13/10/2010

Colombia: ecos del terrorismo de estado

colombia_6.jpg “El terror totalitario instaurado en Colombia con el apoyo de las grandes potencias mundiales se encuentra configurado bajo un andamiaje de gobierno por decreto presidencial que suspende todas las garantías constitucionales; una red de policía secreta a escala nacional; 1,6 millones de confidentes o informantes; miles de campesinos reclutados a la fuerza y obligados a actuar como colaboradores militares locales (…) 30 mil miembros de los escuadrones de la muerte formados y armados por el propio Ejército Nacional (…) milicias privadas de terratenientes, banqueros y directivos empresariales que incluyen agencias privadas de seguridad”, señala en un análisis el investigador Carlos Wladimir Gómez Cárdenas. Además, el recuerdo de la desaparición y asesinato de Norma Irene Pérez, una de las militantes derechos humanos que había denunciado la existencia de una fosa común en la localidad colombiana de La Macarena.

Terrorismo de Estado: El caso de los falsos positivos

Carlos Wladimir Gómez Cárdenas

Colombia es un país que sufre complejos fenómenos políticos, sociales y económicos que han venido confeccionando un contexto cada vez más distante de lo que puede llegar a ser una sociedad democrática. Dentro de los fenómenos políticos relacionados con el conflicto armado en la última década llama poderosamente la atención el fenómeno de los falsos positivos.

Como se sabe se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) a las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en que las bajas no son personas que hacen parte de algún grupo al margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional.

Aunque esta problemática se profundiza con la política de seguridad democrática del último gobierno, tiene sus inicios en gobiernos precedentes, deslegitimando el accionar de la Fuerza Pública y convirtiéndose en una práctica sistemática de terrorismo de Estado en Colombia.

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El terrorismo de estado como categoría conceptual

La historia del Estado Nación ha sido la historia del terrorismo de Estado contra la Nación. Un Estado cuyos atributos de modernidad se relacionan con una territorialidad y un uso del poder exclusivo o monopólico de la violencia física sobre una población en particular.

Las diversas visiones liberales sobre el Estado conciben como elemento central de los actuales ordenamientos políticos dicho uso exclusivo de la coerción física. El monopolio de los medios de coerción es un atributo sin el cual no podríamos hablar de orden político en la modernidad.

Precisamente las diversas prácticas y consecuencias del uso discrecional de la fuerza física nos permite ubicar al terrorismo de Estado como categoría conceptual útil para entender lo ilegitimo e ilegal del manejo de los medios de coerción a través de la historia del Estado contra la Nación.

En estos términos, el terrorismo de Estado debe ser entendido como el empleo sistemático y masivo de métodos violentos físicos o simbólicos, ilegítimos, ilegales y antihumanistas por parte de un gobierno con el propósito de inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos o militares. (Bayer, Borón y Gambina, 2010)

Dichos métodos son el uso de la violencia o coerción física, la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas (escuchas ilegales), las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial (falso positivo) por parte de miembros de fuerzas estatales tales como las policiales, las militares o incluso paraestatales como las paramilitares.

Definido de esta manera el terrorismo de Estado aparece como una categoría conceptual y analítica útil para comprender en tanto describir y explicar las diversas prácticas del ejercicio del poder público en los actuales ordenamientos políticos. Dicho ejercicio en muchas ocasiones raya con la legitimidad y legalidad de un régimen definido hoy por hoy normativamente como democrático. Para entender entonces por qué el ejercicio del poder público tiende a perseguir intereses minoritarios muchas veces en contra de la propia integridad física, personal y moral de los miembros de una comunidad política se hace necesario emplear esta categoría como orientadora de los debates alrededor del uso o mejor abuso del poder público en las actuales democracias.

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El terrorismo de Estado en Colombia

Durante su historia reciente Colombia ha sufrido la peor de las tragedias humanitarias: la guerra. Como consecuencia de dicha tragedia se ha instaurado el terrorismo como política de Estado. La violación sistemática de derechos humanos en nuestro país se inscribe dentro de dicha política de terrorismo de Estado. En este marco el alcance y la profundidad de las violaciones de los derechos humanos en Colombia exceden de lejos cualquier experiencia de dictadura militar en América latina.

Evidencia de este complejo marco son los más de 50.000 desaparecidos; 10% de su población desplazada; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos son víctimas de crímenes continuos) como panorama general de degradación de los derechos humanos en el marco de una política de terrorismo de Estado en Colombia durante las últimas décadas. (Rivas, Sánchez y Cepeda, 2009)

La infraestructura del terror totalitario instaurada en Colombia con el apoyo de las grandes potencias mundiales se encuentra configurada bajo un andamiaje de gobierno por decreto presidencial que suspende todas las garantías constitucionales; una red de policía secreta a escala nacional; 1,6 millones de confidentes o informantes; miles de campesinos reclutados a la fuerza y obligados a actuar como colaboradores militares locales (Programa Soldados de Mi Pueblo) en 500 de los 1.096 municipios de Colombia; 30.000 miembros de los escuadrones de la muerte formados y armados por el propio Ejército Nacional; 300.000 miembros activos del ejército, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad); milicias privadas de terratenientes, banqueros y directivos empresariales que incluyen agencias privadas de seguridad que superan el número de 150.000 pistoleros. (Calvo Ospina, 2007: 295 y ss.)

