a la Policía de Trancas ‘ordenados’ por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero y dejaron sus pertenencia en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del Sr. Ismael Abadía” continuaron relatando.



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