Un año de la masacre de Bagua
El pasado 5 de junio el movimiento indígena peruano recordó el primer
aniversario de la masacre de Bagua, con movilizaciones y jornadas de
lucha en todo el país. El reciente retorno de Alberto Pizango,
principal dirigente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo
de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a mil trescientas comunidades,
fortalece el protagonismo de los pueblos amazónicos en la vida
política peruana. Pizango retornó de su exilio de un año en Nicaragua,
fue detenido y llevado a la justicia, que lo dejó en libertad
restringida. Por Raúl Zibechi.
El 5 de junio de 2009, luego de casi dos meses de intensa movilización
en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos
legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes
comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, una
feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales,
10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a
los miles que bloqueaban carreteras. La brutal represión en la Curva
del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los
reconocidos oficialmente, según denuncia de las organizaciones
amazónicas.
Luego de la represión y la persecución de sus dirigentes, los pueblos
de la Amazonia consiguieron una resonante victoria al derogar el
gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de
mayo el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa que estipula
que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta
con los pueblos. Aunque no recoge todas sus demandas, se considera un
nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.
Los conflictos sociales en defensa del ambiente vienen escalando en
Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros
meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento
relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento
son conflictos relacionados con la actividad minera. Respecto del año
anterior, los conflictos se duplicaron, lo que revela que las
comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de
la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños
a la salud de la población. Desde que se instaló el régimen de Alberto
Fujimori en 1990, los sucesivos gobiernos apostaron a la expansión de
la explotación minera como eje del crecimiento económico. Alan García
pretende parcelar 63 millones de hectáreas de la selva en propiedades
de cinco a 20 mil hectáreas, para fomentar la inversión.
El levantamiento amazónico puso en cuestión el Estado-nación peruano.
Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal
heredado de la Colonia. «Es una crisis que no es coyuntural sino
estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de
era”, escribió el historiador Manuel Burga poco después de la masacre
de Bagua (La República, 28 de junio de 2009). En su opinión, se está
llegando a una situación inédita por la cual «un nuevo modelo de
nación va a exigir un nuevo modelo económico”.
Nuevos movimientos que provienen de la periferia, que exigen autonomía
y reclaman «ya no sólo respeto a los individuos, sino respeto a las
colectividades”. En suma, se está ante un viraje de larga duración en
la historia de las luchas sociales del país, ya que hasta ahora el
protagonismo siempre lo tuvieron las organizaciones campesinas
quechuas de la sierra, y antes los sindicatos obreros.
Rodrigo Montoya, antropólogo muy cercano a los movimientos indios,
sostiene que se trata de la segunda gran rebelión amazónica. La
primera la protagonizó Juan Santos Atahualpa en 1742, en la selva
central. Resistió a los ejércitos coloniales y nunca fue derrotado. La
segunda es ahora. «Han cuajado un liderazgo suficientemente capaz como
para presentar una alternativa que no es sólo para los pueblos
indígenas, sino para la sociedad peruana en su conjunto”. Añade que se
trata de un movimiento plural y diverso que, al igual que el
chiapaneco, «está ofreciéndole al mundo un horizonte, una ilusión, una
perspectiva, otros valores, ideas y sueños”, dijo en el debate
Territorio, movimiento indígena y buen vivir.
Alberto Pizango es un emergente de esa nueva generación de dirigentes.
Tiene poco más de 40 años, es profesor y trabaja como maestro bilingüe
en las comunidades nativas. Forma parte del enorme contingente de
maestros bilingües, buenos conocedores de las dos culturas ya que se
han graduado en las ciudades. Un caso similar es el de Mario Palacios,
presidente de Conacami (Confederacióón Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería), la organización que agrupa a cientos
de comunidades que vienen resistiendo a las multinacionales en todo el
país. En su opinión, las nuevas organizaciones postulan «una nueva
forma de democracia, que es comunitaria y se expresa en el concepto
del «˜mandar obedeciendo’.”
El veterano luchador por la reforma agraria y ex guerrillero Hugo
Blanco sostiene que la rebeldía de los pueblos amazónicos representa
la irrupción de un nuevo sujeto, «los menos domesticados por la
modernidad”, que están llamados a cambiarle la cara al país y, muy en
particular, a los sectores que resisten y se organizan en movimientos
antisistémicos.
El gobierno de Alan García está acosado por varias denuncias de
corrupción y se muestra cada vez más alineado con las grandes
empresas. Pese a su escasa popularidad, tejió una alianza con Keiko
Fujimori, la hija del dictador sentenciado y en prisión, que le
garantiza las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar a
cambio de un muy favorable régimen carcelario para su padre. El frente
social está agitado. Para mediados de junio se anuncian paros de 24
horas en el combativo Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Taca,
Apurímac y Madre de Dios) para impedir la exportación del gas de
Camisea y la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, que
inundará decenas de comunidades. La región andino-amazónica está
siendo sacudida por levantamientos indígenas en defensa de los bienes
comunes.
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