23/03/2009

“Todo el Estado es responsable de la situación a la que llegamos”

juiciosgenocidas-4.jpgLiliana Mazea, abogada de FIDELA e integrante del colectivo Justicia YA!, explica cuáles son las particularidades de los juicios llevados a cabo contra los genocidas. Afirma que la demora en el juzgamiento y castigo es responsabilidad de todos los poderes del Estado, a pesar del intento- de los últimos días- del Ejecutivo y de los jueces de deslindarse.


ANRed entrevistó a la abogada Liliana Mazea, quien analiza cuáles son las consecuencias y quiénes son los responsables de cómo se vienen desarrollando los juicios a los genocidas. A casi seis años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sólo 43 genocidas fueron condenados. Dos vinculados al robo de niños murieron sospechosamente y Jorge Julio López, testigo contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, está desaparecido hace dos años y medio.

Mazea integra el colectivo Justicia YA! y en todos los procesos en los que intervino como tal, exigió que los genocidas sean condenados por lo que son. Actualmente, participa del juicio contra el genocida Jorge Olivera Róvere, responsable de todos los centros clandestinos de la Capital Federal. En abril, será parte de la querella en el juicio por el secuestro y torturas de Iris Pereyra de Avellaneda y el homicidio de su hijo, Floreal “Negrito” Avellaneda.

 ¿Cuál es el balance que se hace de los juicios que se llevaron
adelante en los últimos meses contra los genocidas?

Como balance, apreciando la docena de juicios orales terminados en todo el país, es negativo. No sólo por la cantidad desde la anulación de las leyes de impunidad, sino por las amenazas que tuvieron que soportar testigos, querellantes, jueces, o fiscales, siendo lo más trágico de este balance la desaparición forzada de Julio Jorge López, y peor aún que todavía no haya ninguna persona indagada por este delito, con serios indicios de ir camino a la impunidad.

El reclamo de unificación de juicios por centro clandestino o por circuito represivo, o por la mejor forma que en cada localidad tenga más celeridad, no ha tenido acogida por parte del poder judicial, no por ser contrario a derecho sino por protección a los genocidas procesados. Cuanto más demoran los juicios más tiempo tienen para que se mueran en sus casas inocentes, poder seguir amenazando a los participantes de los juicios, y mantener la impunidad que pergeñaron desde el comienzo del genocidio.

Por ejemplo en el centro clandestino de Campo de Mayo recién el mes que viene irán a juicio seis genocidas, entre ellos el general Omar Riveros por dos casos, Iris Avellaneda y su hijo “el Negrito” Avellaneda. ¿Piensan que con la eventual condena en estos dos casos se hará justicia por los cinco mil compañeros que pasaron por esa Zona que comandaba Riveros? Vamos a estar en el juicio de estos dos casos pero queremos también estar presentes y que se haga justicia en los demás casos que muy lentamente están llegando a debate oral.

 ¿Qué sensación deja que la exigencia de cárcel común y efectiva para
los genocidas sea obviada por la mayoría de los jueces y avalada por
los fiscales?

En los juicios de La Plata no tuvimos necesidad de pedir cárcel común y efectiva, porque el Tribunal del juicio no concedió la prisión domiciliaria a los procesados que luego fueron condenados. Sin embargo en todos los juicios que tramitaron por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, que tiene a su cargo los procesos por delitos contra la humanidad de esta ciudad, hicimos el pedido ya sea de traslado a cárcel común (caso Héctor Febres), revocación de la excarcelación y cárcel común a los procesados por el centro clandestino de detención Mansión Sere, y también en el actual de Jorge Olivera Róvere. Sin embargo todo ha sido desestimado, confirmando el tribunal con la conformidad del fiscal sus condiciones excarcelatorias, con la excusa que su situación no ha variado desde que fue concedida, por lo que entran libres y se van condenados pero libres y peor aún inocentes, hasta que la cámara de Casación confirme la sentencia condenatoria. De más está decir que la sensación es de un vacío muy grande, ya que a pesar de tanto esfuerzo en llegar a la etapa de juicio, y hasta de condena, todo sigue igual, o peor, ya que con más de 80 años que pesan sobre los condenados no lograrán nunca ver la cárcel.

 En los primeros días de marzo, la presidenta Cristina Fernández dijo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya habían
hecho todo lo que les concernía en materia de otorga elementos para el
juzgamiento de los genocidas, ¿Es cierto que todo lo que resta es
responsabilidad de la Justicia?

Específicamente dijo que “El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la Justicia, los dos poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. Es hora entonces que la Justicia de respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y si viene demorando desde hace demasiado tiempo”.

Veamos la primera parte, sobre los recursos: ¿Cómo se explica, si eso fuera cierto, que haya un solo tribunal oral para realizar el debate de todas los tramos que se elevaron concerniente a los delitos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y la ESMA?. Sabemos que este tribunal tiene en espera la realización de varios juicios, no sólo un pequeño tramo de ESMA, sino de otros campos como Vesubio, Orletti, La Pampa, Atlético, Banco, Olimpo, Hospital Posadas. Si todavía está tramitando y posiblemente hasta octubre el juicio contra Olivera Róvere y los Jefes de Area de Capital Federal, ¿cuánto tendremos que esperar para llegar a transitar por los juicios mencionados que faltan, al 2020?