Esta infraestructura del terror usa la violencia física, la coacción ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas, las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial como prácticas sistemáticas en contra de la población civil en Colombia.

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En relación a esta última práctica de ejecución extrajudicial ha existido una enorme preocupación durante los últimos años por parte de Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la propia ONU. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados. (ONU, 2010: 10)

Evidenciando la magnitud de la problemática aparecen las cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Durante el último gobierno (2002 – 2008), 1.190 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). (OO.DD.HH. y DH, 2007 y 2008)

colombia_4-chiquita.jpg Sin embargo, habría que advertir que esta lesiva práctica no fue utilizada únicamente por el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante los años 1997 – 2002 (Gobierno Pastrana) se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), lo cual deja en claro una sistematicidad en la práctica violatoria del derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado. (OO.DD.HH. y DH, 2007)

Los “falsos positivos” como práctica de terrorismo de Estado

Los falsos positivos generaron en el año 2008 un escándalo mediático de alcance internacional que causó la expulsión de 27 oficiales del ejército (entre ellos tres generales) y la dimisión del propio Comandante del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano. (AI, 2010)

Dentro del gobierno Uribe los meses más críticos en materia de ejecuciones extrajudiciales fueron los 18 meses transcurridos entre el 1 de Enero de 2007 y el 30 de Junio de 2008. Según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, durante este periodo 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. (OO.DD.HH. y DH, 2008).

Frente a esta cruda realidad ha imperado la impunidad en materia judicial. De los 535 casos registrados en el periodo comprendido entre Enero de 2007 y Junio de 2008, en tan sólo 117 se realizó algún tipo de seguimiento jurídico (judicial o disciplinario) por parte de las organizaciones que conforman la CCEEU (21,9% de los casos). El resto (78,1% de los casos) no existe posibilidad alguna de saber hasta qué punto hayan sido objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en completo olvido de instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento. (OO.DD.HH. y DH, 2007 y 2008).

¿Por qué ha reinado la impunidad en los casos de falsos positivos?. Las razones aportadas por el Informe MIOEEIC (2008) son contundentes: a) las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e imparcial; b) la competencia judicial para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales se inicia desde el primer momento por la jurisdicción penal militar; c) la justicia ordinaria no formula conflicto positivo de competencia, hay situaciones de pasividad y dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos; d) falta de minuciosidad y de la debida diligencia en las investigaciones; e) habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales; f) no se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes; g) en la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias. En los casos en los cuales se realizan, son superficiales e incompletas; h) no se recaudan los testimonios de los testigos, de los familiares y otras personas que puedan contribuir a esclarecer las muertes; i) no se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas; j) los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales; k) los miembros de la Fuerza Pública implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales permanecen en servicio activo. En los casos en los cuales se inician investigaciones no se aplica la medida provisional de suspensión del servicio. (MIOEEIC, 2008)

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Por último, en cuanto a la responsabilidad de los hechos, además de los evidenciados vínculos entre grupos emergentes y fuerza pública tras las ejecuciones extrajudiciales se podría vincular un tercer actor externo a la problemática: los Estados Unidos.

El financiamiento militar de los Estados Unidos a Colombia advierte la existencia de vínculos alarmantes entre las unidades militares colombianas que reciben asistencia de los Estados Unidos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército colombiano. (FOR, 2010)

[Ejecuciones y asistencia EU] Fuente: FOR, 2010.

Según la ONG norteamericana existe una asociación entre el aumento de ayuda militar y el aumento de homicidios denunciados en nuestro país. Los datos aportados en su investigación así lo corrobora (Figura 2 y 4 del Informe FOR, 2010). En este sentido se sugiere revisar vis a vis las dos tablas del Anexo I de su informe: i) Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada tras el aumento de la ayuda de los Estados Unidos (EJEs: Ejecuciones Extrajudiciales); versus ii) Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada tras la reducción de la ayuda de los Estados Unidos. (FOR, 2010).

[Homicidio de civiles y entrenamiento de soldados] Fuente: FOR, 2010.

Bajo este panorama de guerra, muerte, y desolación, propiciado por las propias fuerzas del orden, queda muy difícil pensar en democracia en Colombia. La democracia implica principalmente ejercicio de libertades. Vivir en democracia y estar satisfecho con la misma implica la materialización en su conjunto de todas las libertades humanas. Libertades que en la sociedad colombiana estas siendo agobiadas, maltratadas y con una tendencia proclive a la desaparición de las mismas.

Bibliografía de Referencia

AI – AMNISTIA INTERNACIONAL. (2010). Colombia en busca de justicia: las madres de Soacha. Editorial Amnistía Internacional (EDAI). Madrid, Enero de 2010. . Fecha de Consulta: Agosto 10 de 2010.

