04/08/2010

Organizaciones sociales dijeron “NO a la trata de personas”

tapa-276.jpgDistintas organizaciones sociales, de derechos humanos y feministas se concentraron ayer por la tarde en la puerta del Congreso de la Nación para exigir, como lo hacen el 3 de cada mes, “Justicia para las niñas y mujeres víctimas de la Trata de personas”.


Luego de una audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se pidió la modificación de la ley 26.364 de Trata, organizaciones sociales y feministas se concentraron ayer por la tarde en la puerta de esa institución para exigir, como lo hacen el 3 de cada mes, “Justicia para las niñas y mujeres víctimas de la Trata de personas”. Durante la audiencia, en la que participaron integrantes de distintas agrupaciones y familiares de víctimas, también estuvo presente la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, quien expuso las falencias que, según ella, tiene la ley sancionada en 2008.
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“Rompé la cadena. No pagues por sexo. Trata y prostitución son eslabones de la misma cadena”, decía el cartel que llevaba en sus brazos una mujer, que reclamaba al igual que muchas otras, que la Justicia actúe y proteja a “todas las mujeres sin distinguir entre mayores y menores de edad”.

Si bien en 2008 se sancionó la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a las víctimas, y esta declara a la trata como un delito federal, las organizaciones sociales reclaman la modificación de la norma ya que sostienen que es ineficiente y para nada efectiva. “Esta ley no sirve, no protege a las mujeres realmente. Debería formularse una nueva”, afirmó Fabiana Tuñez, integrante de Asociación Civil La Casa del Encuentro, un espacio feminista, social y cultural, que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y que participa en actividades en contra de este delito.

“Queremos que se modifique la ley. Exigimos que la Justicia proteja a todas las mujeres sin diferenciarlas por edad, que haya penas no excarcelables en todos los casos, y que no haya que demostrar si hubo o no consentimiento de la víctima”, expresó Tuñez, en voz alta, para que la escucharan todos los que por allí pasaban.
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La aparición inmediata de todas las mujeres desaparecidas y secuestradas para la prostitución, la declaración de la trata personas como un delito de lesa humanidad, el desmantelamiento de las redes y las complicidades de los diferentes poderes (político, judicial y de las fuerzas de seguridad), que haya una verdadera asistencia integral y programas para las víctimas y sus familias, son algunos de los reclamos que hicieron las organizaciones sociales.

Entre los familiares de las víctimas que estuvieron presentes en la audiencia y luego reunidos en la puerta del Congreso, estaba Juan Domingo Yacante, tío de Ramona Nicolasa Mercado, conocida como “Peli”, una joven de 13 años que desapareció el 26 de abril de 2005, en La Rioja mientras iba a la casa de su tía.
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“Nosotros no queremos molestar a nadie. Pedimos que la causa de mi sobrina pase de la Justicia ordinaria de la provincia a la federal”, resaltó Yacante, casi en un pedido desesperado. Es que la Justicia de La Rioja, que tiene la causa de la joven, desaparecida hace cinco años, “no ha tomado cartas en el asunto” todavía.
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El juez Hector Barría, encargado de la causa de “˜Peli’, hace tres años atrás “defendía a Liliana Medina, la dueña de todos los prostíbulos de La Rioja”, denunció el hombre. En La Rioja “no existen los derechos humanos”, finalizó.



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