13/07/2005

Eterno conflicto en la Patagonia Rebelde

Los seis detenidos de Pico Truncado están en libertad. En tanto que los reclamos salariales y de trabajo se agudizan en distintas zonas de la Patagonia, ahora en Cañadón Seco, los trabajadores afirman que “mientras dure el conflicto no nos van a detener”.


Efectivamente, cada día hay un nuevo capítulo en torno a conflictos por salario y trabajo en el sur del país.

En las últimas horas, unos 200 desocupados cortaron la ruta Provincial Nº 12 y la Nº 99 que lleva a Cañadón Seco, como así también varios caminos alternativos. La medida se dio una vez cumplido el plazo que habían dado a las operadoras por una solicitud de puestos laborales. Por la tarde de ayer, los manifestantes se apostaron en el ingreso a Cañadón Seco y en varios tramos de las rutas provinciales, con quema de cubiertas. En su gran mayoría son hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar, y es la primera vez que participan de movimientos de estas características.

Por otra parte, a la espera de respuestas de las operadoras con quienes ya se habían reunido, un centenar de personas mantienen los bloqueos en la base administrativa de Repsol YPF y en la de Vintage Oil.

De los manifestantes, 43 pertenecen a las actas 5, 6 y 7 de la última toma de la playa de Tanques de Termap que desde el 7 de agosto están percibiendo un subsidio, en tanto que el resto son desocupados que bregan por recibir la capacitación.

Crónica del conflicto

El “circuito petrolero” comienza en Comodoro Rivadavia y continúa en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Son zonas ricas, por las regalías del petróleo, y con trabajadores en lucha. Por una sencilla razón: “La cotización del hombre no alcanza para sus explotadores a la cotización del mulo, del carnero y del caballo” (Sociedad Obrera de Río Gallegos, Manifiesto de noviembre de 1920).

PICO TRUNCADO (Santa Cruz)

El 30 de junio fueron liberados los 6 miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes habían sido detenidos el pasado 24 de junio. Las presiones ocasionadas por las movilizaciones y las jornadas de lucha en distintos puntos del país fueron decisivas a la hora de las excarcelaciones. La represión judicial (con los arrestos y las más de 60 órdenes de detención) fue la respuesta al reclamo salarial, que duró 44 días, 37 de los cuales fueron cortes de rutas por parte de más de 600 manifestantes. El secretario general de ATE-Nacional, Pablo Micheli, planteó que “esto ocurre justamente en la provincia del Presidente de la Nación, que se jacta permanentemente de ser el abanderado de la defensa de los derechos humanos”

Cómo sucedieron las detenciones

En reclamo de una recomposición salarial y durante más de 40 días, los trabajadores de ATE mantuvieron cortadas las rutas nacionales nº 12 y 43 .

Finalmente, el Intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimo, firmó un acta el martes 21 de junio donde se comprometía a otorgar un aumento al sueldo básico de $50, abonar 120 pesos de salario familiar e incorporar a la planta fija a los trabajadores contratados. A partir de este acuerdo, se levantaron los cortes de ruta.

Pero luego Maimo incumplió el acuerdo, aludiendo que “había firmado por coacción y que se presentaría ante la justicia”. La denuncia abarcaba las figuras de coacción, cohecho, secuestro, amenazas de muerte y destrozos. La jueza Graciela Esther Ruata de Leone libró las órdenes de detención. En consecuencia, Alejandro Garzón, secretario general de la ATE provincial, y los delegados, David Esperes, Belisario Segel, Julio Tesolano, Pedro Paillaguala y Pilar Peralta fueron encarcelados y trasladados a distintas comisarías de Perito Moreno, Los Antiguos y Puerto Deseado. A estas detenciones se sumaban otras 60 órdenes de detención.

Roque Alfredo Ocampo, Ministro de Gobierno de Santa Cruz y mano derecha del gobernador Sergio Acevedo, declaró el 25 de junio que: “unas personas que estaban de huelga (…) tuvieron encerrados a los funcionarios y los obligaron a firmar un acta donde le planteaban un arreglo salarial que indudablemente la Municipalidad de Truncado no puede afrontar”. Sin embargo, Ocampo no señaló que la supuesta amenaza de muerte a Maimo sólo fue escuchada por éste, ya que ningún otro funcionario ratificó la denuncia del Intendente.

