24/03/2010

Tucumán se encuentra recién por la punta del ovillo

El primer juicio por centro clandestino aun no tiene su veredicto final. Mucho se está avanzando en la identificación de las causas, del funcionamiento y los responsables de ejecutar el Terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Sin embargo, todavía parece quedar pendiente el enjuiciamiento de los mandos intermedios y la identificación del aparato represivo post-dictadura. Por Contrapunto para Boletín Derechos Humanos.


En Tucumán, éste 24 de marzo se vive de una manera diferente a los anteriores; sin embargo para los familiares de las victimas y las organizaciones de Derechos Humanos sigue siendo una fecha que no debe olvidarse. A más de 34 años de instalada la dictadura militar en la argentina, hace solo un mes un tribunal federal comenzó a juzgar a los responsables de generar el terror en aquella época.

El proceso judicial se inicio a mediados de febrero y puso en el banquillo de los acusados a los represores: Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo del Ejército; Antonio Domingo Bussi, ex gobernador de Tucumán; Roberto Heriberto “el tuerto” Albornoz, ex-comisario de la Policía, jefe del Servicio Informaciones Confidenciales; Alberto Luis Cattáneo, segundo de Bussi durante la primera parte del gobierno de facto; Albino Mario Alberto Zimmermann, ex Jefe de la Policía provincial entre 1976 y 1977; Luis Armando de Cándido, ex policía provincial y su hermano Carlos de Cándido, también ex policía.

Con menos de dos meses de iniciado el proceso se sucedieron una cantidad de acontecimientos que merecen mención. Desde declaraciones de testigos claves como el caso del ex-conscripto Domingo Jerez, quien vio al represor Antonio Domingo Bussi asesinar a dos prisioneros, además de haber presenciado: torturas, secuestros, asesinatos y actos de desaparición de cuerpos. También Juan Martin, el sobreviviente más importante de la dictadura militar en Tucumán, reveló el funcionamiento del CCD de la ex Jefatura de Policía y otros campos de concentración; además pudo dar una lista precisa de quiénes eran
que habían estado privados de su libertad en ” la ex-jefatura”.

Una de las cuestiones que se van develando, es que este CCD funcionaba como un lugar de paso. Allí se los “interrogaba” a los secuestrados, a través de torturas y, luego de unos días, se los trasladaba a otro lugar. Lo que comprueba el accionar sistemático. Sin embargo en este juicio no se encuentran imputados todos los participes y responsables del sistema represivo en su conjunto. Respecto a esto la querellante, Laura Figueroa, denunció que es un proceso “rengo”, porque no se juzga a los “miembros del destacamento 142 de Inteligencia que formaron parte de los grupos de tareas” que operaron en Jefatura. Urge, entonces, avanzar con las cadenas intermedias.

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No faltaron las pantomimas del represor Bussi, al manifestar dolencias, para dilatar el proceso. Un hecho que no es menor es la repentina muerte del represor Zimmerman, que deja una sensación de alerta por la necesidad de agilizar estos procesos. ANDHES, organismo de derechos humanos, plantearon que “consideran primordial acelerar los juicios contra los responsables del Genocidio, pues es un derecho primordial de los pueblos conocer la verdad histórica”.

Otro punto que no se debate en este juicio, y que merece un análisis detallado, es la continuidad entre la dictadura y el accionar policial durante la democracia, lo que significa “no mirar atrás”, como hizo referencia en su impecable exposición la especialista en derecho militar Marta Mantaras.

La dictadura militar en la Argentina dejó un saldo importante no sólo de víctimas y de muertes, sino también en lo político: con la clase política con objetivos inciertos, en lo social: con los constantes actos de represión y violencia por manos de las instituciones y en lo económico: con una canasta familiar insuficiente, y una deuda externa que asfixia.



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