Movilización frente a la embajada de Colombia en Buenos Aires

Las colombianas y colombianos comprometidos con las transformaciones democráticas que requiere con urgencia el país, llamamos a una movilización este 20 de julio frente a todas las embajadas de Colombia alrededor del mundo, para exigirle al Gobierno que cese la persecución y judicialización del pensamiento y acción crítica. A doscientos años de nuestra independencia convocamos a luchar por la verdadera emancipación del pueblo, las ideas, los valores de la justicia social y democracia directa que garanticen la paz, la tolerancia y el respeto por la vida.

Como miembros del Comité de Base del PDA-Argentina nos encontramos alarmados por el señalamiento y persecución que el actual Gobierno Nacional ha venido implementando de manera creciente hacia la comunidad académica, los intelectuales, el periodismo crítico, la oposición política y el movimiento social. A ello se suma el incesante accionar de las mal llamadas «bandas emergentes» que no son otra cosa que la continuación del paramilitarismo.

Como ustedes saben, Colombia vive un conflicto social y armado que se ha prolongado por más de seis décadas y que ineludiblemente ha tocado a los diferentes ámbitos de la sociedad. Con el crecimiento de los grupos paramilitares durante los años noventa, las amenazas y asesinatos se han incrementado de manera exponencial a lo largo y ancho del país. La desmovilización de estos grupos a partir del año 2003 no generó una disminución de su accionar y, por el contrario, desde el año 2005 se ha hecho visible de manera dramática su presencia, en todos los ámbitos de la sociedad.

Es inadmisible que en Colombia se recurra a la detención y el silenciamiento de los intelectuales y periodistas, como es el caso de la arbitraria acusación, detención y judicialización del Dr. Miguel Ángel Beltrán y la persecución política llevada a estrados judiciales del sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano Bravo. El profesor Beltrán como investigador de la realidad social y política latinoamericana ha desarrollado diferentes trabajos académicos que le han valido el reconocimiento de la comunidad académica a nivel nacional e internacional. El viernes 22 de mayo el profesor fue detenido arbitrariamente en Ciudad de México, donde se encontraba adelantando sus estudios posdoctorales en la UNAM, acusado de ser miembro del bloque intelectual de las FARC. Fue aislado y deportado negándole el debido proceso. En Bogotá las autoridades encabezadas por el presidente de la república anunciaron la captura de un peligroso terrorista, obviando la presunción de inocencia y los resultados del debido proceso judicial. Los medios adeptos al gobierno han hecho eco de esta versión condenándolo de antemano. En el marco del silenciamiento a la disidencia, se le abrió un proceso judicial por injuria y calumnia al reconocido intelectual y periodista Alfredo Molano quien, en su columna de opinión titulada «Araújos et al», realizó un somero recuento histórico de lo que ha sido, desde los tiempos de la Colonia, el dominio económico, político y social de la élite en la región norte de Colombia. Cuatro jóvenes miembros de la familia Araújo se sintieron aludidos por las opiniones de Molano y recurrieron a la Fiscalía General de la Nación para demandarlo. Durante el desarrollo de este proceso fueron detenidos el senador Álvaro Araujo Castro y su padre, Álvaro Araujo Noguera (ex gobernador de la provincia del Cesar), por vínculos con los grupos paramilitares. Ante estos hechos, donde la realidad supera la acusación, los demandantes han dilatado el desarrollo del proceso evitando así un deshonroso desenlace.

No podemos olvidar que estos hechos coexisten con una creciente ola de ataques de grupos armados ilegales de extrema derecha, «Águilas Negras» y antiguos desmovilizados del paramilitarismo, contra la comunidad académica: desde el año 2005 en las universidades se difunden panfletos intimidantes dirigidos a sus miembros, especialmente a las organizaciones estudiantiles y sus dirigentes, quienes son acusados de «terroristas» y por tanto se les exige abandonar sus actividades so pena de ser asesinados o desaparecidos. Estas amenazas se han hecho efectivas de manera sistemática y en creciente aumento. Según datos de la Federación de Estudiantes Universitarios, desde el año 2002 han sido amenazados 300 estudiantes, 200 han tenido que abandonar sus regiones y 17 han sido asesinados. En este año las amenazas se han presentado en distintas regiones del país: la universidad de Caldas, Antioquia, Industrial de Santander, Quindío, Valle y Nacional sede Bogotá. El pasado mes de marzo fueron asesinados tres estudiantes de las universidades de Antioquia, Guajira y Córdoba. Y en el mes de junio fue desaparecida una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.

En este contexto que vive el país, la represión al movimiento social ha sido implacable: la Minga Indígena, Campesina, Negra, obrera y universitaria, declarada en resistencia social y comunitaria, que el año pasado organizó y movilizó a miles de colombianos, sufrió desde su inicio la muerte de dos de sus integrantes, el atropello indiscriminado y la destrucción de sus sitios de concentración a manos de la policía. Sin embargo, la Minga avanzó hasta la capital como muestra de lucha y organización. Osadía que derivó en el asesinato del compañero y esposo de una de las líderes de la Minga, Aída Quilcué, en confusos hechos a manos del ejército nacional. Las amenazas y muertes no han cesado, la minga volvió a poner su cuota de sangre, Roberth De Jesús Guachetá el 19 de mayo de 2009 fue asesinado. Ahora, el gobierno nacional ha iniciado, a través de la Fiscalía General de la Nación, una serie de acusaciones y procesos judiciales contra los dirigentes de la Minga, por secuestro y tortura. Estas acusaciones responden a una lógica de silenciamiento y desarticulación del movimiento social, carecen de todo fundamento y solo pueden ser calificadas como cínicas.