20/09/2011

Nuevos ataques y amenazas a trabajadores

tapa-435.jpgCon antecedentes inmediatos en la patota de la UOCRA que golpeó a los docentes santacruceños o en las reiteradas agresiones a estatales por parte de la fuerza de choque que responde a UPCN, hoy nuevamente las intimidaciones a trabajadores han sido noticia. Por un lado, en el marco del conflicto que los empleados de la línea 60 de colectivos mantienen con la empresa MONSA, chóferes denunciaron el incendio del auto de un delegado “como señal de amedrentamiento” y un “ataque de patotas armadas” en una de las cabeceras. Asimismo, un delegado de la línea H de subterráneos fue recientemente amenazado por un grupo de personas armadas que respondía a la UTA, según señalaron los trabajadores en un comunicado.


La vinculación de patotas con los gremios burocráticos o con las patronales no es una novedad para los trabajadores que protestan y bregan por una autoorganización y una participación democrática e independiente.

El nombre de Mariano Ferreyra -militante del Partido Obrero- se alzó como muestra feroz de esta connivencia cuando, el 20 de octubre de 2010, fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria (UF) que reprimió una manifestación de tercerizados del Ferrocarril Roca.

Sin embargo, a casi un año de este brutal homicidio, el accionar de grupos como fuerza de choque lejos de retrotraerse ha sido noticia permanente en el ámbito sindical.

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Durante este año, los trabajadores de la línea 60 de colectivos, perteneciente a la empresa MONSA, han llevado a cabo diversas medidas de lucha por el reconocimiento del cuerpo de delegados, por mejoras en las condiciones laborales y por el pago de salarios adeudados. El delegado Néstor Marcolín denunció que alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 19 de septiembre incendiaron su auto “en la puerta de su casa como señal de amedrentamiento a toda su familia”. Ante este ataque, se declaró el estado de alerta y asamblea. MONSA respondió, tal como afirman los trabajadores, con “un ataque de patotas armadas de la empresa” en la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Ante esta situación, se ha votado un paro por tiempo indeterminado.

Días atrás, el delegado de la línea H de subterráneos, Fernando Cavalieri, fue “amenazado por un grupo de cuatro personas armadas acompañadas por Alejandro Kruger, delegado de la UTA”. En un comunicado de prensa, los trabajadores afirman que “con amenazas de golpes y de utilización de armas de fuego le “˜sugieren’ (a Cavalieri) no realizar más asambleas en el taller porque este, según ellos, le pertenece a la UTA. Y que la próxima vez que realice alguna asamblea no saldría vivo ninguno”.

El recurso a la violencia física ha sido una constante y cabe recordar diversos hechos:

 El 12 de abril docentes y estatales santacruceños fueron atacados por una patota de la UOCRA. Los trabajadores realizaban un paro por 72 horas y se encontraban entregando panfletos cuando varios referentes de la UOCRA encabezaron la brutal golpiza. Varios docentes debieron ser hospitalizados.

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 Estatales de diversos Ministerios -como de Desarrollo Social o de la Industria– así como del INDEC, han denunciado amenazas, intimidaciones y agresiones por parte de la fuerza de choque que responde a UPCN

 El 5 de mayo, una delegación de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA) de Rosario fue sorpresivamente atacada por una patota de la UTA de San Nicolás, que los agredió físicamente produciendo lesiones de diversa magnitud

 Trabajadores de comercio han denunciado en sucesivas oportunidades amedrentamientos por parte de patotas que responden a Armando Cavalieri

Otros ejemplos de años anteriores conforman el marco claro y concreto de la actuación de las patotas. Así, podemos citar, en el 2007, la ofensiva del Grupo del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) contra trabajadores que se encontraban realizando una asamblea en el Casino, o, en el 2008, cuando un grupo de matones armados embistió a los trabajadores de la autopartista Dana Spicer o el ataque por parte de una patota de la dirección nacional de
ATILRA a la seccional de Rosario.

El Ministerio de Trabajo, ante los conflictos, lejos de mediar, dicta la conciliación obligatoria, justifica las represiones -como en el desalojo a los docentes santacruceños en la Ciudad de Buenos Aires- o simplemente no toma medidas de ninguna índole.

Lo cierto es que con aval político, empresarial y de las dirigencias burocráticas habrá patotas para rato.



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