A 33 años del golpe genocida: Nuevos indicios de impunidad
Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, los balances no son positivos. Pocos juicios se han hecho contra los genocidas, más de 400 jóvenes siguen apropiados y Jorge Julio López continúa desaparecido. En tanto, algunos organismos de Derechos Humanos denuncian que el gobierno está dando muestras claras de querer terminar con el enjuiciamiento a los represores.
A principios de mes, al momento de iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que el poder ejecutivo ya había hecho todo lo que estaba en sus manos para asegurar el juicio y castigo a los genocidas. Sin embargo, los números hablan por sí solos.
Desde que en 2003 se lograra la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían el juzgamiento a los genocidas, sólo 43 de ellos fueron enjuiciados por un total de 144 casos. O sea, al ritmo que marchan los jueces y con este diseño procesal, para que se haga justicia por los 30 mil detenidos desaparecidos, habría que esperar unos 625 años. Aún hay más de 400 jóvenes que desconocen su verdadera identidad y un ex detenido- desaparecido vuelto a desaparecer hace dos años y medio. Mientras tanto, Fernández de Kirchner sostiene que no hay nada que se pueda hacer desde el Poder Ejecutivo.
Indultos: De eso no se habla
Hace poco más de un mes atrás, las organizaciones de Derechos Humanos que integran Justicia YA! denunciaron que los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera seguían indultados a pesar de que la Cámara Federal había declarado en 2007 la inconstitucionalidad de los decretos por los cuales el ex presidente Carlos Menem había otorgado impunidad a los artífices del exterminio llevado a cabo durante la última dictadura. Los dos integrantes de la junta de comandantes que presidió la Argentina deberían estar cumpliendo la pena que se les había impuesto en el juicio de 1985: prisión perpetua. Sin embargo, a pesar de que existe un fallo judicial desde hace dos años, la Cámara de Casación Penal se encargó de tenerlo bien guardado, asegurándole a Videla una reclusión vip en una cárcel de Campo de Mayo y a Massera, la libertad.
Más allá de las diferentes decisiones de los jueces en casos particulares, la ausencia de una voluntad política por parte del oficialismo para anular los perdones que Menem les otorgó a los genocidas se retrata con las mismas evasivas cada vez que el bloque kirchnerista decide no dar quórum para debatir la cuestión en el Congreso nacional. Las excusas llegan a extremos tan insólitos que se ha escuchado a diputados manifestar que no se sientan a sesionar en memoria de los 30 mil detenidos- desaparecidos.
En la apertura del año legislativo, la presidenta Cristina Fernández dijo que la deuda de los diputados y senadores con respecto al juicio y castigo ya estaba saldada. Sin embargo, a la anulación de los indultos no se refirió. En esa oportunidad, la primera mandataria hizo mención a las cinco leyes que aportó el Congreso para supuestamente agilizar los procesos judiciales contra los represores. Aunque algunas de las normas fueron de por sí bastante controvertidas, como explica la abogada Liliana Mazea. «Una se refiere a la agilización en los tiempos para una apelación, que en el fuero Federal no cuentan justamente con la infraestructura necesaria para su implementación. Otra norma describe la integración de los tribunales orales si alguno de sus miembros tuviera licencia, suspensión o recusación. Una tercera detalla la posibilidad de elevar a juicio oral una causa pendiente de recursos de apelación y la última separa la Cámara de Casación Penal en dos. De la quinta ni hablar, ya que crea un fondo de recompensas para buscar a los genocidas prófugos. Ninguna ley ataca de raíz el problema porque en esencia la decisión política de juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros no tiene nada que ver con esta supuesta consagración legislativa aludida por la presidenta».