BAYER, Osvaldo; BORÓN, Atilio; y GAMBINA, Julio. (2010). El terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria.

CALVO OSPINA, Hernando. (2007). Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Caracas, Editorial: El perro y la rana.

FOR – Fellowship”©of”©Reconciliation. (2010). Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad de los Estados Unidos, y consecuencias a nivel mundial. Julio de 2010. Fecha de Consulta: 1 de Septiembre de 2010.

MIOEEIC. (2008). Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Fecha de la Consulta: 13 de Septiembre de 2010.

OO.DD.HH. y DH. Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2008). “Ejecuciones Extrajudiciales: realidad inocultable: 2007 – 2008”. Washington, D. C., 10 de octubre de 2007. Fecha de Consulta: Septiembre 3 de 2010.

(2007). Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia, julio de 2006 a junio de 2007. Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, D. C., 10 de octubre de 2007. Fecha de Consulta: Agosto 25 de 2010.

ONU – Organización de Naciones Unidas. (2010). Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Documento A/HRC/13/72 del 4 de marzo de 2010.

RIVAS, Patricia; SÁNCHEZ, Juan Alberto; y CEPEDA, Iván. (2009). Colombia: 50.000 desaparecidos en los últimos veinte años. En: Rebelión.com. Martes 15 de diciembre de 2009.

Fuente: Colombia desde Afuera

NOTA DE REBELIÓN.- Vea documental de Felipe Zuleta sobre los “falsos positivos”


Ecos del terrorismo de estado: el asesinato de Norma Irene Pérez

El asesinato de Norma Irene Pérez en La Macarena

por Comité Permanente de Derechos Humanos

ASESINAN A MUJER DIRIGENTE DE DERECHOS HUMANOS QUE PARTICIPÓ EN MARCHA PATRIOTICA Y LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA MACARENA

De acuerdo a denuncia suministrada por el Comité Seccional De Derechos Humanos Del Alto Guayabero, nos permitimos poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional los siguientes:

HECHOS

3. La presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Pérez identificada con C.C 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la Junta de acción Comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la Unión, del municipio de la Macarena del departamento del Meta.

2. Se informa por parte del Comité Seccional De Derechos Humanos del Alto Guayabero que en la zona antes y después de la audiencia del 22 de julio de 2010, la región se encuentra fuertemente militarizada por tropas del Ejército Nacional que operan en dicho territorio, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán. También la información de la comunidad a firma que “el ejército se encuentra en la Vereda el OASIS, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos”.

3. Norma Irene Perez, fue presidenta del Comité Veredal de derechos humanos de la vereda la unión y a su vez hacia parte de la junta de acción comunal con el comité de conciliación y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero del Departamento del Meta. También participó en el comité organizador de la Marcha Patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio del mismo año en el municipio de la Macarena.

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4. La señora Norma Irene Perez, era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro (4) menores, entre ellos una niña de 14 años de edad, un niño de nueve (9) años de edad, una niña de seis (6) años de edad y una niña de cuatro (4) años de edad.

ANTECEDENTES

1. El Día 19, 20 y 21 de julio de 2010, se realizó en el país la Marcha Patriótica, con una importante participación ciudadana, la respuesta del Estado Colombiano fue la estigmatización, persecución y el bloqueo de los marchantes en varios lugares del país.

2. El día 22 de julio de 2010 en el municipio de la Macarena del Departamento del Meta se llevó a cabo gracias a proposición aprobada por el Congreso de la República en cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez, la Audiencia pública titulada “La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia”. En dicha se pudo evidenciar la existencia de un cementerio de NN, así como también denuncias por parte de la comunidad de que en ese sitio se encontraría personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de la fuerza pública.

3. El 25 de de julio de 2010 en visita del Presidente Álvaro Uribe, a la zona de la macarena mencionó que: “el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.[1]

Situación que puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias.

4. El tres (3) de agosto de 2010, las organizaciones que respaldaron la audiencia declararon su rechazo pues dichas palabras del presidente Uribe y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pone en peligro la vida de los organizadores “Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia”[2]

5. Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día 16 de marzo de 2010, fue asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta, Jhonny Hurtado, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hurtado tenía de 59 años de edad. Según los testigos “la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora -a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:” Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes, empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. Preocupan a la comunidad en general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro compañero Jhonny Hurtado llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariari”.

SOLICITUDES

1. Se investigue penal y disciplinariamente los hechos que dan con la presunta detención, desaparición y presunta ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Perez dirigente campesina de la región de la Macarena.

2. Se garantice el derecho a la justicia respecto a los hechos que dan con el asesinato de la dirigente Norma Irene Perez y demás dirigentes de la región ejecutados extrajudicialmente.

3. Se garantice el derecho a la vida a los miembros de las organizaciones cívicas y campesinas que participaron en la pasada audiencia del 22 de julio de 2010 y en la marcha patriótica del día 19, 20 y 21 de julio de 2010.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humano


Fuente: Indymedia Colombia



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