23/02/2009

Represión “de otro nivel”

0198443B.jpgDesde que a fines de octubre se sancionara la ley que permitía su conformación, la policía metropolitana de Mauricio Macri está en marcha. Ya han seleccionado a mil de los inscriptos que engrosarán las filas de la fuerza represiva porteña. Fuertes rumores indican que entre los asesores se cuentan represores de experiencia, como Jorge “El Fino” Palacios, procesado en la causa por la represión del 20 de diciembre de 2001.


Desde que a fines de octubre del año pasado se sancionara la ley de seguridad pública porteña, a Mauricio Macri se le cumplió el sueño de la fuerza represiva propia. Ya había intentado conformar una fuerza de choque anti movilizaciones populares pero con esta nueva disposición le quedó asegurada la conformación de un cuerpo policial profesional.

Quedaron atrás viejas disputas con el kirchnerismo acerca del manejo de la Policía Federal, el 28 de octubre legisladores alineados con el gobierno nacional, con el porteño y hasta los autodenominados socialistas dieron el visto bueno a la conformación de la policía metropolitana. “Macristas, kirchneristas y todos los que votaron la ley de creación serán los autores intelectuales de cada fusilamiento de gatillo fácil, de cada detención ilegal y de cada imposición de tortura”, manifestaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) Sur.

El gobierno de la Ciudad destinará más de 200 millones de pesos para la conformación de la nueva fuerza: 30 serán utilizados para construir la escuela de policía; 70 para cubrir los del personal y 100 serán empleados para equipamiento y perfeccionamiento. Según trascendió, los sueldos de los integrantes de la policía metropolitana rondarán los 3000 pesos, más del doble de un salario docente básico. Eso sí, los agentes lo tienen merecido: el jefe de gobierno aseguró que la fuerza tendrá “otro nivel” respecto de las demás.

Como era de prever, la convocatoria tuvo amplia repercusión. Cerca de 6200 postulantes se inscribieron para calzarse las botas y la gorra de la policía porteña y mil de ellos ya fueron preseleccionados. El gabinete de la Ciudad fue generoso al momento de anunciar los beneficios a los reclutas: créditos hipotecarios con tasa preferencial para que nadie viva en el Gran Buenos Aires, el alquiler de una casa en el barrio en que se los asigne a cada uno de los comisarios, un régimen provisional especial, una mejor obra social y la garantía del pago de la matrícula escolar para sus hijos. Ninguna de las ofertas recibidas por los gremios docentes ni por los estudiantes a los que les recortaron las becas.

Pero si de educación y capacitación se trata, saldrá a relucir el próximo 1 de mayo el Instituto de Formación Policial (IFP), que dependerá del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Los futuros policías metropolitanos deberán formarse en materias como derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo.

De acuerdo a lo estipulado en la ley que contó con el apoyo para su redacción de Marcelo Saín, ex titular del programa Verdad y Justicia, el jefe de la fuerza será designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad y la supervisión de los “servicios policiales” recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. La policía tendrá un escalafón único, es decir, no habrá oficiales y suboficiales.

Con el asesoramiento de los mejores

“El régimen de preparación de los aspirantes a la nueva Policía Metropolitana está basado en los principios de profesionalización, idoneidad y eficacia funcional, que tienen como propósito resguardar y garantizar la seguridad ciudadana”, queda asentado en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que ha trascendido y aunque el macrismo ha tímidamente negado, se cuenta con el asesoramiento de idóneos represores.

Se escuchó que el líder del PRO pensaba asignarle la conducción de la fuerza o de la academia al ex comisario santafesino Víctor Sarnaglia, que fue cesanteado luego de que un narcotraficante paraguayo se escapara caminando de una comisaría que estaba a su mando. Según publicó el diario Página/12, el ministerio de Justicia y Seguridad porteño también habría contratado a Serge Leteur, un especialista francés en espionaje, así como al ex espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Luis Edgardo Matute, hijo de un compañero de promoción del genocida Jorge Rafael Videla. También es de la partida el ex comisario Norberto Ramis, cercano al ex comisario Jorge “El Fino” Palacios, sindicado como el verdadero hombre fuerte de la flamante fuerza porteña y que opera desde las sombras.

Palacios fue procesado por la jueza María Servini de Cubría por “homicidio imprudente” de cinco manifestantes en la causa por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por una cuestión moral, tal como declaró el represor, se acercó ese día y no dudó en ejercitar el oficio. En 2004, fue separado de la fuerza por orden del ex presidente Néstor Kirchner después de que se conocieran conversaciones suyas con un reducidor de autos acusado de integrar la banda que mató a Axel Blumberg. También, por esa época mantenía largas tertulias con Carlos Enrique Gallone, uno de los genocidas condenados por la Masacre de Fátima. Como changa, Macri le ofreció ocuparse de la seguridad del Club Atlético Boca Juniors, entidad que por esa época presidía el actual jefe de gobierno porteño.

Según todo parece presagiar, antes de arrancar la policía de Macri ya cuenta con asesores que no dan con el perfil que pretende la ley de creación: no están limpios en las causas por violaciones a los Derechos Humanos ni están libres de manchas en sus legajos. Aunque hecha la ley, hecha la trampa. Según parece indicar, el texto de la creación de la policía metropolitana dice que no podrán integrar la fuerza quienes estén tengan condenas firmes por violaciones a los Derechos Humanos. Todo un verdadero juego de impunidad consolidada. Desde que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, no llegan a tres decenas los genocidas que pasaron por el banquillo para dar explicaciones por sólo muy pocos de sus crímenes. Un número igual de reducido es el de los represores enjuiciados y con sentencia firme por crímenes de gatillo fácil.

En tanto, el gobierno de la Ciudad ya fantasea con otro arma de grueso calibre: la Dirección de Inteligencia criminal, una entidad dedicada al espionaje y que cuenta entre sus mentores a Raúl Rosa, un ex agente de la SIDE que ocupó ese cargo por recomendación del represor Luis Abelardo Patti. En otras palabras, se procura poner en marcha con un combo represivo que sirva, como manifiestan desde CORREPI Sur, para “reprimir a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes y todo sector que luche por reivindicaciones de la clase trabajadora así como para investigar a comisiones internas y ejecutar tareas de inteligencia”.

Como explica el abogado Gerardo Etcheverry, “lo peor no está en el texto de las leyes, sino en la voluntad política del macrismo y sus aliados -con la vista gorda o el acuerdo, según el caso, de los kirchneristas y de algunos integrantes del ARI- de reprimir a los pobres, especialmente si se organizan. En el ejercicio de esa voluntad política, por ahora, los funcionarios más comprometidos – dado que aún no entró en servicio la Policía Metropolitana- son los fiscales contravencionales y los inspectores municipales”, especialmente abocados a la tarea de desalojar familias y perseguir trabajadores ambulantes.



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