Juicios
Sólo el tribunal de La Plata que juzgó a Miguel Osvaldo Etchecolatz y Christian Von Wernich reconoció que sus crímenes fueron cometidos en el «marco del genocidio» que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983. Salvo por ciertas excepciones, la regla ha sido llevar adelante pocos juicios, con pocos imputados y por pocos casos, con el fin de desdibujar la magnitud del exterminio. En todo momento, la mayoría de los jueces se han mostrado reticentes a ordenar la cárcel común y efectiva para los genocidas, así lo deja en evidencia Antonio Domingo Bussi que cumple su condena en el country de Yerba Buena.
Además, la práctica más recurrente fue llevar al banquillo a represores conocidos por la opinión pública, obviando las cadenas de mando. Es decir, dejando incólume el principio de la obediencia debida. «Con este método, sólo será juzgada una serie de casos emblemáticos y el conjunto de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia quedará completamente libre. Y lo que es peor, se jugará con la idea de que el genocidio fue juzgado y condenado, que los responsables están presos», adelanta la abogada de Myriam Bregman, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
¿Y Julio López?
López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando tenía que ir a los tribunales platenses a escuchar los alegatos contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Su testimonio había sido clave para lograr la condena a prisión perpetua para el genocida, pero López nunca llegó a escucharla. Desde ese momento, está desaparecido. Sin embargo, la justicia recién reconoció a mediados de 2008 su desaparición forzada, es decir, con la intervención de las fuerzas del Estado.
Días atrás, el juez que tenía a su cargo el caso pidió su apartamiento alegando «violencia moral». Su desvinculación fue la primera consecuencia de la denuncia que la familia de López formuló en septiembre último. En ese escrito, se responsabilizaba a los jueces y fiscales por no haber protegido al ex detenido- desaparecido. También, eran acusadas las abogadas del colectivo Justicia YA! que patrocinaron a López. Tras el alejamiento de Arnaldo Corazza, la investigación cayó en manos del juez Manuel Blanco, vinculado a la dictadura.
Aunque lo que más preocupa a los organismos de Derechos Humanos es la determinación de este juez de separar de la causa a la Secretaría Especial para delitos de lesa humanidad, organismo que estaba siguiendo pistas firmes y que se proponía solicitar varias detenciones. «Habíamos peleado durante dos años para que la investigación estuviera bajo su órbita como reconocimiento de que las líneas que había que indagar eran las que tenían que ver con policías y militares que quisieran impedir la continuidad de los juicios», explica la abogada Guadalupe Godoy.
A pesar de que el ex presidente Néstor Kirchner hablaba de buscar al «compañero Tito», López fue borrado de toda alocución presidencial. «No mencionan a López– sostiene Godoy- porque es lo que denuncia cuáles son las falencias de la supuesta política de Estado que, en definitiva, no va más allá de la declamación sobre los juicios. Ir a fondo contra la dictadura no sólo implica los procesos judiciales sino el desmantelamiento del aparato represivo y los cambios estructurales necesarios para evitar a todos aquellos que siguen enquistados en el poder gracias al genocidio».
¿Para qué se usan los archivos de inteligencia del Estado?
«El mismo Estado que hizo desaparecer a nuestros padres es el mismo Estado que tiene que abrir los archivos de la dictadura», reclama Victoria Moyano, hija de desaparecidos e integrante del CeProDH. «Si el Estado no abre los archivos de la dictadura implica que está dejando libres a los responsables de la desaparición de los 30 mil detenidos- desaparecidos y de los 400 hermanos apropiados». En consonancia, la abogada Myriam Bregman agrega que «esos archivos, en vez de utilizarse para ocultar y para tratar de mantener la impunidad, deberían servir para su contrario: para dar cuenta del destino de muchos de los desaparecidos y, por esa vía también, del destino de los chicos que hoy tienen apropiados». El destino de los jóvenes apropiados se ha mostrado como un valioso botín que los represores han preservado a toda costa. La muerte dudosa del genocida Paul Navone y el envenenamiento del torturador Héctor Febres- mientras estaba siendo enjuiciado por algunos de los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada- así lo atestiguan.
