Macri y la política inmobiliaria
Desde su promesa incumplida de construir diez kilómetros de líneas subterráneas por año, el Jefe de Gobierno porteño ha llevado adelante varios emprendimientos que se conectan directamente con el negocio de la industria de la construcción. El transporte, la educación, la salud y los espacios públicos sufren sus consecuencias.
Durante la campaña electoral que lo llevó a ocupar el puesto de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri prometió construir 10 kilómetros por año de subte para mejorar la calidad de vida de los que viven y transitan a diario la Ciudad de Buenos Aires, pero, lejos de colmar las expectativas, el ex presidente de Boca Juniors está dedicado a generar proyectos para un pequeño sector poderoso que está haciendo sendos negocios a costa de los intereses de la población y de la misma ciudad.
Subtes: de 10 km por año a 3 Km y en veremos
Para lo que resta de este año apenas quedan unos 60 millones de pesos para ser destinados a trabajos en las líneas de subtes, cuyos recursos provienen de un porcentaje de la recaudación de ABL y de Patentes. Ahora, Macri promete construir 40 km de extensión de las líneas subterráneas para el 2011 para lo cual se está tramitando un nuevo crédito por 490 millones de dólares con una veintena de grupos inversores, liderados por Banco Internacional Credit Suisse, según confirmó el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. La ciudad ya cuenta con un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento por 50 millones de dólares y la Legislatura aprobó el uso de U$S 150 millones que permiten obras en 25 cruces de los ferrocarriles Mitre, Urquiza y San Martín y reformas en Puente Pacífico. Además de los votos del PRO, este proyecto contó con el apoyo del Bloque Peronista, del ibarrismo y de Proyecto Sur, con el pretexto de que «el dinero era para el subte pero no se usaba”. La mayor parte de las obras estará a cargo de la empresa estatal AUSA, la administradora de las autopistas porteñas.
Las playas de estacionamientos bajo plazas y parques
Como las elecciones ya pasaron y surgen nuevas oportunidades de negocios, ahora, en lugar de construir las necesarias redes de líneas de subtes, la iniciativa pasa por construir playas de estacionamiento subterráneas. Para eso Macri se apoya en la Ley 469 del año 2000 que autoriza a construir cocheras subterráneas. Una de estas obras se está realizando en el parque Las Heras de Palermo sin ningún tipo de estudio previo. Allí todavía quedan restos arqueológicos de lo que fue la Penitenciaría Nacional, que pueden ser destruidos, y se prevé el traslado de 175 árboles, la gran mayoría de ellos añosos, para ser transplantados nuevamente una vez terminada la obra que se estima durará más de dos años.
Hospitales y el negocio inmobiliarios
Desde principio de su gestión, Mauricio Macri pretendió cerrar los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano con el fin de emprender en sus enormes terrenos negocios inmobiliarios.
Ahora, con el mismo propósito, el Jefe de Gobierno presentó un proyecto para reunir en un mismo complejo sanitario de 68.792 metros cuadrados a tres hospitales comunales con el argumento de que éstos sufren muchos problemas edilicios. El predio estaría ubicado en la Avenida San Juan 2021 donde actualmente funciona el hospital Muñiz y el tiempo de construcción sería de aproximadamente cinco años con una inversión de 172 millones de dólares, provenientes de aportes privados, quienes además se harán cargo del mantenimiento del nuevo complejo. Los hospitales afectados en el nuevo proyecto de Macri, que debe ser aprobado por la Legislatura, son: el Muñiz, el Udaondo y el Ferrer.
Las primeras voces que se alzan en contra de este proyecto aseguran que además de ser otro gran negocio inmobiliario del Jefe de Gobierno, al querer unificar estos hospitales especializados, se eliminarán la atención monovalente de cada uno de ellos y tendrá como resultado una peor atención y graves rasgos sanitarios.
Catalinas y la educación
Entre la batería de anuncios hechos por el Jefe porteño durante este mes estuvo la de construir 15 nuevas escuelas en la Ciudad y eliminar el déficit de vacantes. Estas obras, se estima, tendrán un valor de 300 millones de pesos. Pero a pesar de que el Estado porteño es el que mejor recursos posee en todo el país, a partir de aportes provenientes de la recaudación de impuestos, el dinero para construir estas escuelas no saldrá de estas arcas sino que se obtendrá de la venta de los tres terrenos que la ciudad posee en Catalinas.
El primero de estos inmuebles ya fue vendido en 95 millones de pesos al Grupo IRSA (Inversiones y Representaciones SA.); un mes y medio después fue aprobada por la Legislatura porteña la venta de la segunda propiedad, por 181 millones de pesos. Este terreno que tiene una superficie de 5857 metros cuadrados está situado en Leandro N. Alem 815 y el comprador fue el empresario Eduardo
Costantini -Nordelta- para construir allí un moderno edificio de oficinas.
El camino político
El negocio inmobiliario resulta ser la política central del gobierno Macri y en esto se siente acompañado por gran parte de la oposición, que hasta ahora viene aprobando casi todos sus proyectos. Desde el principio de su mandato intentó que «las obras” fueran su plataforma para ascender en lo más alto de la escena política nacional pero, transcurriendo su gestión, sus proyectos le están saliendo fuera de nivel porque ese negocio inmobiliario y toda su plataforma política beneficia a un círculo muy reducido. Esto genera en consecuencia un gran arco de opinión contraria a su gestión que desde abajo le va cerrando el paso a sus aspiraciones políticas. Al momento Macri ya puede olvidarse de ser candidato presidenciable para las elecciones del 2011 y está por verse si concluye su mandato como Jefe de Gobierno.
Es que Macri no tiene ninguna planificación ni control a la hora de autorizar grandes edificaciones en la ciudad, prueba de ello es el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza. Pero también utilizó al Ministerio de Educación porteño como base de un servicio de inteligencia clandestina por el cual ahora está procesado por la justicia. Destina subsidios para los servicios privados mientras la salud y la educación pública pasan por sus momentos de mayor deterioro. Se produce el récord de desalojos al tiempo que aumenta la cantidad de familias en situación de calle. Todo esto va desgastando lo que pretendió ser «la nueva forma de hacer política”
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