18/03/2010

Represión en México

El 16 de marzo se realizó en México la Huelga Política Nacional convocada por diferentes gremios y organizaciones políticas y sociales. Esta convocatoria plural y unitaria tiene como principales demandas: la reducción de impuestos y precios de servicios públicos y alimentos; aumento salarial de emergencia, programa nacional de empleo, alimentación y vivienda; solución de las demandas de sindicales de los trabajadores electricistas, mineros, maestros y la UNT; respeto a la autonomía sindical; respeto pleno a la ley federal de trabajo y la constitución; no a la privatización del petróleo, el agua, los minerales y la electricidad; libertad a los presos políticos; desmilitarizació n de las calles; entre otras. Por Julia Campos, Socióloga UBA. El Viejo Topo en Corriente CAUCE. – Especial desde DF – México


No obstante, la fecha y la modalidad de la huelga estuvo signada por el conflicto que mantiene el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde octubre del año pasado cuando un decreto presidencial eliminó a la empresa Luz y Fuerza de Centro (LyFC) y con ella a sus más de 44.000 trabajadores. Por un lado, el 16 de marzo era una fecha central para los trabajadores del SME ya que vencía el Contrato Colectivo de Trabajo de los Electricistas y con ese vencimiento la posibilidad, según la normativa mexicana, de que los trabajadores despedidos en octubre pasado puedan manifestarse dentro de la legalidad. En relación a la modalidad, la misma consistió en el acampe de los trabajadores y las organizaciones sociales frente a cada uno de los puesto de trabajo de LyFC.

El objetivo de los piquetes fue impedir que trabajadores contratistas continúen brindado el servicio de electricidad, y evitar el vaciamiento de la empresa que viene realizándose a cuenta gotas desde finales del año pasado. La falta de respuestas frente a la huelga prolongó la medida de lucha por tiempo indeterminado.

Con una tensa calma, el martes la huelga se desarrollo en el país con epicentro en el Distrito Federal, Chiapas, El estado de México, Michoacán, Hidalgo y Puebla. Hubo represión con corridas y gases en algunos puntos sin reportar heridos o detenidos.

En la madrugada del 17, el SME informó que la policía federal mexicana irrumpió en las casas de los principales activistas del sindicato y realizó detenciones ilegales. El comunicado de prensa informa además que hay en la actualidad decenas de compañeros desaparecidos.

Con el correr de las horas, la represión en cada puesto de trabajo se fue intensificando. Al momento de este informe se sabe de la existencia de heridos y detenidos en el Distrito Federal y en el Estado de México. El cerco mediático es absoluto dificultando la centralizació n y verificación de la información que recorre las calles de México.

Todo parece indicar que la profundizació n de la represión se debe a la necesidad del gobierno de mantener el suministro de energía sin avanzar en ninguna de las demandas de los trabajadores del SME. Al mismo tiempo, posibilitar condiciones desfavorables para los trabajadores en general que permitan la privatización de las empresas públicas y la precarización de todos los trabajadores mexicanos a partir de la aprobación de la Ley Federal de Trabajo.

Sobre coincidencias y otras yerbas:

El conflicto de los trabajadores del SME se da en el marco de una ofensiva sobre toda la clase obrera mexicana. Por un lado, el gobierne pretende acabar con uno de los sindicatos más combativos mexicanos, con mayores niveles de democracia interna y capacidad de movilización. Por el otro y al mismo tiempo la eliminación del SME posibilita la privatización de una de las principales empresas estatales, Luz y Fuerza del Centro.

Sin embargo, lo más llamativo es la aprobación, en el día de hoy de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Esta ley avanza sobre todos los derechos del trabajador mexicano permitiendo: la tercerización y con ella la eliminación de la estabilidad laboral garantizada por el artículo 123 de la Constitución Mexicana: la habilitación a los empleadores de contratar trabajadores por tiempo determinado sin explicar los motivos de tal eventualidad; la polivalencia funcional ya que se permite contratar sin detallar las tareas a realizar; la contratación a prueba de 1 a 4 meses según la actividad sin derecho a indemnización alguna.

En efecto, el gobierno de Felipe Calderón, montado sobre esta coyuntura, y con un acuerdo a voces entre el PAN y el PRI logra la sanción de una ley que da por tierra con las principales reivindicaciones de los trabajadores mexicanos.



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