Paradójicamente, los archivos de la represión se mantienen a resguardo, dándole respiro a la impunidad. En el juicio a los represores de La Escuelita de Neuquén, las abogadas de la querella fueron imputadas por «violar el secreto de Estado» por dar a conocer la existencia de esa documentación. «Esta denuncia fue realizada por el Fiscal de Cámara Manuel de Reyes Balboa, a raíz de un informe calificado como ‘secreto’ por el gobierno que es enviado por la presidencia de la Nación, en respuesta a un pedido realizado por nosotras como querellantes en la causa, de que envíen toda la información «secreta» que tuvieran en relación con el juicio, con los genocidas imputados y con las victimas. Cuando vemos el informe, lejos de aportar prueba alguna contra los genocidas, o el destino de los niños apropiados en dictadura, o el destino de los desaparecidos, descubrimos que durante los diferentes gobiernos constitucionales, siguieron investigando a las victimas y a los Organismos de Derechos humanos, entre ellos a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y a Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los derechos humanos y padre de Oscar, el único caso de desparecidos que se juzgaba en el juicio», explica a ANRed la abogada Ivana Dal Bianco.
Además, agrega: «Lejos de investigar a los partícipes del genocidio, nos investigan a nosotras por denunciar que se siguió haciendo inteligencia en los diferentes gobiernos constitucionales. Es claro, el gobierno sigue ocultando la información que pueda servir como prueba para encarcelar de por vida a todos los genocidas, pero sigue haciendo inteligencia. Y si se difunde esta actividad ilegal – que es igual a la época de la dictadura-, viene la represalia, que en este caso es la denuncia y causa penal».
La integrante del CeProDH Neuquén sostiene que las autoridades «que no quieren abrir los archivos porque en ellos, se demuestra que la gran mayoría de los genocidas no solo están impunes, sino que además están en funciones, asesinado a los trabajadores como fue acá en Neuquén con Carlos Fuentealba. El gobierno califica de Secreto de Estado la actividad de inteligencia que realiza al día de hoy, investigando a los que luchan». También, añade: «Queremos transmitir que lejos de amedrentarnos con esta causa penal, nos da mas fuerza para seguir luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, y seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura para saber los nombres de todos los genocidas, el destino de los niños apropiados y seguir exigiendo la cárcel a todos los genocidas por todos los compañeros y compañeras».
¿El fin de los juicios?
El año pasado, la presidenta Cristina Fernández acotaba la cantidad de genocidas que debían pasar por los tribunales a 942, una cifra inverosímil si se tiene en cuenta que en la Argentina funcionaron alrededor de 600 centros clandestinos de detención. Este año, fue por más. Manifestó que la parte que le concernía al Ejecutivo ya estaba cumplida y que ya era hora de la Justicia, que se venía demorando. «Para el kirchnerismo es suicida lo que está haciendo porque si plantea que era una política de estado la cuestión de los juicios, por qué dejarlo en manos de un poder que sabe que va al fracaso», deja planteado el interrogante Guadalupe Godoy.
A simple vista, puede percibirse que el gobierno nacional está dispuesto a cerrar diferentes frentes de conflicto: el juicio y castigo a los genocidas será uno de ellos. Como denuncia Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenido- Desaparecidos (AEDD), hay una amenaza clara a la continuidad de estos procesos: «Lo que se está buscando es tener alguna causa por cada zona geográfica del país, por cada circuito represivo. Si la causa involucra a genocidas o víctimas conocidos, mucho mejor y que esto vaya muriendo. El propósito del gobierno es concluir con estos juicios para el bicentenario».
A pesar de esto, los y las que lucharon y lo siguen haciendo por la cárcel común y efectiva para todos los genocidas, por la restitución de los jóvenes apropiados y por la aparición con vida de Julio López seguirán en las calles. Como el primer día, reafirmando un mandato que lleva décadas: «No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos».