22/06/2005

Eduardo Duhalde: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda

encabezado_duhalde1.jpg
Eduardo Duhalde atestiguará ante el Tribunal de Lomas de Zamora el 7 de julio, pero sólo en calidad de testigo.

 2002: PRESIDENTE DE LA NACIÓN

 2005: JEFE DEL APARATO DEL PJ BONAERENSE Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES DEL MERCOSUR



 1) Los primeros meses de Duhalde

 2) Duhalde en la previa al 26

 3) Duhalde durante la represión

 4) Duhalde después de la represión

 5) Junio 2002 / abril 2003: La represión indirecta como respuesta a la reacción popular

 6) Kirchner: entre la complicidad y la criminalización de la protesta social

 7) Luego de tres años de reclamo, Kirchner dispuso la apertura de los archivos de la SIDE


INTRODUCCIÓN

El 17 de mayo comenzó el juicio oral y público por la Masacre de Avellaneda. En él sólo están siendo procesados un puñado de los autores materiales de la represión. Pese a la promesa de Kirchner de “investigar hasta las últimas consecuencias”, los responsables políticos y autores intelectuales -Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Luis Genoud y Jorge Vanossi, entre otros- no están siendo investigados y actualmente cumplen funciones en el gobierno nacional y provincial. Algunos de ellos serán citados a declarar, pero sólo en calidad de testigos y no de imputados. Eduardo Duhalde atestiguará ante el Tribunal de Lomas de Zamora el 7 de julio.

Con el fin de denunciar quiénes son y por qué son responsables de los asesinatos de Darío y Maxi y de los 33 heridos con balas de plomo, con el fin de evidenciar qué cargos ocupan hoy, cubiertos de total impunidad, aquí van sus PRONTUARIOS.


1. LOS PRIMEROS MESES DE DUHALDE

El período que se inauguró con el 19 y 20 de diciembre de 2001 marcó una profunda crisis de gobernabilidad de los sectores dominantes de la Argentina y significó la consolidación de una nueva correlación de fuerzas con los sectores populares. Desde su asunción en enero de 2003, el gobierno de Duhalde pretendió abortar el progresivo crecimiento de la movilización social y, en este sentido, la Masacre de Avellaneda no fue un caso de represión aislado. Por el contrario, forma parte de una estrategia represiva sistemática que combinada con una campaña mediática de demonización de los movimientos tuvo como fin la desarticulación de los sectores en lucha.

Basta recordar algunos de los hechos que tuvieron lugar en los primeros meses del gobierno:

 Cacerolazo del 25 de enero de 2002: cuando el grueso de los manifestantes se estaba desconcentrando la policía arremetió con las motos y sobrevino una andanada de balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo 68 detenciones. Al ser consultado sobre lo sucedido Juan José Álvarez contestó que “hubo excesos”.

 Madrugada del 6 de febrero de 2002: el MTD de Esteban Echeverría mantenía cortada la ruta 205 a la altura del Jagüel. En este momento Jorge ‘Batata’ Bogado, puntero del intendente de Ezeiza Alejandro Granados, “pasó” el control policial y atravesó el piquete en su Ford Falcón. Hugo Javier Barrionuevo se acercó a increparlo y Bogado sacó su 9 mm y efectuó dos disparos, uno de ellos impactó en el cuello de Javier, quién cayó al suelo herido de muerte.

 Abril de 2002: en un corte frente a la municipalidad de Lanús, un policía del servicio penitenciario disparó contra Juan Arredondo, militante del MTD Aníbal Verón de esa localidad.

Si bien en todos estos casos las explicaciones oficiales apelaron a la teoría del “loco suelto”, claramente éstos fueron signos de autoritarismo del gobierno que se reflejaron en las acciones criminales de grupos de choque.

 En junio de 2002 estos signos tomaron su forma más acabada y sistemática: la decisión de evitar los cortes y manifestaciones se postuló explícitamente como política de Estado y se plasmó en una estrategia represiva ideada y coordinada desde el gobierno. Fue el entonces secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez, quien diseñó con ese objetivo el accionar unificado de las cuatro fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense y Federal. La jornada de lucha planificada por los movimientos de desocupados para el 26 de junio fue el escenario en el que se montó esta actuación conjunta por primera vez.

La responsabilidad en los hechos ocurridos en Avellaneda va entonces mucho más allá de quienes apretaron el gatillo. La decisión de asumir una represión “aleccionadora” que prefigurase una imagen de gobierno fuerte ante la debilidad que le atribuía el FMI y que era demandada tanto desde el poder económico como desde su propia estructura, estuvo en primer plano desde que Duhalde llegó a la Casa Rosada.


2. DUHALDE EN LA PREVIA AL 26

EL GOBIERNO DENUNCIA LA EXISTENCIA DE AGENTES PROVOCADORES DEL CAOS CONTRARIOS AL SISTEMA

Días antes de la represión el presidente Duhalde declaró públicamente: “en momentos de confusión (los bloqueos) se podían admitir, pero ahora no hay que agravar los problemas sociales con acciones violentas. Hay que ir poniendo orden, los intentos de aislar a la Capital (con cortes de ruta y piquetes) no pueden pasar más”. De esta manera identificó la continuidad de la protesta social con la violencia, al tiempo que denunciaba la existencia de “agentes provocadores del caos”.

UNA SEMANA ANTES DEL 26 DE JUNIO: ÚLTIMAS REUNIONES PARA DEFINIR EL OPERATIVO REPRESIVO. ANTECEDENTE DE LA MASACRE

Durante las semanas previas, el presidente Duhalde impulsó la realización de cinco encuentros en los que participaron miembros del gabinete, distintas fuerzas de seguridad provincial y federal, las Fuerzas Armadas, los servicios de Inteligencia del Estado, hombres clave de la justicia y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En esas reuniones el gobierno instruyó a todos los organismos y funcionarios involucrados acerca de la decisión política adoptada respecto a la represión del conflicto social. En una de ellas, con el acuerdo de integrar a la Policía Bonaerense en el esquema de coordinación de las fuerzas federales de seguridad, quedaron sentadas las condiciones para el primer operativo conjunto de las cuatro fuerzas represivas que se pondría en marcha una semana después, el miércoles 26 de junio.

“El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron hoy en la definición de las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas como los piquetes y otras acciones que interrumpan el tránsito en vías estratégicas, informan fuentes oficiales (…) en los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a su acción que tendrá la justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno. Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic) cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital Federal, sitiando virtualmente la metrópoli” (Agencia Infosic 18/06/2002).


3. DUHALDE DURANTE LA REPRESIÓN

EN AVELLANEDA EL PLAN REPRESIVO ESTABA EN MARCHA Y EN NUEVA YORK, TAMBIÉN

La actitud del presidente Duhalde y del Secretario de Seguridad Álvarez ante la represión que se desarrollaba en Avellaneda no fue precisamente de sorpresa o alarma. Sabían de antemano lo que sucedería y durante toda la tarde siguieron las imágenes y estuvieron pendientes del modo en que evolucionaban los acontecimientos.

Mientras en el Puente Pueyrredón se desataba una feroz cacería, en Nueva York el ministro de Economía Roberto Lavagna mantenía una serie de reuniones con banqueros norteamericanos buscando alguna señal que le permitiera informarle al Presidente que el acuerdo con el FMI estaba más cerca. Por lo tanto, la atención también estaba puesta en las noticias que estaban por llegar desde la sede del poder económico.


4. DUHALDE DESPUÉS DE LA REPRESIÓN

REUNIONES PRIVADAS ENTRE LOS RESPONSABLES PARA CONFECCIONAR LA TEORÍA DEL COMPLOT: EL PELIGRO SUBVERSIVO

Durante la tarde del 26 Duhalde mantuvo un encuentro reservado con el Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el titular de la SIDE Carlos Soria y Juan José Álvarez. Basándose en informes de la SIDE aportados por Soria sobre el accionar de los movimientos, en este encuentro comenzaron a confeccionar el discurso que darían públicamente sobre lo ocurrido en Avellaneda y con el que pretenderían dar sustento a la teoría complot. Ésta se convirtió en la arquitectura argumental sobre la cual intentaron criminalizar la existencia de los movimientos de desocupados para así explicar las muertes y justificar la ofensiva. El gobierno inventó “balas piqueteras” para demostrar la presencia de organizaciones volcadas a la lucha armada. “La policía sólo utilizó postas de goma y fue agredida con palos y armas de fuego”, fue una de las primeras declaraciones del comisario inspector Fanchiotti y la versión de los hechos que el gobierno reiteraría constantemente.

La presencia de un “plan de lucha organizado tendiente a amenazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos eligieron”, la puesta en práctica de una “táctica de lucha urbana con la utilización de bombas molotov y palos con puntas”, por mencionar sólo algunos de los dichos oficiales, constituyeron parte de las mentiras y estigmatizaciones de la protesta elaboradas por el gobierno quien reinventaba así un nuevo “enemigo subversivo”.

Fue necesario para el gobierno difundir estas declaraciones para luego reconocer que lo que estaba en marcha era un “cambio de estrategia” oficial respecto de las fuerzas de seguridad en las protestas piqueteras y que por eso se había decidido un operativo conjunto de las cuatro fuerzas de seguridad. “Se hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido”, reveló el ministro del Interior Matzkin en referencia a la presentación de la “Causa Complot” pretendiendo justificar la cacería.

DENUNCIA CONTRA PIQUETEROS: 17 DELITOS. VIOLACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. REFUERZO A LA TEORIA DEL COMPLOT

El día 27 el presidente Duhalde, a través de su ministro de Justicia Jorge Vanossi, presentó una denuncia contra los manifestantes por cometer delitos que violaban la “Ley de Defensa de la Democracia”: asociación ilícita y banda, intimidación pública, apología del crimen, alteración del orden y del libre ejercicio de las facultades o la deposición de algunos de los poderes públicos, sedición, atribución de derechos del pueblo e impedimento de la ejecución de las leyes y usurpación con clandestinidad, entre otros cargos.

Esta presentación judicial encuadraba en la teoría de que los hechos del 26 reflejaban la existencia de “complot” para derrocar al gobierno de Duhalde y “atentar contra los poderes constituidos de la República”.

LAS FOTOGRAFÍAS Y LA MOVILIZACIÓN POPULAR HACEN QUE LAS VERSIONES OFICIALES COMIENCEN A DECLINAR

Durante los días posteriores al 26 miembros del gabinete nacional, legisladores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y los mandos de las fuerzas represivas, se dedicaron a mentir sobre los sucedido, protegiendo por un lado a los autores materiales e impidiendo, por otro, el esclarecimiento respecto a los responsables políticos y autores intelectuales de la Masacre.
Cuando la reacción popular y la aparición pública de las fotos hicieron insostenible la estrategia del gobierno de cargar las culpas por la represión y las muertes sobre los manifestantes, no les quedó más alternativa que desandar un paso y limitarse a encubrir y enturbiar la investigación sobre los hechos.

La movilización popular del 3 de Julio demostró la fuerza y capacidad de organización existente en el campo popular y puso límites a las versiones del gobierno. Pero lo ocurrido demuestra cómo todos los recursos del Estado fueron manipulados al antojo y en beneficio del poder político de turno.

Existió una planificación general que necesitó amparase en el falso discurso del complot para justificar la represión contra la lucha popular. En Fanchiotti y sus honores recayó la responsabilidad operativa de la masacre; el comisario mayor Vega, un protegido político del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, le asignó la misión. El subsecretario de Inteligencia y amigo personal del Presidente, Oscar Rodríguez, fue el nexo entre la Casa Rosada y la “maldita policía”. El entonces secretario de seguridad Álvarez garantizó el brutal operativo conjunto de las fuerzas de represión interna sobre el cual montar los fusilamientos. Voceros del poder económico, a través de los medios de comunicación, agitaron y justificaron la represión y las muertes. Fue el presidente Duhalde quien encabezó la decisión de llevar a cabo una represión “aleccionadora” para demostrar la fortaleza del gobierno ante su estructura política y los organismos internacionales y asimismo desarticular la lucha social. Esta acción represiva dio como resultado el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y 33 heridos de balas de plomo.


5. JUNIO 2002 / ABRIL 2003: LA REPRESIÓN INDIRECTA COMO RESPUESTA A LA REACCIÓN POPULAR

La represión del 26 marcó un quiebre. Hasta ese momento el gobierno de Duhalde había intentado sembrar el consenso para la legitimación de su ‘mano dura’. Pero la respuesta de unidad del campo popular, que conformó un frente antirrepresivo de hecho, lo obligó a adelantar las elecciones y a cambiar de táctica. A partir de allí se agudizó una metodología represiva ‘invisible’ o de baja intensidad, ejecutada por punteros del PJ, matones a sueldo o patotas policiales, que consistió en secuestros, amenazas y golpes a militantes de organizaciones de base. También se pretendió garantizar el control social con el amedrentamiento de los sectores empobrecidos militarizando las calles y, a partir del fantasma de la inseguridad, con la creación de enemigos potenciales a través de campañas mediáticas de acción psicológica. El objeto de esta violencia institucional ‘por abajo’ fue frenar el desarrollo interno y territorial de las organizaciones populares y garantizar el orden social imperante en el marco de un clima social de movilización masiva.


6. KIRCHNER: ENTRE LA COMPLICIDAD Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

El gobierno de Kirchner continuó con la línea de su “padrino” electoral Eduardo Duhalde. Su táctica ha sido más sutil: flameando la bandera de los Derechos Humanos garantiza la impunidad y judicializa la protesta social (al día de hoy hay 30 presos políticos y más de 4000 procesados). Respecto a la Masacre de Avellaneda los hechos bastan para desarticular su estrategia simbólica:

 Días después de asumir la presidencia (junio de 2003), Kirchner convocó al MTD Aníbal Verón a una reunión en la Casa de Gobierno donde textualmente expresó la necesidad de “ir a fondo, caiga quién caiga” para que la Masacre de Avellaneda no quedase impune.

 Pasaron los meses y todo siguió igual. El 30 de octubre, el presidente volvió a convocar a una reunión al MTD Aníbal Verón. En esta oportunidad, luego de hacerse fotografiar por la prensa abrazando al papá de Darío y ante los reclamos recibidos por su falta de acción sobre el tema, prometió la conformación de una comisión investigadora que tuviera atribuciones para abrir los archivos de la Secretaría de Informaciones del Estado y “también los archivos de inteligencia de la Federal y la Bonaerense, que todos sabemos que hicieron inteligencia sobre ustedes”, reconoció. Como contrapartida exigía la “regimentación” de los métodos de protesta. Esta comisión “mixta” propuesta por el gobierno bajo estos condicionamientos jamás de instituyó.

Tuvieron que pasar dos años desde aquellas promesas y mucha agua bajo el puente para que el Presidente dispusiese finalmente la apertura de los archivos.

 Las intenciones de este gobierno se reflejaron en las declaraciones que el secretario general de la presidencia Oscar Parrilli realizó en una reunión posterior con los desocupados: “Para ustedes hay plata para los emprendimientos productivos, metan todos los proyectos de vivienda que quieran. Con la causa del 26 algo podemos hacer, pero tienen que acabar con las marchas y los cortes (“¦) Además a ustedes los queremos armando listas en cada uno de sus distritos para las próximas elecciones, de eso tendríamos que hablar.”

7. LUEGO DE TRES AÑOS DE RECLAMO, KIRCHNER DISPUSO LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA SIDE

Finalmente, el 27 de mayo de este año, Néstor Kirchner ordenó, a través de un decreto, que los archivos de la SIDE se pusieran al servicio de la justicia.

Si bien esta decisión demuestra que la protesta y la presión popular son necesarias para forzar a las autoridades a tomar medidas que por motu propio difícilmente efectuarían, las distintas declaraciones realizadas tanto por los abogados como por los familiares de Darío y Maxi, expresaron que ha pasado demasiado tiempo desde el primer pedido y que no es mucho lo que a esta altura puede esperarse en relación a esa documentación. Es preciso recordar que pocos meses antes del inicio del juicio oral, la Justicia, cumpliendo con un reclamo de los abogados querellantes, envió a la SIDE un oficio en el que se pedía “toda aquella información que tuvieran sobre los sucesos del 26 de Junio de 2002”. La respuesta que obtuvieron de esta secretaría fue que no tenían noción de los contenidos solicitados.

Este anuncio, por otra parte, se da en el marco de la disputa por los cargos electorales con el duhaldismo, lo cual acrecienta la desconfianza sobre las implicancias reales y efectivas que supondrá la apretura en caso de darse.


Este trabajo forma parte de la campaña de difusión por el esclarecimiento de la Masacre en el Puente Pueyrredón del 26 de Junio de 2002. Constituye una síntesis de la investigación del MTD Anibal Verón “Dario y Maxi Dignidad Piquetera” elaborada por los colectivos Argentina Arde, Prensa de Frente y Agencia de Noticias RedAcción (www.AnRed.org), ampliada y actualizada según el caso con otras fuentes periodísticas.

Esta información puede ser ampliada consultando el Prólogo a la Segunda Edición de Darío y Maxi, Dignidad Piquetera en Sección Los Hechos (www.masacredeavellaneda.org/index.php?bloq=3). Para obtener datos sobre el proceso judicial consultar la página del Diario del Juicio (www.masacredeavellaneda.org).



0 comentarios

1000/1000
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


Ir arriba