06/12/2018

Prisión preventiva a detenidos antes del G20: “a todos los acusaron de todo”

Así lo confirmó la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, que defiende a las personas anarquistas que fueron detenidas en el marco de los allanamientos masivos realizados en la previa del G20, cuando tanto desde el gobierno como desde los medios hegemónicos instalaron un clima de temor y sospecha generalizado. “A todos los acusaron de todo – denuncia la gremial – Se negaron las excarcelaciones presentadas. Ahora el juez Ercolini acaba de dictar procesamiento a todos los imputados con prisión preventiva. Pretenden que todos los detenidos anarquistas vayan a juicio estando presos”. La Gremial anunció que apelará la resolución. En tanto, ayer liberaron a los dos hermanos detenidos el 15 de noviembre por una denuncia de la DAIA, acusados de estar vinculados al Hezbollah. Por ANRed.


“En total son doce prisioneros políticos anarquistas. A uno se le imputa arrojar un aparato explosivo al coche del Juez Bonadío. Su nombre es Marco Viola. A otros dos se les imputa haber atentado contra la tumba del criminal Jefe de la Policía Federal Coronel Ramón Falcón. Se trata de Anahí Salcedo y Hugo Rodríguez”, denuncia la gremial de abogados y abogadas.

“Luego se produjo un allanamiento en un conventillo del Barrio Constitución, en CABA. Y ahí se detuvo a todos los que se encontraban en ese lugar, algunos con más permanencia, otros circunstancialmente – continúa el comunicado de la gremial – A todos los acusaron de todo. Todos fueron indagados por ser parte de una estructura organizada establecida y creada para producir delitos, entre los cuales están los ya mencionados. Se negaron las excarcelaciones presentadas. Ahora el Juez Ercolini acaba de dictar procesamiento a todos los imputados. El procesamiento fue dictaminado con prisión preventiva. Pretenden que todos los detenidos anarquistas vayan a juicio estando presos”, denuncia la gremial, que ya anunció que “apelará la resolución”.

En tanto, sin tanta trascendencia mediática, finalmente ayer fueron liberados Axel Ezequiel Abraham Salomón y Kevin Gamal Salomón, los dos hermanos detenidos el 15 de noviembre – a dos semanas del G20 – en su casa de Floresta, acusados de estar vinculados a la organización Hezbollah.

En aquel momento, Marcelo Salomón, padre de los jóvenes, en declaraciones radiales sostuvo: “ellos no tienen nada que ver con nada. Es muy grave lo que está pasando. Están arruinando gratuitamente la vida de dos jóvenes. Usan de marketing a dos adolescentes. Las armas que encontraron eran de mi abuelo, son mi herencia. No tengo idea si son aptas para el uso, porque nunca las usé. Tienen un valor sentimental porque eran de mi abuelo. Mis hijos son decentes. Nuestra interpretación es que esto nos pasa por ser musulmanes”, sentenció.

El juez federal Sebastián Ramos los liberó porque no encontraron nada que los incrimine ni vincule a esa organización, pero dictó el procesamiento y un embargo de 300 mil pesos para el padre y Kevin, uno de los hermanos, por tenencia de armas, mientras que dictó la falta de mérito de Axel. Por la denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) los hermanos sufrieron 22 días de prisión. Hasta el momento, la asociación no brindó disculpas públicas por su accionar.

Un capítulo más en la campaña de paranoia, temor y clima enrarecido instalado por el gobierno nacional, sus fuerzas represivas y los medios hegemónicos, días antes de la realización del G20, que incluyó hechos extraños que sucedieron todos juntos y a la vez: un piloto que interfirió las comunicaciones del Aeroparque y pudo haber generado una tragedia; Londres alertando de posibles atentados en Argentina; las detenciones de los dos hermanos musulmanes; un extraño episodio de explosión frustrada en el mausoleo del coronel Ramón Falcón en el Cementerio de Recoleta y, el mismo día, un supuesto atentado con bomba casera en el frente de la casa del juez federal Claudio Bonadío; y una ola de allanamientos masivos en locales y centros culturales anarquistas en la Ciudad de Buenos Aires.

Todo un combo de hechos y situaciones que generaron el clima enrarecido perfecto que justificó el inmenso y costoso operativo de seguridad para la cumbre del G20, que bloqueó durante días la Ciudad de Buenos Aires, y que por las felicitaciones internacionales que cosechó, envalentonó al Gobierno para avanzar, de la mano de su ministra de Seguridad Patricia Bullich, con la resolución 956/2018, que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por integrantes de las fuerzas de seguridad federales, dando “luz verde” a la llamada “Doctrina Chocobar”.



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