Al respecto, Pablo Micheli sostuvo que la denuncia del Intendente “es falsa, (ya que) ellos estuvieron negociando hasta las 4 de la mañana (del martes 21 de junio) llegando a un pre acuerdo. Se pasó a un cuarto intermedio y todos se fueron a sus casas, inclusive el Intendente. A las 11 de la mañana se hizo una asamblea, se aprobó la propuesta y a las 2 de la tarde en el casino de la policía, acá en Pico Truncado, firmó el Intendente y el Secretario General del gremio ¿De qué coacción me están hablando?”.

En un comunicado de prensa, representantes de ATE a nivel nacional explicitaron que con la firma del acuerdo quedaba “declarada la paz social, y restablecida la normalidad en el trabajo, (pero) el acta fue incumplida por las autoridades” y que “esto se ha transformado en una cacería de brujas, violando flagrantemente los derechos humanos, deteniendo compañeros y allanando sus domicilios sin citación previa y sin las garantías que marca el código de procedimiento”. Pablo Micheli agregó que “hemos recibido la solidaridad de todas las provincias y los distintos sectores de nuestro sindicato en contra de esta actitud represiva del gobernador Acevedo que recuerda a Varela en la Patagonia Rebelde, arrancando a los compañeros, sin proceso previo, de sus casas y confinándolos a pueblos lejanos de la localidad a la que pertenecen”.

“Ahora es una lucha por los derechos humanos”

El 28 de junio, empleados estatales junto a movimientos piqueteros, organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un paro en todo el país, con acatamiento masivo, y que incluyó marchas en las capitales provinciales, para reclamar la liberación de los seis trabajadores de ATE. En la ciudad de Buenos Aires, se realizó una concentración en Tribunales y una protesta en la Casa de la Provincia de Santa Cruz que concluyó frente a la Casa Rosada. Zonas aledañas a Pico Truncado, como Las Heras, Caleta Olivia, Río Turbio y Comodoro Rivadavia exigieron la libertad de los detenidos mediante piquetes. También se recibió la solidaridad de organizaciones internacionales.

La “marcha de silencio” fue la medida en Pico Truncado y contó con la presencia de 500 manifestantes. Familiares, amigos y allegados de los obreros en conflicto, dieron a conocer una carta abierta, cuyos puntos principales señalaban que “Nosotros sabemos que los trabajadores están luchando por sus derechos (…) En Pico Truncado nos hemos quedado con vecinos privados de la libertad, con amenazas de más detenciones, paralizados por los manejos de poder, viendo cómo se maneja día a día a la opinión pública, cómo se busca distorsionar la realidad, dividir y enfrentar a los vecinos”. La carta también pide a la comunidad que “abra los ojos, que agudice los oídos, y que saque conclusiones (…) Usted puede disentir, puede opinar diferente. Pero todos sabemos aquí que esto comenzó con un reclamo salarial y que ahora es una lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por impedir la manipulación de todo un pueblo”.

Si bien se dictó la excarcelación a los delegados detenidos, se sigue adelante con el procesamiento y las indagatorias y se debieron pagar $3000 en concepto de fianza. Para Joaquín González, abogado de ATE, “las marchas sociales fueron fundamentales para la liberación”. También indicó que no ha habido ningún aviso legal sobre la invalidez del acta firmada entre el gremio y la Municipalidad, por lo que el acuerdo sigue vigente, pero sin efecto. Por su parte, Alejandro Garzón señaló que “Hoy el acuerdo salarial no está anulado sino que está suspendido. Ayer (por el martes 5 de julio) los compañeros han comenzado a cobrar los sueldos, no han cobrado de acuerdo al acta, así que firman el recibo en disconformidad, esa acta está en suspenso en la justicia y por ende no se ha acatado, creemos que una vez que comencemos a declarar nos van a dar la razón, una vez que se caiga la coacción de la que somos culpados, esa acta va a entrar en vigencia”. Además agregó: “Tarde o temprano esa acta va a tener validez y vamos a cobrar retroactivo los sueldos a partir de julio, los compañeros lo han entendido así, entonces no hemos perdido y seguimos organizándonos para seguir con las medidas de fuerza”, finalizó.

