04/06/2011

Abogado que reivindica a los genocidas militares defiende los intereses de EIDICO

foto_de_dami_n_neustadt.jpgUno de los fundadores de la organización de la derecha católica “Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia” elevó una carta al Concejo Deliberante de Tigre en representación del “poseedor legítimo del inmueble” donde se asienta Punta Querandí, en Dique Luján, Tigre. No es la única vinculación entre la corporación inmobiliaria ligada al Opus Dei y defensores de genocidas militares. Por Indymedia Pueblos Originarios.


EIDICO repudió mediante dos cartas dirigidas al Concejo Deliberante la reciente resolución del poder legislativo de Tigre para que el Municipio tome posesión preventiva de las tierras de Punta Querandí, en el paraje Punta Canal. Este predio con acceso al Canal Villanueva y al arroyo Garín contiene restos arqueológicos indígenas y es una ex parada intermedia ferroviaria, por lo que es defendido como patrimonio público y cultural por una confluencia de pueblos originarios, ambientalistas y vecinos, nucleados en el Movimiento en Defensa de la Pacha.

Las quejas de EIDICO tomaron estado público en la última sesión del Concejo Deliberante, el martes 24 de mayo, cuando ingresaron al recinto las misivas dirigidas a la Comisión Especial Punta Canal, integrada por todos los bloques políticos y desde la cual se consensuó la resolución aprobada el pasado 10 de mayo.

Una de las cartas está firmada por el abogado Emilio Ignacio Hardoy, fundador de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, una organización de extrema derecha que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El reconocido fundamentalista católico Cosme Beccar Varela lo halaga en Internet al presentar como “brillante” su discurso en el acto de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo realizado el 5 de octubre de 2010. En dicho discurso Hardoy considera “presos políticos” a los detenidos por delitos de lesa humanidad. “Son vencedores de una guerra justa”, dijo sobre los que fueron parte del Terrorismo de Estado.

Hardoy se anuncia como representante del “poseedor legítimo del inmueble” ubicado en la calle Brasil en su intersección con el Canal Villanueva (el titular sigue siendo el Estado Nacional). Describe la resolución del Concejo Deliberante de Tigre como una “antijuridicidad” y advierte que recurrirán a la Justicia por los “graves daños y perjuicios” que ocasionaría. “Sería beneficioso para todos el evitarnos las complicaciones de semejante situación”, dice la misiva.

La otra carta dirigida al Concejo Deliberante está firmada por Gonzalo Oliva Beltrán, quien lo hace como representante de San Atanasio SRL “propietario del lote 321F”, aledaño al terreno en conflicto. En ese lote vive con su familia un colega de Oliva Beltrán en su estudio de abogados, llamado Ignacio Molinari, aunque en el paraje se ha presentado como Ignacio Miranda, quien fue puesto por EIDICO a mediados del 2009 cuando alambró el acceso al predio del ex apeadero ferroviario Punta Canal, que hasta ese entonces siempre estuvo completamente abierto.

El abogado Oliva Beltrán considera un disparate la resolución. Ataca en particular que se haya desestimado la opinión de los arqueólogos contratados por EIDICO, Daniel Loponte y Alejandro Acosta (INAPL), y que se pida información a dos nuevos organismos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Es que el Municipio consulta sobre la valoración no sólo arqueológica sino cultural de los hallazgos y del lugar, reivindicado por las organizaciones de pueblos originarios en el área metropolitana.

“Resultaría tan infundada una decisión de toma de posesión que se debería tomar posesión en infinidad de lugares del mismo Tigre en cada lugar que se encuentren restos arqueológicos, sin considerar el escándalo que provocaría una medida irresponsable de tal naturaleza a nivel nacional y el daño causado a la misma arqueología”, alega Oliva Beltrán.

Sin embargo un alto funcionario de Tigre expresó el 25 de mayo a este medio, durante los festejos por el aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa La Ñata, que los argumentos planteados en ambas cartas “no tienen ningún asidero”.

Un vecino pro-genocidas

Ignacio Molinari, puesto por EIDICO a vivir en el lote aledaño a Punta Querandí, figura como uno de los firmantes de la solicitada de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia publicada en el Diario La Nación en mayo de 2010. “A los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios que rigen, desde siempre, para todos los ciudadanos”, afirma la carta abierta de la asociacion, que repudia la derogación de las leyes de obedencia debida y punto final, la cual permitió la reapertura de los juicios a quienes participaron del genocidio de la última dictadura cívico-militar.

Molinari, de aspecto tranquilo, fue visto a comienzos de mayo por vecinos del paraje cuando destruía un cartel que identifica el sitio Punta Querandí y el “espacio de pesca y recreación a un kilómetro” en la esquina de la calle Brasil y la ruta 26. “Tengo un problema personal con ellos. A mi el que me las hace me las paga”, le dijo Molinari sobre los manifestantes de Punta Querandí a la vecina que lo increpó.

¿Otro mensaje intimidatorio? Miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha denunciaron el 25 de mayo en el Destacamento Policial de Villa La Ñata la destrucción de banderas en Punta Querandí con un fierro caliente, el cual fue encontrado en el fogón del campamento.

¿Por qué tanto empeño de EIDICO en mantener la posesión de las tierras? Tal vez se trate de un proyecto de colonización más grande, por parte de estos emprendedores de la extrema derecha católica que se resisten a verse vencidos por un grupo de indígenas y vecinos sin recursos económicos que reivindican el uso público y comunitario de las tierras de la ex estación intermedia ferroviaria Punta Canal, y rescatan la memoria de las civilizaciones ancestrales que fueron desaparecidas -se creía- del hoy Gran Buenos Aires durante los siglos XVI y XVII. Y a su vez demuestran a la sociedad que es posible enfrentar al poder económico para hacer prevalecer sus legítimos derechos.



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