Escrachan en La Plata a un represor que continúa en libertad
Más de 200 personas se movilizaron este viernes hasta la casa de Julio Barroso, ex jefe del centro clandestino La Cacha, para escrachar ante sus vecinos la participación del represor durante la última dictadura, y repudiar la impunidad que permite que aún hoy esté libre. Organizado por la Mesa de Escrache Popular, los manifestantes llegaron hasta la calle 5 y 66, donde se encontraron con un impresionante operativo policial para proteger a Barroso. Por ANRed La Plata.
Cerca de las 18, un nutrido grupo reunido en plaza Rocha comenzó a marchar hasta la vivienda de Julio Barroso, ubicada en 5 al 1682 entre 66 y 67, para hacer público el rechazo popular, ante la lentitud de la justicia, y alertar a los vecinos que allí vivía, como uno más, un represor vínculado al período más oscuro de la historia argentina.
Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, miembros de organizaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda, se movilizaron repartiendo volantes y al canto de «alerta los vecinos, al lado de su casa esta viviendo un asesino», pero se encontraron con un vallado que no les permitió llegar hasta la vivienda, y mas de 50 policías custodiando la zona.
Frente a las vallas, los cantos duraron cerca de treinta minutos, luego de un improvisado acto donde se leía el «Currículum Mortae» del represor y se explicaba a los vecinos por qué se habían movilizado hasta allí. «Dicen que hay inseguridad, más vale, nosotros estamos inseguros con genocidas como éste caminando por las calles», señalaron.
Además de comandar el centro clandestino de detención la Cacha, donde muchas mujeres dieron a luz a sus niños luego apropiados en forma ilegal, Barroso, especializado en inteligencia, estuvo a cargo de la Secretaría de la Ayudantía de la División de Inteligencia del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979 y luego, a cargo de la misma División hasta 1984.
En el comunicado leído por altoparlantes, la Mesa de Escrache Popular denunció que «el pertenecer al plantel penitenciario no le impidió (a Barroso) recibir felicitaciones por parte del Ejército, lo que debe entenderse como una evidencia más del accionar conjunto de todo el aparato represivo en aquellos años. Prueba que su accionar no estaba acotado a problemas específicos de la órbita penitenciaria, sino destinado a fortalecer la maquinaria de exterminio de la dictadura».
Además, agregaron: «Fue quien todo lo miraba, todo lo escuchaba. Fue quien todo lo sabía. Y para borrar las huellas de aquello que vio y escuchó, para intentar borrar todo rastro que lo incriminara a él y a todos los responsables de la feroz represión, llevó adelante la demolición de La Cacha, ya en democracia, por aquello de ciertas continuidades que permitieron y permiten la impunidad de personajes como éste».
Julio Barroso fue imputado, durante los 90, por una millonaria defraudación al Estado en la construcción de túneles antimotines, como responsable de un proceso lleno de irregularidades.
Barroso mantiene vínculos con los represores alojados en Marcos Paz, como Miguel Etchecolaz y Christian Von Wernich, a quienes define como «camaradas presos políticos» y con policías bonaerenses en actividad, del sector inteligencia, mientras llama a rebelarse contra el accionar de la Justicia.
No ha sido, hasta el momento, imputado por sus responsabilidades en la Unidad 9 y La Cacha, a pesar de haber reconocido en testimonio propio el haber desempeñado funciones de inteligencia en esos centros de detención.
«El gobierno es responsable»
En todo momento se mantuvo un todo de repudio al lento accionar de la Justicia y del gobierno. La agrupación HIJOS, presente en la movilización, denunció que «el Estado argentino sólo ha efectivizado 10 juicios con condena firme en todo el país. Etchecolatz, Von Wernich, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi solo han sido juzgados en forma fraccionada, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos y por un reducido y absurdo número de víctimas».
Ante esta situación, se enfatizó en que «no existe una voluntad política real de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión: en una palabra, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un genocidio».
Agradecemos imágenes a la Secretaría de Prensa y Difusión de SUTEBA La Plata.