06/03/2011

Escrache al juez Olivera Pastor

AAAjuez_TAPA_.jpg Organismos de DD.HH y organizaciones sociales de Jujuy realizaron un escrache al juez a cargo temporariamente del Juzgado Federal n°2 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, debido a que quedó “preseleccionado” para ser titular de ese juzgado, siendo que es el magistrado que más dilata en el país las causas por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado.


Es escrache fue protagonizado por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, la ATD – AJI 20 y el PTS.

El escrache se realizó porque este juez subrogante, uno de los que más dilata las causas en el país (Jujuy, la Rioja y Catamarca son las peores en este sentido) se ha postulado para juez titular y, a pesar de oposiciones de familiares y un informe de Procuración de la Nación observando su actuación, ha quedado “preseleccionado” y según fuentes “hay muchas posibilidades de que quede como juez titular, lo que obstaculizaría todas las causas”, señalan desde Madres y Familiares.

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Este juez ha dado prisión domiciliaria a Rafael Mariano Braga, un genocida reconocido por la presidenta de Madres y Familiares como el que secuestró a su marido.

También otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a José Eduardo Bulgheroni, un militar que se formó en la Escuela de las Américas, mencionado en cerca de 70 testimoniales y sindicado por familiares como responsable de al menos 25 desapariciones. El argumento sobre el cual el juez asentó su decisión fue que dio el traslado “por estrés”. Hoy Bulgheroni se encuentra en la provincia de Chaco, supuestamente cumpliendola en una clínica. Las últimas informaciones de organizaciones y organismos de DD.HH. chaqueños indican que el represor habría, además, violado recientemente su prisión domiciliaria.


Denuncia contra el juez Olivera Pastor ante el Consejo de la Magistratura


Documento del año pasado de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy ante la prisión domiciliaria dictada al represor Bulgheroni:

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy -Linea Histórica- manifiesta su estado de alerta permanente por lo que observa como una nueva irregularidad en ciernes en el ya lento y obstaculizado camino de lograr una justicia largamente buscada durante estos 34 años.

Esta vez la impunidad acecha en la posible concesión de prisión domiciliaria a uno de los represores de más infame actuación en nuestra provincia: José Eduardo Bulghueroni.

Durante la última dictadura Bulgheroni se desempeñó en la Unidad de Registro Enlace e Inteligencia del Área 323 que funcionaba en los predios del RIM20 donde desplegó los tétricos conocimientos, adquiridos en su capacitación para la guerra sucia en la tristemente célebre “Escuela de las Américas” durante noviembre de 1971, tanto en materia de seguimiento como en torturas por él efectuadas en el penal de Villa Gorriti y en el comando radioeléctrico, conocidos Centros Clandestinos de Detención.

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Por tal consustanciación con el genocidio no es extraño que resulte nombrado en cerca de 70 testimoniales y como responsable de al menos 25 desapariciones en nuestra provincia entre las que se encuentran: Alcoba, Esteban; Aredes, Luís Ramón; Ávila, Juan José; Bazan, Avelino; Chalabe, Pablo Jacobo; Cruz, Rene Humberto; Díaz, Carlos Alberto; Garrido, Eva Delicia; Orellana, Carlos Mariano; Suffi, Raúl José; Oviedo Morales, Eduardo; Parrile de Salinas, Silvana; Raznoszczyc Kiwelewicy, Julio Mario; Robles, Juan Ángel; Rojas Caballero, Máximo; Salinas, Ricardo Luís; Santiesteban, Narciso; Sarrica, Teresa; Segura, Víctor Jesús: Tell, Máximo Alberto; Tilca Barreix, Armando; Torrez Girbau, Dante Robinsón y Vargas, Cresencio.

Tan sólo este tenebroso prontuario de crímenes de lesa humanidad hace estremecer al pensar que pueda acceder a un beneficio extraordinario al que a pocos presos comunes les es concedido, pero la fáctica desigualdad ante la ley se tornaría aún más abusiva si el beneficio es livianamente concedido con las sesgadas voces actuales, sólo con peritajes unipersonales favorables de la psicóloga Cecilia Rioja y del psiquiatra Dr Edgar Ciscar, profesionales del Hospital Pablo Soria, pero donde no se ha aceptado hasta ahora el perito de parte que hemos solicitado, denegando nuevamente un derecho que reclamamos.

El favoritismo inherente a estas consideraciones se complementa con la negativa del juez a recibirnos personalmente para realizar la petición de un perito de parte bajo el pretexto que las audiencias debían ser solicitadas por escrito, condición que él mismo no ha cumplido en sus respuestas a las mismas, obstaculizando así nuestro derecho a intervenir mediante peritos de parte en tan importante decisión, afectando no sólo a los querellantes sino al deseo de la sociedad toda de saber si verdaderamente se justifica dejar casi suelto a un criminal de lesa humanidad.

Recordamos a la población que la prisión domiciliaria es un privilegio extraordinario cuya concesión no resulta obligatoria sino que es responsabilidad del magistrado y que ya en casos anteriores el juez Olivera Pastor la ha otorgado con tal facilidad de trámite que ésta parece tornarse “de oficio” y siempre sin acceder al pedido de un perito de parte, negación cuya repetición en el presente no haría sino constatar que este modo de impunidad se ha tornado en un verdadero modus operandi cuyos responsables no pueden llamarse sino cómplices.

En el marco de una reacción que redobla sus amedrentamientos a testigos y militantes, más aún en una provincia donde las redes de represores e incondicionales no parecen haberse disuelto, la consabida fragilidad de las inexplicables prisiones domiciliarias que se han otorgado hace que la por venir no sea sino la acción temeraria de poner a sabiendas en peligro a familiares, militantes, allegados y a la población en general por un genocida que además obtiene el velado beneficio de fugarse, toda vez que su residencia se encuentra en la provincia del Chaco, adonde la tibia mano de la justicia federal de Jujuy es aún más improcedente que de costumbre.

En virtud de esta asechanza reclamamos la aceptación de un perito de parte, a la vez que, guiados por el aforismo que reza que “lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena” hacemos público lo hasta aquí acontecido y arengamos a la población a gritar con nosotros, 30 mil veces ¡Se hará justicia!



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