También dijo: “cinco leyes sancionó este Parlamento el año pasado”. En cuanto a ellas, una se refiere a la agilización en los tiempos para una apelación, que en el fuero Federal no cuentan justamente con la infraestructura necesaria para su implementación. Otra norma describe la integración de los tribunales orales cuando alguno de sus miembros tuviera licencia, suspensión o recusación. Una tercera detalla la posibilidad de elevar a juicio oral una causa pendiente de recursos de apelación y la última separa la Cámara de Casación Penal en dos. De la quinta ni hablar, ya que crea un fondo de recompensas para buscar a los genocidas prófugos. Como vemos ninguna ley ataca de raíz el problema porque en esencia la decisión política de juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros, no tiene nada que ver con esta supuesta consagración legislativa aludida por la Presidenta.

Entonces ella, con cara de póquer, pone la pelota en la cancha del poder Judicial. Muchos méritos no tiene, en especial los jueces que indagaron a los genocidas por muy pocas víctimas, o por año en que cada víctima estuvo en un centro clandestino, o las excusaciones o renuncias que pergeñaron para hacer la plancha y demorar los juicios. En este sentido entonces, todo el Estado es responsable de la situación a la que llegamos. Y las soluciones deben ser comunes a todos los Poderes que integran el mismo.

 ¿Cuánto hay de real en la afirmación de Cristina Fernández acerca de que la
creación de un fuero especial para juzgar a los genocidas invalidaría
los juicios y cuánto hay de justificación para asegurar la impunidad
de los genocidas?

En España, recientemente la Presidente impugnó la posibilidad de crear tribunales especiales, pero sin embargo, y como bien dice el colega Carlos Slepoy, no sería el caso de cambiar de juez natural, sino la creación de juzgados específicos para estos temas de violaciones a los Derechos Humanos. Y recordó la cantidad de tribunales especiales, ya no específicos que existieron y existen para juzgar genocidios, como para los casos de Ruanda, Yugoslavia y otros. Si hubiera voluntad política de hacer primar la “Memoria, Verdad y Justicia” como se declama, esa posibilidad no debería ser soslayada. ¿O nos tendremos que contentar con que todos los procesos sean debatidos ante el Tribunal Oral 5?. Entonces sí tenemos garantizada la impunidad.

 ¿Cómo se evalúa la iniciativa de la Corte Suprema de crear
una comisión interpoderes?

La reciente propuesta de algunos organismos de que los tres poderes que integran el Estado se coordinen para obtener propuestas válidas que conlleven a la aceleración de los juicios, ha tenido parece, acogida en la Corte Suprema, a pesar de la inmediata contestación de la Presidenta un día después de su formulación, pateando esa propuesta y poniendo toda la responsabilidad en el Poder Judicial. Aun sabiendo las buenas intenciones de los organismos, la pretensión de organizarla por parte de uno de los poderes del Estado, nunca sabremos si será al estilo del general Juan Perón cuando pregonaba que para no hacer nada en un asunto lo mejor era crear una comisión.

 ¿De qué manera se analizan los dichos de que habrá juicios hasta el 2025 pero para sólo 524 procesados, dejando impunes a la mayoría de los genocidas?

Ya el Juez integrante del Tribunal Oral nro. 1 de La Plata que juzgó a los genocidas Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich estableció que a este ritmo los juicios durarían 100 años. Ya sabemos que por el tiempo judicial y el biológico, y por más esfuerzo que hagan los sobrevivientes y organismos que militan por la memoria, la verdad y la justicia, no llegaremos a juzgar a todos los que participaron en el genocidio, menos los cómplices civiles, y mucho menos por todas las víctimas. Los compañeros detenidos desaparecidos que entraron en un expediente judicial para su posible imputación a un represor no deben superar el 30 por ciento de las víctimas totales que inmoló la dictadura. Igual seguiremos luchando por lo máximo, el Che decía: “Seamos realistas, exijamos lo imposible”.

 ¿Cuál es la deuda de la justicia respecto del juzgamiento de los cómplices civiles del genocidio?

No sólo hay una deuda de la justicia por omitir a los cómplices civiles del genocidio, sino con la totalidad de los integrantes de las fuerzas represivas y lo peor que miles de nombres, compañeros, personas, no están incluidos en la lista que se le imputa a los pocos genocidas que fueron llevados a juicio. No eran loquitos que salieron a matar gente para perpetuarse en el poder, la dictadura cívico-militar pergeñó un plan sistemático de represión orientada a exterminar un grupo determinado y con un propósito de impunidad para la posteridad que se cumplió casi en su totalidad. Digo casi en su totalidad, ya que luego de 30 años es muy poco lo que podemos esperar de la justicia, que por ser de clase, sabemos que ampara y protege a los que lo instrumentaron y ejecutaron. Para los sobrevivientes y sus familiares el espectáculo es aterrador, genocidas sin imputación, o libres, o con condena pero excarcelados, o absueltos, o prófugos, en fin, la deuda no es del poder judicial solamente, es de la sociedad que sino comprende la importancia de estos juicios y de su castigo no podrá prevenir o desalentar futuros intentos de genocidio político, económico, cultural. Si bien ya a las víctimas no les interesa tanto la cantidad de años que pueda contener una condena, sí les importa que exista el reconocimiento de este versátil poder judicial que en la Argentina hubo un genocidio.



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