CALETA OLIVIA (Santa Cruz)

Los empleados municipales que permanecían sobre la Ruta provincial Nº 12 levantaron de manera provisoria el corte de la misma, así como el de la Ruta 99 que une la Nacional Nº 3 con Cañadón Seco, con el fin de facilitar las negociaciones con el Municipio. Los trabajadores exigen que el aumento salarial se incorpore de forma inmediata al sueldo básico, pero la propuesta lo da como “no remunerativo”. El delegado Julián Carrizo sostuvo que si no hay acuerdo, vuelven los cortes.

El marco de la desocupación en Santa Cruz

La privatización de YPF trajo, entre otras consecuencias, desocupación en las distintas ciudades del sur del País. Frente a esta situación, los trabajadores formaron pequeñas industrias, que se vincularon en forma terciarizada a las empresas petroleras.

El abogado Cesar Amaya, del sindicato de los empleados jerárquicos municipales de Caleta Olivia (APJAM), explicó: “La mayor parte de los emprendimientos Pymes de la zona norte, especialmente de Cañadón Seco (otra localidad de Santa Cruz) está conformado por la gente que resultó del desguace de YPF. Esas Pymes, que se constituyeron en la década del 90, quedaron en situación terminal porque no tuvieron ningún tipo de apoyo del estado provincial. De 16 o 17 que había en Caleta sobreviven solo 4″.

Los “nuevos desocupados” fueron integrados a plantas municipales, en general como contratados. Ahora los trabajadores reclaman su paso a planta permanente y aumento de salario para lograr la estabilidad laboral, postergada desde hace años, y tener un sueldo acorde a las necesidades básicas.

“Mientras dure el conflicto no nos van a detener”

El sábado 25 de junio se realizó una asamblea multisectorial, de la cual participaron uniones de vecinos como mediadores del conflicto. En esta reunión, se propuso pedirle al gobierno provincial que financie los $80 al básico que reclaman los trabajadores municipales. El intendente Fernando Cotillo se comunicó con el gobernador Sergio Acevedo para hacerle llegar el pedido. Sin embargo, el gobernador desestimó la propuesta.

El viernes pasado, desde la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA) se informó que se había llegado a un acuerdo con el sindicato que agrupa a los municipales, SOEMCO, que contempla el pago de un adicional de $150 no remunerativo que sería abonado con los salarios de junio y que no sería absorbido por futuros aumentos. El dirigente Julián Carrizo indicó que “nosotros, le pedimos a los compañeros que suspendieran las medidas en la ruta 99 y 12 para mostrar un gesto, pero desde el gobierno nunca nos dieron una respuesta que colme mínimamente las respuestas a los trabajadores”. Los trabajadores decidieron no aceptar la propuesta, por lo cual volverían los cortes de ruta.

Nuevamente el Ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, con respecto a los cortes de rutas, declaró como voz oficial: “Tenemos claramente planteado que para nosotros el corte de la ruta es un delito y para ello debe actuar la justicia (…) A la policía de la provincia como auxiliares de la justicia se les ha pedido una serie de medidas que se están cumplimentando, entre ellas, la notificación de que se está cometiendo un delito, la posibilidad que existe de que despejen las rutas como corresponde y otra serie de notificaciones que se están haciendo llegar a los actores”. Es decir que el gobierno santacruceño recurre a salidas judiciales para terminar con los conflictos sociales y políticos. De hecho, se intimó a los trabajadores a desalojar las rutas. Respecto a estas medidas represivas, César Amaya advirtió sobre la presencia de grupos de elite de la Gendarmería Nacional y el sobrevuelo de dos helicópteros durante el miércoles y el jueves último.

Por su parte, el delegado Pablo Robles manifestó que “mientras dure el conflicto no nos van a detener, nosotros esta película ya la vimos y sabemos como actúan. Pasó cuando fue el tema de playa de tanques que detuvieron a seis personas en Caleta Olivia y ahora con lo de Pico Truncado. Esperan que termine todo y después van a las casas a buscarlos (…) Lo importante es que ahora los municipales no se van a quedar en sus casas 14 años esperando que les den un aumento, saben como reclamarlo”.

