26/09/2011

Represión a indígenas en Bolivia

3-481.jpgEl domingo, la policía boliviana reprimió violentamente una marcha de indígenas amazónicos -en la que se encontraban niños pequeños- que acampaba en Yucumo, a unos 320 km de La Paz, y que se dirigía a la capital en rechazo a que se construya una ruta sobre una reserva ecológica. Un día antes, los marchistas habían tomado de rehén al Canciller para traspasar un cordón policial.


La operación policial comenzó a las 17.00 del domingo, cuando un grupo de policías ingresó a una hacienda cercana al lugar donde acampaban los indígenas. Esto movilizó a una decena de “flecheros”, grupo de nativos armados con arcos y flechas, liderados por dos dirigentes, que los interceptó y les exigió que salieran del lugar y poco después los policías iniciaron el operativo, golpeando y deteniendo a ambos dirigentes.

Algo similar ocurría en el campamento. “Todos estaban descansando y los niños jugando, de pronto todo cambió. Están cazando a los indígenas”, relató un antropólogo a un diario nacional, quien dijo que escapó y que estaba junto a varios indígenas en el monte.

Allí los agentes comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma y a perseguir a golpes a quienes se cruzaban. Pero detrás del cordón de dirigentes había mujeres con niños muy pequeñitos que con la intervención huyeron hacia el monte.

Los dirigentes fueron reducidos con rapidez: tumbados al suelo, esposados y subidos a camionetas policiales. En los vehículos para pasajeros fueron sacados luego las personas adultas, los mujeres y los niños, según informó la policía, para llevarlos de nuevo a San Borja, una población a 55 km de Yucumo, para que desde allí vuelvan a sus lugares de origen.

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Al caer la noche del domingo la policía continuaba con el rastrillaje sobre la zona, de espesa maleza, donde se decía que había muchos desaparecidos, entre ellos, niños y dirigentes y que había un bebé de tres meses fallecido.

Desde hacía días la marcha de indígenas, de unas mil personas, estaba cercana a otro sector, el de los colonos leales al presidente Evo Morales que buscaban impedir el avance de la marcha anti-carretera. El cordón policial estaba apostado en el medio para impedir que ambos sectores se enfrenten. Y las dimensiones de la protesta ya había cobrado interés nacional, despertando adhesiones de opositores de diverso color político.

Según informaron los medios de Bolivia, los uniformados también usaron agentes químicos para dispersar el corte de rutas de los colonos pro gubernamentales.

Con ambos operativos la marcha por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) quedaba desarticulada.

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El mismo domingo la policía dio a conocer que intervino con una orden judicial. Sin embargo, el fiscal que emitió la supuesta orden dijo ante medios de prensa que había dispuesto investigar y no así desalojar.

El operativo gubernamental se realizó después de que Evo invitara mediante carta a los líderes de los indígenas a un diálogo el mismo domingo en La Paz y anunciara en un acto público la realización de un referendo en los departamentos de Beni (noreste) y Cochabamba (centro), para definir si se construye o no la carretera de 300 km que uniría ambas regiones atravesando o bordeando el Tipnis.

EL LUNES, CRECEN LAS REPERCUSIONES

A primeras horas del lunes, se conoció la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, por no compartir “la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno”, existiendo “otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra”. “Las medidas asumidas, dijo la ex ministra, lejos de aislar a la derecha fortalecen su manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos”, señaló.

Al mediodía, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Sacha Llorenti, descartó que hubiera desaparecidos o fallecidos y argumentó que el operativo se realizó con una orden judicial y prometió investigar si se cometieron actos fuera de las normas y aislar a los policías responsables. Asimismo aseguró que no renunciaría, tal como se lo solicitaron desde distintos sectores.

A su vez, Llorenti justificó el accionar policial argumentando que la marcha había atacado a policías (dos de ellos habían sido heridos con flechas) y había alcanzado ribetes violentos el sábado. Ese día, el canciller David Choquehuanca visitó la marcha indígena en Chaparina, al norte de Beni, para dialogar y allí fue tomado de forma violenta por los marchistas, sobre todo mujeres, quienes lo obligaron, a fuerza de empujones y amenazas, a encabezar la columna para trasvasar el cordón policial y caminar casi 8 kilómetros hasta Yucumo.

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El lunes se realizaron marchas espontáneas en La Paz y comenzaron a anunciarse protestas en otras capitales del país en rechazo a la represión.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro nacional movilizado de 24 horas para el miércoles 28, rechazando la intervención policial a la marcha indígena y en protesta por el incumplimiento del acuerdo de ocho puntos con el gobierno, firmado el pasado 17 de abril. También convocó a otros sectores a sumarse a la protesta.

La marcha por el TIPNIS partió el 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con rumbo a La Paz. Tenía como objetivo llegar a la sede de Gobierno. Evo Morales les había ofrecido dialogar en Cochabamba, pero ellos lo habían rechazado. En el medio, el Ejecutivo reveló que halló llamados telefónicos entre representantes de la Embajada de Estados Unidos y dirigentes de la protesta. El gobierno también desacreditó a los indígenas porque participaban cerca de 20 de las 64 comunidades que habitan la reserva ecológica y porque en el medio, adujo, operan empresarios madereros y el narcotráfico, con intereses opuestos a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Por Corresponsal Popular desde La Paz para ANRed.


Fotos: JUAN KARITA


Comunicado de prensa:

La Paz, 26 de septiembre de 2011

El gobierno interviene la marcha indígena

Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad internacional que, cerca a un millar de efectivos policiales, cumpliendo instrucciones del gobierno de Evo Morales, aproximadamente a hrs. 17:00 en circunstancias en que se distribuía la alimentación a los marchistas, procedió a una sañuda represión de los indígenas, disparando gases lacrimógenos e incluso armas de fuego.

El objetivo de este operativo es el de neutralizar definitivamente la Marcha de los Pueblos Indígenas. La misma que tenía la misión de llegar en próximos días a la ciudad de La Paz para exigir al gobierno el estricto cumplimiento del derecho de consulta previa, el cual está consagrado en la normativa internacional como el convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la propia constitución política del estado.

En estos momentos, miles de hermanos indígenas están siendo perseguidos por los agentes policiales para ser detenidos, en un acto de flagrante violación de los derechos humanos y garantías constitucionales y en franca demostración de autoritarismo similar al que se practicaba durante los regímenes de facto.

Es importante enfatizar que la marcha desde sus inicios se estaba desarrollando de la manera más pacífica posible, sin atentar derechos de terceros ni obstruir el libre tránsito de otros, sin embargo, grupos paragubernamentales en anteriores días procedieron a bloquear la carretera con el único objetivo de impedir la continuidad de la marcha, amenazando a los indígenas, manteniéndolos en una situación de zozobra y permanente hostigamiento. Esta cadena de atropellos culminó la tarde de este domingo 25 de septiembre, con la intervención policial.

Centenares de indígenas están siendo perseguidos para ser apresados, estando en riesgo su vida, libertad y seguridad.

Denunciamos estos atropellos ante la comunidad internacional, solicitamos la solidaridad de las mismas y anunciamos acciones constitucionales para resguardar los insoslayables derechos de los dirigentes que en este momento se encuentran en situación de clandestinidad.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de defensa del medio ambiente



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