RÍO TURBIO (Santa Cruz)

El SOEM (sindicato municipal) determinó paro y movilización para los pasados 28 y 29 de junio, exigiendo recomposición salarial, ante la falta de acuerdo con el Intendente Matías Mazú, quien se negó a que el aumento se incorpore al sueldo básico.

El ofrecimiento de Mazú fue de $120 de salario por hijo, el pase a planta de todos los contratados con cinco o más años de antigüedad a partir de julio y $100 en junio a modo de refuerzo o adelanto de aguinaldo. Pero no se ofreció ningún aumento en el básico.

Por otra parte, el Intendente Mazú decidió que los $100 de suma fija que se abonan desde enero, no la cobrarían quienes adhirieron al paro.
Ante la actitud del ejecutivo los trabajadores dieron por terminadas las negociaciones.

COMODORO RIVADAVIA (Chubut)

Los obreros de la empresa Pan American Energy continúan con la toma de los Yacimientos en reclamo de un aumento salarial del 50%. La mayor concentración se realizó frente a la estación de servicio de Cerro Dragón, donde los manifestantes están acampando. Los trabajadores denuncian a los dirigentes de la UOCRA: “Arreglaron para ellos, pero no para la mayoría de los trabajadores, son unos caraduras”.

El papel de la UOCRA

Más de dos mil obreros que cumplen tareas en Pan American Energy, empresa que controla el mayor yacimiento de petróleo de Chubut, iniciaron, el 27 de junio, distintos piquetes en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores determinaron acampar por tiempo indeterminado en la zona de Cerro Dragón hasta que los directivos de la empresa “cumplan con las actas firmadas y los compromisos adquiridos”.

Hace años, las empresas petroleras realizaron convenios con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) que tenían como objetivo flexibilizar y abaratar los costos de mano obras en tareas en los yacimientos. En la última negociación con Pan American, la UOCRA concertó para los trabajadores un 9% de aumento, es decir, $0.30 por hora laboral. Este acuerdo fue rechazado por los trabajadores, quienes exigen un aumento salarial del 50% ($8 por hora, ya que la actual es de 4.50$), la contabilización de dos años de jubilación por cada año trabajado y el aumento de la hora de viaje a $6. El delgado Jorge Salvo sostuvo que “Nosotros no somos representados por el sindicato, porque no consulta a las bases y no sabe cuál es la necesidad de cada trabajador”. También señaló que “Hay actas firmadas pero ni Pan American ni las empresas contratistas se avienen a dialogar. Hoy la situación no da para más, queremos que los directivos no nos caminen más, que vengan con propuestas concretas sino este conflicto se va a agravar”.

Agresiones policiales a los trabajadores en lucha. Marchas y piquetes en solidaridad.

El 29 de junio, la Central de Trabajadores Desocupados Línea Fundadora (CTD), el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y el Frente Popular Darío Santillán interrumpieron durante tres horas el tránsito sobre la ruta 3 en apoyo a los trabajadores. Víctor Sánchez, de la CTD subrayó: “Queremos acompañar a nuestros compañeros. En la medida en que no tengan respuestas, desde las organizaciones sociales se va a hacer más extensa la lucha. Si no hay respuestas, vamos a ir al yacimiento y a la CGT”.

El jueves 30 de junio, las esposas, hijas, hermanas y madres de los trabajadores se concentraron frente al Municipio. La intención era que el intendente Raúl Simoncini y el gobernador Mario Das Neves tomen intervención directa en el conflicto. Para las mujeres de Cerro Dragón “las palabras del gobernador y del intendente han sido sólo para los medios de prensa, a ninguno de ellos les importa el reclamo de los trabajadores ni la salud de ellos”. El sábado 2 de julio realizaron una concentración en la Plaza Roca 300 personas para “acompañar no sólo la lucha de nuestros maridos sino también para que nos acompañen a exigir una solución concreta”. Además, realizaron una presentación ante la Justicia denunciando a Pan American por ‘abandono de persona’.

Son varios los gremios que están apoyando el reclamo de los trabajadores. Ate, Atech, Judiciales y los gremios de la universidad, como así también los estudiantes. Unas se concentraron en la plaza Roca desde donde marcharon hasta el edificio de Petrominera.

Las condiciones en que se encuentran los trabajadores que acampan al aire libre en la zona de Cerro Dragón llegó a situaciones límites. Enfermos por el frío, sin alimentos adecuados ni con las condiciones mínimas para vivir, algunos de ellos tuvieron que bajar a la ciudad para recibir atención médica.

Cabe destacar que el Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) y la Guardia de Infantería están rodeando la zona. Silvia, una de las mujeres movilizadas, señaló que “les sacaron (a los obreros), los vehículos donde se cobijaban de frío, incluso les llevaron los abrigos, camperas y térmicos que tenían dentro de los micros, el agua de que disponen está contaminada, les cortaron la luz de la estación de servicio y además, los integrantes de la GEOP los están provocando permanentemente (“¦) Cuando la prensa se acerca a los trabajadores la GEOP tiene una actitud totalmente distinta a cuando están solos, ayer les tiraron gases lacrimógenos aunque después lo desmienten, les tiran las camionetas encima entre otras provocaciones”. El delegado Luis Gortari afirmó que mantendrán el reclamo “a pesar del clima y de los riesgos que el frío acarrea para con la salud de nuestra gente, hasta que se nos convoque formalmente a dialogar para encontrar una solución lógica que contenga respuestas a nuestros reclamos”.

Las empresas: Barillari, Vintage Oil, Siracusa

Hace más de dos meses, los trabajadores de la empresa pesquera Antonio Barillari reclaman por un subsidio de $900 para cada grupo familiar. Como parte de la medida de fuerza, trescientos empleados mantuvieron cerrados todos los ingresos a la planta. En jornadas anteriores, la subsecretaria de Pesca de la Provincia, Liliana Scioli, elevó la propuesta oficial de otorgar $400 por grupo familiar, proposición que no fue aceptada por los trabajadores. Adriana Carrizo, una de las trabajadoras, resaltó: “No sé si ellos pueden vivir con $400, nosotros no. Por eso decidimos pedir un subsidio de $900”. Los trabajadores continúan con la medida de lucha.

Por otra parte, el pasado martes 28 de junio, la Agrupación “18 de Mayo”, mediante un piquete, impidió el ingreso del personal a Vintage Oil, con base en Cañadón Seco. En consecuencia, los gerentes de la empresa se comprometieron a dar una respuesta, en un lapso de 10 días, sobre un subsidio como capacitación, ya que “posibilidades laborales no hay”. Jorge Chanampa, vocero de la Agrupación, declaró: “No podemos contar ni con los funcionarios, ni con las operadoras, ni con la empresas pesqueras ni con nadie porque todos dicen que no pueden absorber gente, entonces me parece que lo que hay que hacer es radicar empresas, porque la problemática que se avizora es importante”. También dijo que “lo que nos pidieron fue una ficha de relevamiento de cada una de las personas, así que las estamos haciendo nosotros mismos para apurar los tiempos, para que después no digan que no le alcanzamos la información a tiempo”. El piquete contó con la presencia de más de 100 desocupados.

Los trabajadores de la empresa Siracusa, en Chubut, tomaron hace varias semanas la planta por la falta de pago y trabajo y afirman que el gobierno provincial se había comprometido a otorgar un préstamo y que “desde la empresa nos dijeron que presentaron todos los papeles, pero no pasa nada”. De esta afirmación se desprende que el frigorífico Siracusa sería también una empresa concursada y por eso el gobierno frenó el subsidio. Silvina Montes, una de las trabajadoras, indicó que ya llevan dos meses sin cobrar y sin poder trabajar “y (que) todos los días es lo mismo: nos dicen que ya se arregla y no pasa nada”. Marina Martínez agregó: “mientras, los chicos nos piden de comer y nos apuran con el pago de servicios, cuentas y alquileres”.


Fuentes: Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, Prensa de FTC Comodoro Rivadavia y Diario Tiempo Sur de Santa Cruz.



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